Sólo unos pocos números clave: de acuerdo a datos del ITE de la Fundación Germán Abdala, un centro de estudios financiado por trabajadores, el consumo del mes de septiembre cayó el 5,6 por ciento interanual, mes en que la inflación fue del 6,4 por ciento, con lo que sumó un 39,4 en el último año. Siguiendo un relevamiento de la UMET, también financiada por trabajadores, desde el comienzo de la Administración de la Alianza Cambiemos la pérdida del poder adquisitivo del salario promedio acumula un 14,7 por ciento, cifra que hasta agosto se encontraba en torno al 12.

Para que estos números no sean un dato más en la catarata cotidiana que refleja los primeros pasos de la nueva gran recesión destaquemos lo conceptual. En lo que va de la administración Cambiemos los trabajadores que todavía tienen empleo, los incluidos, perdieron 15 pesos de cada 100 de sus ingresos. Previsiblemente, la caída impacta en el consumo: sólo en el último se compraron casi 6 pesos menos de cada 100.

Vale recordar que el consumo representa alrededor de dos tercios del destino de los ingresos, siempre en promedio. Si cae el consumo se retrae entonces la actividad económica. Luego, este proceso es diferencial, caen más las actividades vinculadas al mercado interno, donde se produce la contracción de la demanda por caída de ingresos, que en las vinculadas a la exportación, que dependen de la demanda mundial, pero que igualmente permanecen relativamente estancadas en cantidades. A ello se agrega que la oferta de productos en el mercado interno debe competir, ahora con menos restricciones, con la oferta del exterior, es decir con las importaciones. El resultado es la retroalimentación de la caída de la industria local que en agosto se redujo el 5,6 por ciento y acumula 4 meses de baja, lo que suma indicios para la continuidad de la retracción del PIB, que en el segundo trimestre cayó el 4,2 por ciento interanual. Como puede observarse, la única sequía no es la del campo.

Sintetizando todavía más: cae el poder de compra del salario al tiempo que se desarticula el mundo de la producción. Las razones no se encuentran en la herencia recibida ni en los “70 años de peronismo”, sino exclusivamente en las políticas de la administración iniciada en diciembre de 2015, que primero le pagó 15.000 millones de dólares a los fondos buitre, luego tomó alrededor de 100.000 millones de deuda nueva en apenas dos años y, cuando se le cerraron los mercados privados frente a la evidencia de la insustentabilidad estructural de la deuda, entregó la conducción económica al FMI a cambio de la promesa de 57.000 millones adicionales. Todos los recursos ya desembolsados tuvieron una única función sistémica: abastecer los rubros que completan el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos, como el turismo, el exceso de importaciones y la remisión de utilidades. Encerrada en la esperanza fugaz de una presunta futura lluvia de inversiones, la Alianza Cambiemos no hizo absolutamente nada por resolver el déficit externo, la principal restricción de la economía. Sólo se limitó a tomar deuda y reconstruir la dependencia financiera de la que tanto costó salir luego del default de 2001.

El punto crítico es que cuando los dólares se acaban se vuelve imposible sostener el nivel del tipo de cambio y la moneda se devalúa, es decir aumenta el precio del dólar. En una economía en la que además se redolarizaron las tarifas y los combustibles, uno de los cambios núcleo de la administración cambiemita, la devaluación desata un proceso de aceleración inflacionaria y, en consecuencia, la señalada caída de salarios, del consumo y del PIB. Es la situación que se vive sin interrupciones desde el pasado abril. Se trata de una carrera desesperada que ya se produjo muchas veces en la historia de la economía local, la última vez tan cerca como en 2001, durante la administración de la primera Alianza y antes también había ocurrido con la hiperinflación alfonsinista. Casi podría hablarse de un sino radical.

No se está entonces frente a un fenómeno nuevo que tome desprevenido a nadie que posea nociones básicas de historia de las políticas económicas. El desenlace también es conocido. Primero se acude al “salvataje” de los organismos financieros internacionales, como el FMI, cuyo verdadero objetivo es financiar la salida de los capitales que antes habían ingresado para aprovechar la bicicleta de tasas, y luego se retroalimenta por un tiempo la nueva bicicleta. Este es el momento del presente, en el que se experimenta una disparada de las tasas de referencia, que en pocos meses pasaron del 20 por ciento a más del 70. Se trata de una economía en la que sólo gana el sector financiero mientras todo lo demás se deprime, pero que no puede durar para siempre. El último paso es la salida definitiva de capitales, el corte de la asistencia de los organismos y la explosión final de la crisis externa: el pasado conocido y el futuro mediato.

Más allá de los detalles de los instrumentos específicos, como por ejemplo el rescate de las Lebac vía Letes y Lecap y la nueva forma de esterilizar la capacidad prestable de los bancos vía Leliq (que también remuneran el aumento de reservas, pero no multipliquemos detalles), instrumentos que pueden marear al que no sigue el día a día de los avatares financieros, la nueva política gubernamental para conjurar el déficit de cuenta corriente tiene dos dimensiones principales:

La primera es el monetarismo de utilería anunciado por la nueva conducción formal del Banco Central (BC). Consiste en el congelamiento de la base monetaria nominal, que es sólo una parte de la creación de dinero, medida que se complementa también con la contención de la “emisión” del dinero bancario, el que se crea cuando los bancos prestan, y que se esteriliza por dos vías: las Leliq y la recesión (ya que esta creación de dinero es “endógena”, es decir una función de la evolución del PIB). Dicho de otra manera, dentro del objetivo general de “secar la plaza de pesos”, las Leliq esterilizan también la creación del dinero crediticio. Queda una tercera creación de dinero, por llamarla de alguna manera, que es la remuneración de los instrumentos que emite el BC (el llamado déficit cuasifiscal), creación que no sólo queda intacta, sino que crece, por ahora a más del 70 por ciento anual (a interés compuesto por los vencimientos semanales) sobre una base que hoy ronda los 400 mil millones de pesos. Esto significa que el Central deberá seguir ofreciendo una tasa tentadora si no quiere que esta nueva masa “creada” alimente la demanda de dólares. Como habrá advertido el lector, la emisión monetaria tiene más componentes que la vulgata de “darle a la maquinita de imprimir billetes”, que es apenas una porción de la cantidad de dinero.

La segunda dimensión es el déficit (primario) cero. Se supone que si el Estado gasta menos inyecta menos billetes que pueden ir a dólares. De paso la caída del gasto recorta el peso del Estado y sus funciones, un objetivo ideológico de quienes hoy gobiernan. Sin embargo, el déficit financiero, el provocado por el pago de deuda, seguirá creciendo y compensando la baja del primario. En términos generales, se trata de una vuelta al déficit cero estilo 2001, tanto para generar los excedentes necesarios para pagar el servicio (incremental) de la deuda, como para inducir voluntariamente una recesión que restrinja la demanda de importaciones y, por la vía de la caída de la demanda interna, provocar una baja de la inflación. Los resultados seguramente se parecerán también a los de 2001. En parte porque los supuestos teóricos están mal. Sin profundizar en debates largos entre corrientes de pensamiento económico, primero porque la reducción del gasto, al deprimir la economía y la recaudación, profundiza el déficit, segundo porque el déficit total seguirá creciendo de todas formas por los componentes financieros y “cuasifiscales”. Finalmente porque la inflación no es un fenómeno de demanda sino de costos, aunque efectivamente una caída suficientemente violenta de la demanda por derrumbe de la actividad pueda frenarla parcialmente, pero al costo altísimo de cortar el brazo de la actividad económica por el dedo enfermo de los precios.

La síntesis provisoria es que la economía avanza aceleradamente hacia una nueva y voluntaria gran recesión que provocará un sufrimiento innecesario para las mayorías, con caída de salarios y destrucción de empleo y de sectores económicos. Su contrapartida será la continuidad del aumento del endeudamiento público y el enriquecimiento de unos pocos. El esfuerzo y el dolor social no resolverán ninguno de los problemas estructurales que se pretenden atacar. Sólo se postergarán vía más deuda pública, situación que reducirá todavía más los grados de libertad futuros de la política económica