La estrategia del clan Macri en torno a Correo Argentino es clara: pagar poco y cobrar mucho. Lo primero respecto a la deuda que tienen con el Estado y que el presidente Macri quiso y quiere condonar. Lo segundo, menos conocido y mucho más silenciado por la prensa obediente, en las múltiples demandas de la familia presidencial contra el Estado para arrancarle indemnizaciones. En los últimos días hubo movimientos a su favor en dos causas en las que reclaman, en conjunto, que el Estado les pague más de 4.000 millones de pesos. Todo mientras propusieron pagar su propia deuda con un inmueble en la localidad de Monte Grande que no sólo no cubre lo que deben sino que su propiedad está en plena disputa judicial.

Hay al menos 5 causas radicadas en el fuero Contencioso Administrativo, donde el Gobierno tiene especial incidencia, en la que los Macri le reclaman al Estado. En varias ocasiones los Macri plantearon compensar las deudas que tienen con el Estado con las supuestas deudas del Estado con ellos. El mismo presidente lo planteó tras el escándalo que se desató al conocerse el intento de condonarle a su clan más de 70.000 millones de pesos. Una “solución integral”, lo llaman. Sin embargo, como publicó El Destape, esa opción ya fue descartada por la Corte Suprema en 2009. La cuenta siempre les es favorable: reclaman mucho más de lo que deben.

No pesificables

En una de las causas en las que le reclaman al Estado, la familia del presidente ya tiene una pericia contable que dice que les deben 2.288 millones de pesos. A pesar de que la pericia indica que es parcial, en los últimos días su abogado Jaime Kleidermacher dijo que con eso les basta.

Se trata de una causa que data del 2000, es decir, luego de que dejaran de pagar el canon al cuál se comprometieron al quedarse con la concesión del Correo pero antes de que iniciaran su concurso de acreedores ante la falta de pago de sus deudas. En esta causa, los Macri reclaman una indemnización porque quedaron endeudados en dólares no pesificables ya que habían pedido créditos en el extranjero y continuaban cobrando en pesos. En criollo, quieren una indemnización por haber hecho un mal negocio. Más aún: buena parte de los préstamos que pidieron los Macri fueron para pagar indemnizaciones por los despidos masivos a trabajadores del Correo, gasto que, para colmo, computaban como inversión.

Los Macri lograron cambiar al perito de esta causa. El pasado 6 de abril, el nuevo perito Jorge Papantos presentó un informe parcial sobre los puntos que pidió el clan del presidente. Básicamente, sobre los intereses que tuvieron que pagar por pedir dinero prestado en el exterior.

“Evaluar el perjuicio sufrido en el patrimonio de Correo Argentino SA en razón de haber quedado endeudada en dólares estadounidenses no pesificables por tratarse de obligaciones contraídas en el exterior, y continuar percibiendo sus ingresos en pesos a precios no modificables”, detalla el punto de pericia. Se trató de préstamos por 113 millones de dólares, mayoritariamente con con la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en proporciones menores con el Banco General de Negocios y MLSI GP. Con los intereses, según el informe del perito Papantos, todo suma 121 millones de dólares.

La devaluación post 2001 impactó directo en las deudas de los Macri. Según los cálculos del perito, avalados por los Macri, con el paso del 1 a 1 a la cotización por encima de los 3 pesos la diferencia de cambio superó los 236 millones de pesos.

Con estos datos, el perito calcula que el perjuicio sufrido por los Macri por no haber podido afrontar sus deudas es, actualizado al 31 de diciembre de 2017, de 2.288 millones de pesos. Justifica ese cálculo multiplicando la deuda original de 121 millones de dólares por el cambio del dólar del último día del 2017 del Banco Nación, que era 18,90.

En los últimos meses el abogado Kleidermacher, que representa formalmente al clan Macri en la mayoría de las causas vinculadas a Correo, insistió en que se realizara este peritaje e incluso lograron cambiar al perito a cargo. Ahora, tras el peritaje parcial que dice que su reclamo supera los 2.288 millones de pesos, quieren acelerar el trámite.

“Teniendo en cuenta que el experto ha efectuado un puntilloso análisis de la situación de Correo Argentino SA, consideramos innecesario seguir ahondando en más documentación que la ya compulsada”, escribió el abogado de los Macri en un escrito presentado el 16 de mayo pasado pero que, como es habitual en estos expedientes, fue subido al sistema 9 días más tarde. Es decir, los Macri piden que la pericia parcial no se complete y que se apure el trámite.

Tienen exactamente 2.288.964.314 razones.

Reclamo de mala fe

Otra causa que tuvo movimiento en estos días es donde los Macri le reclaman al Estado 2.365 millones de pesos y que tuvo en los últimos días movimientos a favor del clan presidencial gracias a una jueza que está concursando su cargo y depende a su vez del favor de la Casa Rosada.

Esta causa la iniciaron en 2016, en una maniobra de pinzas con el intento de condonación de su propia deuda con el Estado. La cronología de esos días muestra lo siguiente. El 19 de mayo de 2016 el Gobierno pidió una audiencia en la causa por la deuda del Correo y “adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta”. La audiencia quedó para el 28 de junio. Quince días antes, el 13 de junio, los Macri demandaron al Estado por daños y perjuicios, sin poner aún un monto para ahorrarse la tasa de Justicia del 3 por ciento. Tras la audiencia donde se intentó condonar la deuda de los Macri con el Estado, maniobra frenada gracias la intervención de la fiscala Gabriela Boquin, los Macri le pusieron cifra a su denuncia contra el Estado. El 12 de agosto, ampliaron su denuncia por daños y perjuicios y establecieron el monto: 1.794 millones por la apropiación de instalaciones de Correo Argentino más 570 millones por otros rubros, en donde llegaron a afirmar que pagaron de más el canon del correo. Uno total de 2.365 millones que la familia Macri aún quiere que el Estado les pague.

Los Macri piden que el Estado les pague con intereses. Entre las supuestas deudas del Estado con ellos, los Macri plantearon que pagaron 110.478.064 pesos de más por el canon y los quieren de vuelta “ajustados y repotenciados” por un total de 200.280.628 pesos. También alegan que la culpa de que Correo Argentino no diera réditos son unos incumplimientos del Estado. ¿Cuales? Que no les eliminaron la existencia de “correos espurios e ilegales” con los que parece que no podían competir; que no les garantizaron la “exclusividad en la prestación del servicio postal de Carta documento”, o sea, el monopolio; que no tuvieron al Estado como cliente cautivo, definido por ellos como “la falta de exclusividad en la prestación del servicio postal al Estado Nacional, entre nacionales autónomos, centralizados o descentralizados”; y, lo que más los define, que no se les habilitó la flexibilización laboral en la empresa.

Cuando conoció esta demanda, la fiscala Boquin firmó un dictamen donde advirtió que Correo Argentino “adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al Tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción” mientras por el otro lado acordaba la quita de la deuda con el Estado. Boquin también señaló que esta actitud de Correo Argentino de demandar al Estado mientras le perdonaban deuda “convierte en más abusiva aún la propuesta formulada al Estado Nacional” ya que los Macri le querían pagar al Estado con un interés del 7 por ciento pero planteaban que el Estado les pagara con uno del 11 por ciento. Como siempre, pagar poco, cobrar mucho.

En este expediente también intervinieron Oscar Aguad y Carlos Balbin, por entonces ministro de Comunicación y Procurador del Tesoro respectivamente. Lo hicieron para ayudar a los Macri, claro. El 20 de febrero de 2017, Aguad y Balbin presentaron un escrito donde pidieron dos cosas: la caducidad de la instancia procesal y la recusación del juez Pablo Cayssials.

La caducidad de instancia implica que se venció el plazo de cada etapa de la causa. Lo establece el artículo 310 del Código Procesal, Civil y Comercial, que da un plazo de 6 meses para que se produzca algún movimiento en la causa o caduca la instancia. Al plantear esto, podría parecer que Aguad y Balbin quisieron que la causa feneciera. Sin embargo, fue lo contrario, ya que plantearon esta caducidad con varias semanas de anticipación. En tribunales se sabe que esto es una forma de avisarle a la otra parte, en este caso a los Macri, que se les está por vencer el plazo. O sea que el supuesto deudor le avisó al supuesto acreedor. Exótico.

Aguad y Balbin simularon el siguiente cálculo. La demanda de los Macri contra el Estado fue el 13 de junio de 2016. Contando 6 meses desde ese día (y sin contar la feria judicial de enero), la cuestión hubiera caducado en diciembre de 2016. Pero ambos sabían que los Macri ampliaron su denuncia y le pusieron cifra el 12 de agosto, por lo que los 6 meses pasaban al 12 de marzo de 2017. Al presentarse el 20 de febrero, lo hicieron 20 días antes de que caducara la instancia.

Esto lo advirtió en su momento el diputado Rodolfo Tahilade. Cuando Aguad fue al Congreso a defender la condonación de la deuda a la familia Macri, Tailhade se refirió a este pedido de caducidad de instancia y afirmó: “es una jugada que favorece al Correo, ya que no estaba caduco, dado que faltaba un mes, y entre colegas o profesionales sabemos que esa actitud es advertirle a la contraparte de que tenemos ese as en la manga y lo echamos a perder”.

La maniobra de Aguad y Balbin tuvo, además, la intención de cambiar al juez. Lo que se denomina “forum shopping”. La causa se sorteó de nuevo y recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez. Esta jueza está actualmente concursando su cargo y dependerá de la venia de Macri y sus alfiles en el Consejo de la Magistratura.

Ayer, a más de un año de ese pedido de caducidad pedido por Aguad y Balbín, la jueza subrogante Marra Gimenez lo rechazó. O sea, la causa sigue viva. El momento no parece casual, ya que justo coincide con una maniobra que aumenta sus chances de quedar en la terna para jueza titular. Marra Gimenez quedó en el puesto 11 del orden de mérito provisorio del concurso 324, que era para cubrir 2 cargos en el fuero Contencioso Administrativo. Con ese contexto queda fuera de competencia, ya que se seleccionan 3 postulantes por cargo. Ergo, hasta el sexto lugar y como mucho, con uno complementario en cada una, hasta el octavo. Pero el 28 de mayo el Consejo de la Magistratura sumó otra vacante al mismo concurso, por lo que hay una terna más de 3 postulantes. Es decir, hasta el puesto 9 en las ternas. Con este contexto, ya podría entrar con su puesto 11 como complementaria. Pero, como se trata de un orden provisorio, los buenos oficios de los cambiemitas en el Consejo pueden, como en otros casos, hacerla subir un par de escalones para que Macri pueda elegirla entre las ternas y enviar su pliego al Senado.

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