Organizaciones y vecinos cargaron contra Vidal por no cumplir con la ley de Pirotecnia Cero: "Letra muerta"

Señalan que el gobierno provincial no evitó la crisis vivida durante las Fiestas, donde se evidenció la falta de controles efectivos y supervisión municipal. Hubo manifestaciones en diferentes localidades para visibilizar la problemática. 

31 de diciembre, 2025 | 16.40

Tras los festejos por Navidad, el gobierno de Santa Cruz quedó expuesto por la falta de controles al no cumplir con lo dispuesto por la Ley Provincial N.º 3.636 de Pirotecnia Cero y por las ordenanzas municipales de cada localidad, normas vigentes que fueron sancionadas con el objetivo de proteger la salud pública y el ambiente.

Según lo establecido por la ley, corresponde al Ministerio de Gobierno disponer y garantizar la existencia de un ente regulador encargado de su aplicación y control en todo el territorio provincial. Sin embargo, denuncian que esta responsabilidad no fue ejercida de manera efectiva por la administración de Claudio Vidal, lo que deriva en una omisión grave del Estado y en consecuencias concretas para la comunidad.

Los fuegos artificiales pueden generar incendios, quemaduras, problemas auditivos, daños oculares y mutilaciones permanentes; incluso, dependiendo del accidente, hasta pueden poner en riesgo la vida de quien los manipula. Durante la madrugada de festejos de Navidad, se registraron al menos 24 heridos por el uso de pirotecnia tan solo en la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto negativo también se extiende al ambiente y al bienestar animal. El uso de pirotecnia puede provocar lesiones, extravíos e incluso la muerte de animales domésticos y silvestres, vulnerando principios básicos de protección animal y cuidado ambiental que deberían ser garantizados por el Estado.

En la ciudad de Río Gallegos, la falta de controles efectivos sobre la comercialización de pirotecnia fue motivo de fuertes críticas. Desde el medio Ahora Calafate señalaron que, a pesar de la vigencia de normativas locales que prohíben la venta y el uso de pirotecnia de alto impacto sonoro, vecinos y grupos protectores de derechos advirtieron que estas limitaciones quedan muchas veces en el papel, sin mecanismos de fiscalización reales que las sostengan. Los vecinos reclamaron el pasado lunes 29 sobre las avenidas Kirchner y San Martin que el municipio debe asumir una postura más activa y responsable ante la problemática.

Al sur de la provincia de Chubut, la situación también despertó fuertes repercusiones sociales. A pesar de la vigencia de la ordenanza local N.º 12.625, que prohíbe los fuegos artificiales con estruendo y solo habilita pirotecnia lumínica o de bajo impacto sonoro, los portales chubutenses señalaron que hubo más de 20 incendios y cientos de animales extraviados o atropellados. Familias con niños con TEA, adultos mayores y personas con sensibilidad auditiva denunciaron que debieron dejar sus hogares para evitar crisis de pánico y situaciones de riesgo.

Organizaciones sociales y vecinos se manifestaron contra la pirotecnia

Ante este escenario, organizaciones sociales, proteccionistas animales y vecinos autoconvocados realizaron manifestaciones en Comodoro Rivadavia bajo la consigna “Pirotecnia Cero”, en reclamo del cumplimiento efectivo de la normativa vigente y el regreso de la prohibición total del uso de pirotecnia sonora, que había estado vigente años atrás. 

Los manifestantes señalaron que la modificación de la ordenanza local, que habilitó ciertos artefactos aunque sea de bajo impacto, no evitó la crisis vivida durante las Fiestas, donde se evidenció la falta de controles efectivos y supervisión municipal, pese a operativos de secuestro de pirotecnia antigua. 

“Las leyes que protegen derechos no pueden quedar en letra muerta”, fue el mensaje que compartieron distintas agrupaciones para remarcar que la inclusión de las personas con discapacidad, la protección de los animales y el cuidado del ambiente no son consignas ni gestos simbólicos, sino obligaciones concretas del Estado. 

Localidades santacruceñas como El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado y San Julián también denuncian la falta de controles efectivos y la evidente organización social para exigir que las leyes se hagan valer.