Lo que debía ser una celebración en un paisaje de ensueño terminó derivando en una causa penal. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta denunció la falsificación de un documento oficial luego de que se realizara un casamiento en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, sin los permisos correspondientes. El funcionario Alejandro Aldazábal detalló las irregularidades y confirmó que el caso ya está en manos de la Justicia.
El papel trucho que encendió las alarmas
Según explicó Aldazábal, la organizadora del evento habría alquilado una propiedad privada dentro del área protegida para llevar adelante la fiesta. Sin embargo, cuando los inspectores solicitaron la documentación habilitante, la mujer exhibió un permiso que, lejos de tener validez, era una copia adulterada.
“Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada”, reveló el secretario. Además, señaló que el papel carecía de elementos esenciales: “No tiene los membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo”.
Aldazábal fue categórico al aclarar que ningún documento oficial se expide de esa manera: “No hay ninguna autorización que sea expedida con una foto, va siempre la firma. Además, tiene todo un expediente con dictámenes donde área protegida da las recomendaciones”.
Un procedimiento que no se siguió
El funcionario detalló que la Secretaría nunca recibió una solicitud formal para realizar el evento. En un área protegida de usos múltiples como la Quebrada de las Conchas, donde conviven propiedades privadas con espacios de conservación, cualquier actividad debe pasar por un riguroso circuito administrativo.
“El programa de áreas protegidas les da toda una serie de pautas, luego pasa por jurídico y recién llega para la firma mía. Hay un equipo que interviene, no es una sola persona que autoriza, es todo un circuito”, explicó Aldazábal.
En ese proceso se definen recomendaciones sobre sonido, distancias a sectores frágiles, gestión de residuos y movimientos dentro del terreno. “Una resolución para una sesión de fotos lleva dos hojas de recomendaciones”, ejemplificó.
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Las consecuencias legales y administrativas
La presentación de la denuncia penal fue inmediata. “Yo ya lo hice en el primer momento que me enteré, ahí nomás inicié la denuncia”, aseguró el secretario. El caso ahora está en manos de un juzgado, que deberá determinar la responsabilidad penal por la falsificación del documento.
Además, los organizadores enfrentan una contravención por haber realizado la fiesta sin autorización. De allí surgirá una multa y, eventualmente, medidas de remediación ambiental si el evento causó algún daño en el área protegida.
Actividades sí, pero con autorización
Aldazábal aclaró que las áreas protegidas no están vedadas para eventos culturales o deportivos. De hecho, mencionó que en el pasado se autorizaron actividades como el Dakar, carreras de autos antiguos, filmaciones y sesiones de fotos. “Lo cual no quiere decir que, por eso, se pueda hacer sin gestión”, enfatizó.
El funcionario lamentó que un hecho así opaque las políticas de conservación: “Cuando tenemos tantas cosas buenas de las que hablar y mostrar, terminamos hablando de la falsificación de un documento”. Y advirtió que este episodio debería servir como ejemplo: “Hacer las cosas de esta forma no conduce a nada, no es una ganancia. Realmente, produce un efecto bastante negativo en algo que produce un beneficio para todos”.
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