El Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJC) restituyó en su cargo a Mariel Suárez, la jueza que había sido destituida de su cargo por besar a un preso que recientemente había juzgado. Los ministros fundaron el fallo en el erróneo proceder de uno de sus antecesores, Daniel Báez, ya que entendieron que su accionar afectó gravemente el principio de imparcialidad.
La decisión es unánime y lleva la firma de los ministros Javier Raidan y Andrés Giacomone, y tres jueces de Cámara que actuaron como subrogantes, Carina Estefanía, Diego Trad y Adrián Barrios. De esta manera, el STJC declaró nula la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en noviembre de 2023 que había dispuesto la destitución de Suárez, jueza penal de Comodoro Rivadavia.
Esta decisión implica la inmediata restitución de Suárez en su puesto, quien había sido denunciada en 2023 por Ignacio Torres, gobernador de Chubut que por ese entonces ejercía como senador, y el entonces intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque.
La jueza había sido sumariada por el máximo tribunal luego de la difusión pública de una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial, donde se la veía de visita a un condenado y teniendo contacto físico. La denuncia avanzó en el Consejo de la Magistratura, donde analizaron el sumario elaborado por Báez, entonces ministro del STJ.
De aquel tribunal habían participado también la diputada Mariela Williams y el abogado Miguel Barletta, quienes habían votado por la destitución, en tanto la diputada Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora votaron en contra.
La causa de la denuncia
Todo comenzó cuando la jueza fue captada por una cámara de seguridad del Servicio Penitenciario provincial mientras se besaba con un preso al que había juzgado y condenado a prisión perpetua por asesinar a un policía en 2009. Por lo tanto, el STJC inició actuaciones administrativas por "conductas inadecuadas".
Suárez había integrado el Tribunal que lo había condenado, pero votó en disidencia la condena perpetua pidiendo una pena menor. Unos días después, entre el 29 y 30 de diciembre de 2021, la funcionaria pública fue a visitar a Cristian Omar “Mai” Bustos, de 41 años, que cumplía dos condenas, una por el asesinato de su hijastro, un bebe de nueve meses, ocurrido en 2005, y otra por asesinato de una policía y lesiones contra otro efectivo durante un operativo en 2009.
En el video se identifica a ambos tomando mate, sacándose fotos y acercándose como si se estuvieron besando durante casi tres horas, según reportó El Comodorense. Al día siguiente, la jueza regresó al penal y estuvo casi dos horas con el detenido. La denuncia llegó recién en enero de 2023, tras la presentación de Torres y Luque. Los cargos que prosperaron en el jury no tuvieron que ver con el contacto físico, sino con otras conductas derivadas de esas visitas: mentir para faltar a una audiencia que debía presidir en Comodoro Rivadavia mientras estaba en Trelew, haberse ausentado de la ciudad sin previo aviso a las autoridades judiciales y haber participado del juicio oral contra Bustos con su imparcialidad comprometida.
“La relación íntima entre un juez y un detenido puede dar lugar a conflictos de interés y prejuicios en los procedimientos legales relacionados con ese condenado, que socava también la imparcialidad y la integridad en el sistema judicial”, sostuvo el Jurado en ese momento.
La nulidad
El tribunal aclaró que la decisión no implica descalificar las denuncias ni el dolor de las víctimas del caso original, pero advirtieron que "ningún castigo" puede sostenerse si se "violan garantías fundamentales". Para los jueces Trad, Barrios, Estefanía, Raidan y Giacomone, la destitución de Suárez se apoyó en un proceso donde el tribunal disciplinario había actuado con prejuicio, tomando partido y "restringiendo" el derecho de defensa desde el primer día. De esta manera, toda la acción judicial quedó "contaminada" por el incumplimiento de la garantía de imparcialidad, según la resolución.
Respecto a la falta de imparcialidad, desde el primer momento, la defensa intentó apartar al juez Báez por sus manifestaciones públicas y su rol clave en la apertura de la investigación contra Suárez. No solo firmó la resolución que originó el sumario, sino que calificó el caso como "excepcional" y había anticipado valoraciones "negativas" sobre la conducta de la funcionaria antes del jury.
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