Una tradicional empresa dedicada a la elaboración de bebidas y productos alimenticios ingresó oficialmente en concurso preventivo de acreedores por la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 9 de Paraná resolvió abrir el proceso judicial solicitado por la firma Frutafiel, con sede industrial en la localidad entrerriana de General Ramírez. La firma atribuyó su delicada situación financiera a una combinación de factores económicos que afectaron su actividad durante los últimos años, aunque aseguró que mantiene expectativas de recuperación y continuidad operativa.
La presentación fue realizada el pasado 22 de mayo y el juez Ángel Luis Moia resolvió la apertura del concurso el 10 de junio. Como parte del procedimiento, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes de la empresa y designó como sindicatura al Estudio Cerini-Cerini-Chiara, integrado por los contadores Abelardo Cerini, Mariana Cerini y Alejandro Chiara, quienes supervisarán el proceso concursal.
Además, la resolución fijó el cronograma para que los acreedores puedan verificar sus créditos. Los pedidos podrán presentarse hasta el 9 de septiembre de 2026, mientras que el plazo para formular observaciones e impugnaciones se extenderá hasta el 6 de noviembre del mismo año.
En la documentación presentada ante la Justicia, Frutafiel detalló que posee un activo total de $4.016.951.403,18, compuesto por un activo corriente superior a los $1.313 millones y un activo no corriente cercano a los $2.704 millones. Por su parte, el pasivo declarado asciende a $3.818.314.937,18, por lo que la empresa remarcó que aún conserva un patrimonio neto positivo de $198.636.466.
Los motivos de la crisis de Frutafiel
La firma, constituida en noviembre de 1996 y presidida actualmente por René Horacio Fritzler, explicó que el deterioro financiero comenzó a profundizarse tras la pandemia, en un contexto marcado por una inflación persistente, la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y el fuerte incremento de los costos operativos.
Según expuso en la presentación judicial, la subida constante del precio de los insumos, el transporte, la energía y los combustibles redujo considerablemente los márgenes de rentabilidad, debido a la imposibilidad de trasladar esos aumentos al precio final de los productos sin afectar aún más las ventas.
La empresa también señaló que la caída del consumo impactó especialmente sobre sus líneas tradicionales de producción, obligándola a implementar promociones con márgenes mínimos para sostener su presencia en supermercados y cadenas de distribución. A este escenario se sumó la dificultad para acceder a financiamiento, debido a las elevadas tasas de interés del sistema bancario, lo que limitó la posibilidad de obtener capital de trabajo.
En la presentación judicial, Frutafiel ubicó el inicio de la cesación de pagos entre marzo y abril de este año. Indicó que a fines de marzo dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago ante ARCA y que el 21 de abril comenzaron a rechazarse los cheques emitidos por la compañía, reflejando el agravamiento de su situación económica.
Pese a ese escenario, la empresa sostuvo que el concurso preventivo constituye una herramienta para ordenar sus compromisos financieros sin interrumpir la actividad productiva. "La actividad de Frutafiel es rentable en el mediano y largo plazo. "El concurso preventivo producirá el desahogo financiero necesario para continuar trabajando y afrontar las obligaciones pendientes mediante la continuidad de la producción", manifestó la empresa en el escrito presentado ante la Justicia.
Cerrar sesión