Las perspectivas de recuperación del empleo privado registrado siguen sin mostrar señales firmes. La mayoría de las empresas mantiene una estrategia defensiva, con pocas incorporaciones y una expansión de las plantillas prácticamente paralizada producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.
Desde noviembre de 2023 el sector perdió 265.765 puestos de trabajo formales, una contracción del 4,2 por ciento que dejó al empleo asalariado privado en su nivel más bajo en 52 meses.
La última Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Secretaría de Trabajo refleja esa falta de impulso. Apenas el 3,1% de las firmas relevadas planea contratar personal durante el próximo trimestre, mientras que un 3% proyecta reducir sus dotaciones. La diferencia entre ambas proporciones arroja expectativas netas de contratación de apenas 0,1 puntos porcentuales, un resultado que anticipa un mercado laboral prácticamente inmóvil.
La retención de trabajadores no implica, sin embargo, una mejora en la generación de empleo. En agosto, los despidos sin causa llegaron a 0,7 por cada 100 trabajadores, el registro más elevado para ese mes desde 2019. A su vez, el empleo privado registrado cayó un 0,2% en julio frente al mes anterior, con 12.716 puestos menos y retrocesos en 17 jurisdicciones.
La industria, entre los sectores más golpeados
Las expectativas empresariales muestran un deterioro particular en las actividades vinculadas con el mercado interno. La industria manufacturera y el conjunto de comercio, restaurantes y hoteles anticipan una reducción de sus plantillas para los próximos tres meses. La industria concentra una parte significativa de la pérdida de puestos. Según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), entre agosto de 2023 y julio de 2026 desaparecieron 94.924 empleos industriales, lo que convirtió al sector en uno de los principales focos de destrucción de trabajo formal.
En ese contexto, las suspensiones funcionan como una herramienta para evitar que la caída de la actividad se traduzca directamente en más despidos. En algunos casos, las empresas recurren a acuerdos encuadrados en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite establecer asignaciones no remunerativas durante períodos de suspensión.
La actividad continúa debilitada, los costos medidos en dólares aumentan y la demanda limita la posibilidad de trasladar esos incrementos a los precios. A ese escenario agregó la competencia del contrabando, la informalidad y las prácticas de dumping.
Los cambios normativos impulsados por el Gobierno tampoco se tradujeron, hasta ahora, en una recuperación de las contrataciones. La consultora LCG señaló que ni la reforma laboral ni el Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que contempla una reducción transitoria de las contribuciones patronales, lograron modificar la dinámica negativa.