Celulosa Argentina, una de las mayores empresas papeleras del país, sufre por el modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. La empresa pagó solo la mitad de los salarios correspondientes a agosto a los empleados de su planta santafesina de Capitán Bermúdez, luego de haber planteado inicialmente abonar apenas el 30% de las remuneraciones por falta de liquidez.
La fábrica local lleva alrededor de dos meses con la actividad paralizada. Allí se produce papel tissue, pero la fabricación quedó interrumpida por una combinación de problemas que incluyen dificultades para acceder al gas, falta de materias primas e insumos y las restricciones financieras que atraviesa la compañía.
Entre los inconvenientes mencionados figura el suministro de gas a cargo de Litoral Gas, además de la escasez de madera y productos químicos necesarios para sostener la producción. La situación derivó en distintas audiencias ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se alcanzó un acuerdo para que los trabajadores cobraran el 50% de sus haberes. El resto del salario quedó pendiente y, según el informe de Data Gremial, los empleados todavía no tienen precisiones sobre cuándo podrán cobrar el monto adeudado.
Los problemas laborales se producen en medio de un proceso de reestructuración financiera: la compañía se encuentra actualmente en concurso preventivo, luego del deterioro de sus cuentas y de una fuerte caída de las ventas.
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De acuerdo con los últimos estados contables mencionados en el informe, la empresa acumulaba pérdidas por $127.393,6 millones al 31 de mayo. La compañía había atravesado una etapa de reactivación durante 2025. Aproximadamente un año atrás, el financista Esteban Nofal, a través de Cima Investments, tomó el control del 45,5% de Celulosa Argentina por un valor simbólico de U$S 1 y asumió deudas financieras superiores a U$S 128 millones.
La situación contrasta con la de la otra gran planta de Celulosa Argentina, ubicada en Zárate, provincia de Buenos Aires. Después de permanecer también cerca de dos meses sin actividad, esa fábrica retomó la producción durante el último fin de semana. Sin embargo, los trabajadores todavía esperan precisiones sobre la continuidad de la actividad y el pago de las sumas salariales pendientes.
Cierre de empresas en Santa Fe: las causas por quiebra se duplicaron en 2025 y superaron el récord de pandemia
La economía de Santa Fe profundiza su retroceso por la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro. Las causas por quiebra en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia se duplicaron en 2025 respecto del año anterior: pasaron de 1.009 a más de 2.000, un máximo histórico que está incluso por encima del pico de la pandemia del Covid-19 según el análisis publicado en la revista Ideas en la mira del Centro Cultural y de Estudios DEMOS.
La serie completa muestra la aceleración: 817 causas en 2021, 762 en 2022, 956 en 2023, 1.009 en 2024 y más de 2.000 en 2025. En los primeros siete meses de 2026 ya se habían iniciado 1.656 nuevas causas por quiebra; un ritmo que, de sostenerse, ubicaría a 2026 muy por encima del récord de 2025.
El informe, elaborado por la Lic. Florencia Camusso, señala que los expedientes por "Concurso", la vía que buscan las empresas para evitar la quiebra, también crecieron un 75% en 2025 respecto del promedio de 2021-2023. Como quiebra y concurso preventivo no se sustituyen entre sí, sino que aumentan de manera simultánea, el trabajo descarta que las empresas estén usando el concurso como salida ordenada frente a la quiebra.
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Además, el documento explica que el canal bancario es restrictivo, el endeudamiento se traslada a la economía real, donde los instrumentos son menos formales, los costos más altos y la información más difusa. Para las PyMEs santafesinas, la deuda invisible tiene tres rostros.
El primero son los cheques rechazados por falta de fondos: según el BCRA, pasaron de 39.083 en diciembre de 2024 a 119.285 en diciembre de 2025, el máximo del período, y en junio de 2026 cerraron en 105.297, un 57,3% más que un año antes. El segundo son las facturas impagas con proveedores: cuando una PyME no puede pagar a 30 días, pide 60 o 90 y el proveedor acepta para no perder al cliente y asume un riesgo para el que generalmente no está capitalizado.
Mientras que el tercero son las deudas diferidas con el fisco, una de las obligaciones que se postergan en contextos de tensión de liquidez. En ese marco, Santa Fe instrumentó la Resolución 91, con facilidades en Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos, vigente hasta julio de 2026.