La querella que representa a la familia de Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido en la provincia del Chaco, presentó un nuevo escrito ante el Equipo Fiscal Especial donde solicita la declaración de imputado y la detención de tres funcionarios policiales de la Comisaría Segunda de Fontana, al considerar que la prueba reunida durante la investigación permite sostener una sospecha fundada sobre su posible participación en los hechos que derivaron en el comienzo de la investigación del caso.
La presentación fue realizada por el querellante Ricardo Ariel Osuna, con el patrocinio de la abogada Celeste Segovia y alcanza a los efectivos R.O.B., G.A.M. y C.M.T., quienes integraban el móvil policial N-156 durante la noche del 16 de mayo y la madrugada del 17 de mayo de 2026, cuando ocurrió su desaparición.
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Axel fue visto por última vez al salir de su domicilio del barrio Takay de Puerto Tirol, en el área metropolitana de Resistencia, con destino a la vivienda de su ex novia. Cuando no respondió mensajes ni regresó a su casa, la familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá. En la acusación, la madre apuntó contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Horas más tarde, la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia ordenó el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes de la dependencia policial.
Un amigo de Axel, última persona que estuvo con él antes de su desaparición, relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada de domingo y cargó contra agentes policiales por una presunta persecución. Lejos de permanecer aislada, dicha versión encontró respaldo en diversos testimonios incorporados posteriormente en la causa.
Según sostienen los representantes legales de la familia, la hipótesis de una posible intervención policial ya no se apoya únicamente en sospechas iniciales, sino en un "conjunto de testimonios, informes y medidas de prueba que, analizados en conjunto, colocan a personal policial en la escena".
Entre los elementos señalados en el documento al que accedió El Destape se encuentran las declaraciones de A.E.L., quien afirmó que Axel "fue perseguido por efectivos policiales tras ser interceptado por un móvil". Los testimonios de S.A.E. y J.L.L., quienes describieron movimientos policiales en la zona durante la madrugada; la declaración de R.E., que afirmó haber visto al joven dentro de un patrullero; y los mensajes y videos aportados por L.P.V., donde el propio Axel manifestaba encontrarse rodeado de policías horas antes de desaparecer. La querella también destacó la declaración de la agente C.I.M., quien identificó a los ocupantes del móvil N-156 en la zona considerada de interés para la investigación.
La prueba reunida exhibe "elementos convergentes, independientes entre sí y objetivamente verificables, que ubican reiteradamente a funcionarios policiales de la Comisaría Segunda de Fontana en la secuencia de hechos inmediatamente anterior a la desaparición de la víctima".
La declaración de un agente develó que los hechos no fueron ajenos a la comisaría involucrada
En el escrito se señala que el agente R.O.B. reconoció haber intervenido durante la madrugada en un procedimiento relacionado con dos sujetos, manifestando que uno de ellos huyó hacia un baldío. Esa circunstancia presenta una coincidencia significativa con la secuencia descripta por la última persona que vio a Axel con vida.
Del mismo modo, el comisario J.G.G. admitió haber tomado conocimiento de dicho procedimiento, lo que demuestra que "los hechos investigados no fueron ajenos al conocimiento institucional de la dependencia policial involucrada".
En este contexto, la presentación requiere la citación testimonial de la funcionaria policial Y.B.R., quien prestaba servicios en la Comisaría Segunda de Fontana durante la noche en que González desapareció. Asimismo, se sostiene que los funcionarios policiales continúan perteneciendo a una fuerza de seguridad directamente vinculada a la investigación y que aún restan producir importantes medidas probatorias, entre ellas análisis de comunicaciones telefónicas, cruces de antenas, pericias sobre dispositivos electrónicos, reconstrucciones de recorridos GPS y ampliaciones testimoniales. Este miércoles, las autoridades avanzarán con la apertura y extracción de información de los 17 teléfonos celulares secuestrados durante la causa.
Por tales motivos, además de la imputación formal, la querella solicitó que se disponga la detención de los efectivos y se promuevan las medidas de coerción correspondientes, argumentando la existencia de un alto riesgo de entorpecimiento de la investigación. "Se trata de personas que, por razón de sus funciones, poseen conocimiento de los procedimientos internos, acceso a documentación institucional, contacto directo con otros efectivos policiales y capacidad objetiva de influir sobre fuentes probatorias de singular relevancia para el esclarecimiento del caso", detalla el documento.
La Fiscalía deberá ahora analizar el planteo y resolver si los elementos incorporados hasta el momento resultan suficientes para modificar la situación procesal de los efectivos señalados por la querella, en una investigación que continúa avanzando sobre una de las hipótesis más sensibles y trascendentes del caso.
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