La posible derogación de la Ley de Tierras Rurales volvió a poner en el centro del debate a la provincia de Salta, uno de los distritos con mayor extranjerización de sus suelos. Con nueve departamentos que superan los límites permitidos, organizaciones indígenas y la Iglesia manifestaron su rechazo a la iniciativa. El Gobierno de Gustavo Sáenz carga en sus espaldas el guiño para la aprobación del Super RIGI en Diputados y la Ley de Glaciares, proyectos libertarios que van en consonancia.
El ojo está puesto sobre Flavia Royón, del bloque Primero los Salteños, vinculado al espacio político del gobernador Gustavo Sáenz. Por su parte, los libertarios de María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, ambos de La Libertad Avanza ya adelantaron su voto positivo. Cabe destacar que el triple voto positivo también se encontró en la Ley de Glaciares. Tal como ya había señalado El Destape con anterioridad, Royón había sido señalada por su intereses directos con empresas mineras.
De acuerdo con un relevamiento elaborado por el Observatorio de Tierras (UBA - CONICET), existen departamentos donde la participación de capitales extranjeros alcanza niveles considerablemente superiores a los permitidos a nivel departamental, por lo que crece la sospecha de intereses particulares sobre territorios comunitarios que contienen recursos estratégicos.
Cabe destacar que uno de los últimos conflictos por tierras en la provincia del norte expuso los intereses de Sáenz: el Poder Judicial ordenó la restitución a la comunidad diaguita calchaqui de las tierras de Las Pailas en Cachi. Desde la comunidad, el conflicto se interpreta como parte de un escenario más amplio vinculado a la expansión de intereses mineros en la provincia, particularmente en zonas donde se identifican cateos de litio, oro y tierras raras.
Las iniciativas como el denominado Súper RIGI, quienes todos los diputados nacionales por Salta votaron a favor, facilitarían el avance de proyectos extractivos sobre territorios ignorando la posesión de territorios ancestrales contemplados en la Constitución Nacional.
Los departamentos con mayor extranjerización
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Un estudio del Observatorio de Tierras señaló que los casos más críticos corresponden a San Carlos, 60%; Molinos, 58%; Guachipas, 34%; General Güemes, 29%; La Viña, 28%; Cerrillos, 25%; Orán, 23%; Cafayate, 23%; y Chicoana, 16%. En gran parte de las tierras adquiridas por capitales extranjeros se ubican en áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia.
Entre ellas aparecen departamentos como San Carlos y Cafayate, donde existen glaciares, reservas fundamentales de agua para las cuencas hídricas, además de regiones vinculadas a proyectos de minería de litio y a la producción agroindustrial de gran escala. Según el Observatorio, estas características incrementan el valor estratégico de los territorios que podrían quedar alcanzados por una eventual flexibilización del régimen de propiedad rural.
Organizaciones indígenas junto con la Iglesia
El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) advirtió que la iniciativa podría afectar la propiedad comunitaria indígena bajo argumentos relacionados con la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado.
Así sostuvieron que la propuesta entra en tensión con normas nacionales e internacionales que reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, entre ellas el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho sobre las tierras tradicionalmente ocupadas y establece mecanismos de consulta previa.
La Iglesia también se sumó al rechazo. En un documento titulado "La tierra es un don de Dios, no es una mercancía", la Pastoral Social y Ecológica y el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen (EDIPA) de la Diócesis de Orán manifestaron que la iniciativa podría profundizar la concentración de tierras y entrar en conflicto con las garantías previstas en el artículo 75 de la Constitución Nacional respecto de los derechos de los pueblos originarios.
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