El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la restricción del acceso a la información pública al declarar bajo la condición de "secreto militar" toda exportación de material relacionado con el sistema de armas de los aviones caza F-16 adquiridos por la Fuerza Aérea Argentina (FFA), así como también los contratos adicionales firmados para incorporar equipos y capacidades complementarias.
La firma de la medida, que lleva la rúbrica del presidente Javier Milei y del teniente general Carlos Alberto Presti, actual titular de la cartera de Defensa, consolida un esquema de discrecionalidad en la gestión de los recursos militares del país. La restricción impuesta por la Casa Rosada no es menor, ya que alcanza a "partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento".
Oficialmente, la gestión libertaria justifica este cerco informativo bajo el argumento de que se trata de "material sensible" cuyo resguardo de información debe primar de manera estricta. Según los considerandos de la norma, estas exportaciones temporales se realizarán con el objetivo de llevar a cabo tareas de "mantenimiento y actualización" en el exterior. Sin embargo, la declaración de confidencialidad exime formalmente a las autoridades de cualquier control civil ordinario sobre los movimientos logísticos y de defensa.
La consolidación de un sistema sin control democrático
Esta nueva disposición no constituye un hecho aislado, sino que representa el cuarto eslabón de una sistemática política de ocultamiento iniciada en el año 2024. El camino de la opacidad comenzó en abril de ese año con el Decreto 370/2024, que amparó bajo el secreto militar la adquisición original de los 24 aviones caza F-16 a Dinamarca.
Posteriormente, en septiembre de 2024, el Decreto 807/2024 extendió el blindaje a la contratación y construcción de las obras de infraestructura de las bases aéreas en la VI Brigada Aérea Tandil (Buenos Aires) y en el Área Material Río Cuarto (Córdoba), además de la importación de materiales. Finalmente, en diciembre del mismo año, el Decreto 1073/2024 clasificó como secretos los contratos complementarios firmados con el gobierno y la Armada de los Estados Unidos bajo el programa Foreign Military Sales.
Paralelamente, bajo la premisa de garantizar la actualización técnica de la flota, la administración libertaria mantiene vigente un programa de modernización denominado "M6.6 OFP and System Modification", gestionado bajo contrato con la corporación estadounidense Lockheed Martin y rubricado originalmente en abril de 2025. A pesar de la envergadura de este soporte corporativo y militar extranjero, el Gobierno optó por blindar jurídicamente la salida del equipamiento de las fronteras argentinas.
La medida se implementa en un momento en que los cazabombarderos ya se encuentran activos en el territorio nacional. Las actividades de vuelo en el Área Material Río Cuarto se iniciaron formalmente el pasado 30 de marzo de 2026.