En medio del ajuste a nivel nacional y la falta de medidas de alivio financiero para los trabajadores, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, le pidió "paciencia" a los estatales y no confirmó una mejora salarial a la brevedad.
Con pocas pistas, el gobernador correntino se refirió este miércoles a un posible nuevo aumento salarial: "Estamos trabajando en eso. Todavía la economía no encuentra un equilibrio para avanzar", dijo cuando medios locales le preguntaron sobre el tema.
Hace pocas semanas, Valdés condicionó una posible suba de los sueldos a a la evolución de los fondos de coparticipación que llegan desde Nación. El Gobierno provincial todavía no definió cuándo se producirá una nueva recomposición ni de qué magnitud será.
Según explicó, durante julio los recursos mostraron una mejora, aunque el Ejecutivo provincial espera que esa tendencia pueda sostenerse durante agosto para proyectar las decisiones de los próximos meses.
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Esta falta de previsibilidad en los ingresos impacta de lleno en el bolsillo de las familias y se refleja en el deterioro de la economía: la morosidad en la provincia ya alcanza al 31,5% de los deudores, según un relevamiento correspondiente a junio de 2026 elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora Eco Go.
El informe también muestra que el 19,6% del monto total de los créditos otorgados en la provincia se encuentra en situación irregular, mientras que las obligaciones tomadas a través de billeteras virtuales presentan niveles de mora superiores a los del sistema financiero tradicional.
Los datos evidencian una situación de creciente presión sobre las familias correntinas. Aunque el crédito continúa expandiéndose y ofrece nuevas alternativas de financiamiento, una proporción cada vez mayor de quienes tomaron préstamos presenta dificultades para cumplir con los pagos.
Obreros denuncian despidos, salarios adeudados y falta de controles en una obra provincial
Un grupo de obreros que participó desde el inicio de la construcción de un complejo habitacional del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), en Santo Tomé, denunció que fue desvinculado intempestivamente, sin cobrar parte de sus haberes y después de atravesar condiciones de alojamiento que describieron como extremas. El conflicto pone ahora bajo la lupa el papel del organismo provincial encargado de la obra y los controles sobre las empresas contratistas.
Las viviendas están ubicadas detrás de la Escuela Sargento Cabral, en la zona sur de Santo Tomé. Según los trabajadores, la construcción se encuentra actualmente paralizada. Dionicio Oscar Suárez, uno de los trabajadores que participó durante más de un año en la obra, relató las dificultades que atravesaron desde el comienzo. Según afirmó, los obreros llegaron a dormir dentro de un furgón y en el piso ante la falta de recursos para afrontar alojamiento y viáticos.
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“Arrancamos la obra desde cero para INVICO con la empresa Heller y con el contratista Dardo Maidana. Desde el principio estuvimos sufriendo con el barro y la lluvia, tirados dentro de un furgón y durmiendo en el piso. A veces ni para el viático nos daban”, contó en declaraciones a Actver.
La situación se agravó cuando los trabajadores reclamaron por el pago de horas y haberes. Suárez aseguró que un domingo un encargado ingresó al predio y retiró sus pertenencias. “Sacaron nuestras cosas a la calle. Tiraron lo que encontraron, cargaron una parte en una camioneta y lo demás lo tiraron. Me avisaron que no aparezcamos más por la obra”, denunció. Según el trabajador, la desvinculación se produjo sin previo aviso y con una quincena pendiente de pago.