Polémica por la designación ilegal de empleados en el municipio de La Rioja

16 de octubre, 2021 | 15.20

La Intendenta radical y aliada a Juntos por el Cambio, Inés Brizuela Y Doria, decidió dejar en planta permanente a 900 trabajadores municipales violando una ley del año 2015 que inhibe a los municipios la potestad de designar empleados sin el aval del Estado provincial. 

En el año 2015 se sanciona la Ley provincial Nº 9782, que, entre otros temas, trata quien debe fijar la política salarial en el territorio provincial y qué tratamiento deben concretar los municipios para sumar agentes a su grilla salarial. Básicamente lograr acuerdo político-institucional sujeto a factibilidades presupuestarias de la Ley Coparticipativa y de acuerdos salariales, impositivos y previsionales que contempla el ente Nacional. 

El actual gobierno municipal de extracción radical, desde que asumió en diciembre de 2019, viene sumando y variando categorías en su plantel de empleados y funcionarios sin acordar con la provincia la solvencia económica para soportar los salarios de esas designaciones y recategorizaciones. Más allá de que se está violando una ley, Brizuela Y Doria, luego de la fuerte derrota sufrida en las PASO, estaría aplicando la demagogia pre electoral para afectar la gestión de Quintela, trasladándole un problema financiero al gobierno provincial. “O nos está extorsionando o es una irresponsable”, dicen en el entorno del gobernador.
Esta situación generó, además, el enojo de los 17 intendentes restantes que no pueden aplicar medidas similares limitados por la misma ley. 

“No estamos en contra de mejorar la jerarquía de los trabajadores, nada más lejano a ello, pero sí creemos que debe ser de manera responsable, consensuada y gradual sin afectar las arcas de la provincia”, aseguró el gobernador. 

La Ley 9782 dice: 𝐀𝐑𝐓𝐈́𝐂𝐔𝐋𝐎 𝟏𝟎°.- 𝐋𝐚 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐟𝐢𝐣𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐞𝐫𝐞𝐬, 𝐢𝐧𝐜𝐥𝐮𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐨𝐭𝐨𝐫𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐳𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨, 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 (𝐀𝐍𝐒𝐞𝐒) 𝐲 𝐥𝐚 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐏𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨𝐬 (𝐀𝐅𝐈𝐏) 𝐚𝐥 𝟑𝟏 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟒. 𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐚 𝐟𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬, 𝐩𝐨𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐬𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭𝐚𝐬 𝐫𝐚𝐳𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚. 𝐋𝐨𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐧 𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐞 𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐚 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐮𝐭𝐚𝐬, 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐳𝐜𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐨.

La ley de coparticipación vigente resguarda la política salarial en el gobierno provincial, en base a la nómina salarial de Diciembre 2014. Las designaciones posteriores a esta fecha no están siendo reconocidas sin debida autorización del ejecutivo provincial, y en caso de concretarse, cada municipio deberá hacer frente con recursos propios. Si bien no está taxativamente prohibido, deja expresamente claro que “podrán incrementarse atendiendo a estrictas y justificadas razones de servicios, y previa autorización de la Función Ejecutiva provincial”.

La gestión actual de la Intendenta Ines Brizuela y Doria viene realizando aproximadamente 1000 designaciones irregulares de conformidad a la ley 9782 llevando a planta municipal un total de casi 10 mil agentes, entre diversas variantes de contratación. 

El gobierno municipal no cuenta con recursos propios para afrontar este nuevo compromiso salarial, generando en los agentes municipales una situación de incertidumbre y zozobra, al no saber cómo hará para sostener una grilla de sueldos a 6000 agentes de planta, 500 funcionarios y unos 3500 precarizados sin autorización del ejecutivo provincial.

A menos de 20 días de la fecha de cobro, los empleados municipales designados, tienen ya decretos firmados por la Intendenta, anuncios públicos, actos políticos/ institucionales con funcionarios, pero nada dice de la existencia de recursos para el pago de estos salarios.

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