La eliminación de la Secretaría de Hábitat decretada por el gobierno de Javier Milei generó una andanada de llamados de funcionarios provinciales e intendentes que tienen obras en ejecución y viviendas a medio terminar en todo el país.
De manera oficial las autoridades -que están con los días contados- sostienen que los proyectos están bajo análisis pero a algunos jefes territoriales ya les comunicaron que el Gobierno no tiene previsto terminarlos ni girar los fondos que se acumulan por deudas a los proveedores desde fines de 2023.
Si las provincias lo desean, podrán firmar un acuerdo de transferencia y hacerse cargo de las casas sin terminar con recursos propios. Son casi mil los proyectos en ejecución paralizados con un presupuesto de 490.000 millones de pesos.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
En total son 96.000 viviendas en ejecución que, de haberse cumplido con los plazos establecidos, 48.000 deberían estar terminadas. “Van a ser miles de elefantes blancos en todo el país”, alertan en los municipios. Las obras abandonadas corren riesgo de ser intrusadas, vandalizadas y convertirse en focos de inseguridad, observan los intendentes.
En paralelo casi todos los gobernadores habían firmado un acuerdo marco de vivienda que nunca fue pagado. El compromiso implicaba la cesión de las viviendas para ser terminadas con fondos locales pero el Estado Nacional se comprometía a pagarles el 30%. Por eso ayer el boletín oficial y el tweet del ministro Federico Sturzenegguer encendieron las alarmas.
“La construcción de viviendas, en todo caso, podrá ser un resorte que elijan usar provincias o municipios, aunque, digamos todo, las provincias hace rato también lo abandonaron cuando desviaron los recursos del Fonavi para gastos generales de administración”, twitteó.
400.000 trabajadores en riesgo
Son 400.000 empleos indirectos los que se afectan. En año electoral la reactivación de la construcción de vivienda puede ser determinante en ciudades de todo el país y un dinamizador de la economía. Los 500 empleados de la secretaría fueron despedidos y hoy avanzan con negociaciones para, al menos, poder integrar los equipos transitorios. Hacía un año que el área estaba paralizada.
Sturzenegguer los había acusado de no tener tarea asignada. “El cierre de la Secretaría permite importantes ahorros en personal (eran cientos de personas sin tarea real)”, comentó.nEn paralelo, el gobierno seguirá recaudando más de 5 mil millones de pesos por mes de quienes pagan sus cuotas del procrear.
MÁS INFO
“Para resolver el problema habitacional de nuestro país, que lleva décadas y que los gobiernos anteriores no pudieron resolver, la solución no es construir viviendas en lugares disfuncionales que, además de ser programas que abren la puerta a la corrupción y al clientelismo político, tienden a dejar a sus habitantes desconectados del mercado laboral”, criticó el Ministro. El gobierno ya había cerrado el Procrear y el fondo fiduciario para la vivienda social por decreto y había recortado el Fondo de Integración Socio Urbana, que sigue en pie.
Cerrar sesión