Mientras Claudio Poggi sostiene un discurso alineado al Gobierno nacional con respecto al financiamiento público, el sistema sanitario de San Luis atraviesa un escenario de creciente preocupación por la salida sostenida de médicos, enfermeros y otros profesionales de los hospitales provinciales. A los reclamos por mejoras salariales y laborales se suman denuncias de persecución política y cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Salud, mientras los trabajadores advierten que la falta de respuestas agrava la crisis del sistema sanitario.
Según explicó la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), Miriam Porter, en comunicación con El Destape, el conflicto se mantiene desde hace al menos dos años con la asunción de Poggi como gobernador de la provincia. Los gremios reclaman una recomposición salarial y la regularización de numerosos profesionales que continúan desempeñándose bajo la modalidad de monotributo.
La representante gremial de los trabajadores de la salud describió que el origen del deterioro salarial se dio con los picos inflacionarios del verano de 2024. "Cuando fueron los picos inflacionarios, en diciembre, enero, febrero, marzo, nosotros estuvimos totalmente congelados. Nuestro salario no tuvo ningún tipo de incremento, menos acompañando la inflación de esos meses. Fue terrible", sostuvo. A eso se sumó un problema adicional: "Se nos desdobló el salario, en diciembre del 2023 y en enero del 2024".
Cabe destacar que ese congelamiento se extendió entre cinco y seis meses. "Hasta aproximadamente mediados del 2024 se comenzó a dar algún tipo de aumento, acompañando la inflación en algunos casos. Pero no hemos podido recomponer ese salario perdido, y la pérdida del poder adquisitivo es altísima", remarcó.
Sobre los incrementos actuales, cuestionó tanto el monto como la modalidad: "Nos van dando algún tipo de aumento, a veces en dos cuotas, en tres o en cuatro, como en el caso de este último del 20 por ciento, que se está dando en cuatro cuotas del 5 por ciento mensual, aduciendo que están por encima del índice inflacionario, pero olvidando que nosotros tenemos un desfasaje que todavía no se alcanza a cubrir".
Recategorizaciones frenadas y violencia laboral
Otro de los reclamos sin respuesta es el de las recategorizaciones. Porter explicó que hay técnicos con título de licenciado que cobran por debajo de sus funciones: "Su matrícula es de licenciado, su trabajo es como licenciado, pero su salario es de técnico. No están haciendo lugar a los pedidos que hemos hecho". La situación alcanza también a odontólogos y bioquímicos, cuyas recategorizaciones fueron solicitadas "por las incumbencias y las competencias" sin obtener respuesta.
La justificación oficial, según el gremio, se apoya en el Decreto Provincial N° 150-SGG-2023, el cual declaró la emergencia pública económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad en San Luis. "Todo se basa en ese decreto que dice que no se tiene dinero. Cuando nosotros estamos viendo que el dinero está, pero está para otras cuestiones, evidentemente no para la salud", cuestionó.
Consultada sobre las denuncias de persecución y hostigamiento en hospitales y centros de salud, la dirigente confirmó que el gremio interviene de manera activa: "Estamos trabajando fuertemente sobre el tema de violencia laboral. Estamos haciendo presencia en distintos lugares donde acontece algún hecho que pueda ser encuadrado dentro de este marco". Y describió el vínculo con las autoridades: "Lo que se está viendo de parte de las autoridades es la exigencia de un montón de cuestiones. Siempre decimos que traten de tener un poco de consideración, porque se la pasan exigiendo y realmente no hay del otro lado el beneficio".
MÁS INFO
El tercer eje del conflicto es la pérdida de recursos humanos. Porter advirtió que el fenómeno tiene una particularidad que agrava sus consecuencias: buena parte de los profesionales que se van no migran al sector privado local, sino que abandonan la provincia. "La mayoría vino de otros lugares, y al mejorar un poco la condición en su lugar de residencia original, directamente se vuelve. Entonces no solamente lo estamos perdiendo de la parte pública, sino que lo estamos perdiendo directamente del territorio provincial", explicó, y calificó el cuadro como "un tema alarmante" cuyas consecuencias "a largo plazo se van a ver".
En ese marco, cuestionó el eje que eligió el Ministerio para mostrar gestión. "El Ministerio de Salud está poniendo énfasis en infraestructura y aparatología, pero no completa el tema de insumos, que todavía nos está faltando, ni el tema del trabajador", señaló. El señalamiento coincide con el perfil de los anuncios oficiales recientes: en junio el gobernador Claudio Poggi firmó decretos de licitación por más de $723 millones destinados a equipamiento para el Hospital Pediátrico San Luis, el Policlínico "Juan Domingo Perón" y el nuevo Hospital "René Favaloro".
"Todas las políticas sanitarias nacen en un despacho y van hacia los efectores, que son quienes brindan la calidad de atención que necesita la ciudadanía. Si seguimos ignorando al trabajador de la salud, todas esas políticas van a quedar vacías", sintetizó.
El poroteo de cara a la Ley de Tierras
Ante la caída de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de la tierra, La Libertad Avanza (LLA) optó por retirar el capitulo 3, que vacía la ley de Tierras, para lograr obtener el acompañamiento de los bloques aliados en el Senado en la sesión de mañana.
San Luis llega a la sesión del jueves con las tres bancas repartidas de un modo que anticipa un resultado dividido: dos para La Libertad Avanza y una para el peronismo. Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta ingresaron al Senado en 2023 por la lista libertaria, mientras que Fernando Salino obtuvo la tercera banca por Unión por la Patria, hoy integrado al bloque Justicia Social Federal. Un dato que sigue pesando en la ecuación provincial: el gobernador Claudio Poggi no tiene senadores propios en la Cámara alta.
Los dos representantes libertarios aparecen consignados como votos afirmativos en todos los relevamientos previos publicados en los últimos días. Abdala, además, ocupa un lugar decisivo por fuera de su voto: presidirá la sesión en su carácter de presidente provisional, ya que Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei al exterior. En un escenario de paridad extrema, con posibilidad de empates en artículos clave, el desempate quedaría en manos del propio senador puntano.
En la vereda opuesta, Salino ya fijó posición pública y formal. Firmó el dictamen de minoría y adelantó que votará en contra, con el argumento de que la discusión no pasa por impedir inversiones sino por proteger recursos estratégicos y la soberanía nacional. "No una venta indiscriminada de nuestras tierras", planteó en declaraciones a Radio Universidad de Villa Mercedes. Ya en abril había anticipado sus reparos, al sostener que el proyecto vuelve el mecanismo de compra más expeditivo y menos controlado.
Cerrar sesión