Bordet busca la emergencia económica: los gremios se oponen y hay rechazos en el PJ

La iniciativa, que encontró fuertes reticencias, surge ante la necesidad de la administración entrerriana de incrementar sus ingresos en un contexto de crisis.

29 de junio, 2020 | 21.58

Un proyecto de emergencia pública fue ingresado en las últimas horas en la Legislatura de Entre Ríos, impulsado por el gobernador Gustavo Bordet. La iniciativa, que se enfoca en las crisis económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional que vive la provincia, es la consecuencia de la necesidad de la Casa Gris de incrementar sus ingresos, en un contexto donde la pandemia de COVID-19 y la consecuente necesidad de establecer un aislamiento obligatorio repercutieron fuertemente en los ingresos por recaudación y por fondos coparticipables.

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La iniciativa encontró rápidamente apoyo en voceros del oficialismo, que explicaron que es "progresivo " y que busca un esfuerzo de quienes más tienen. Sin embargo, y pese a que el espíritu de la idea es compartido por el arco político en general, encontró fuertes reticencias en el ala sindical. Los principales gremios de la provincia denunciaron que hay un ajuste a los trabajadores y jubilados estatales. A la par, al interior del justicialismo, el debate no está saldado, y podría haber rechazos en el voto por voto de las cámaras provinciales.

Desde el Poder Ejecutivo señalan que la ley va en línea con lo solicitado a nivel nacional por el presidente Alberto Fernández y ponen como ejemplo algunos proyectos parecidos como el de Santa Fe, donde Omar Perotti aumentó el porcentaje de Ingresos Brutos de cerealeras agroexportadoras y donde además hay un proyecto presentado por el diputado Carlos Del Frade para gravar latifundios.

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El proyecto

La norma cuenta con 10 artículos. Establece una emergencia en los ámbitos ya mencionados por el plazo de un año, con posibilidad de ser prorrogada por única vez por 180 días, si el Poder Ejecutivo así lo dispone. Los alcances aplican a municipios adheridos al sistema previsional, los tres poderes, entes autárquicos y autónomos y sociedades del Estado, bajo las premisas de "procurar a nivel impositivo, un esfuerzo colectivo, en base a la capacidad contributiva en orden a superar la crisis económica imperante en el ámbito provincial" y de "fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema".

Los artículos de la polémica son el 4 y el 6. El 4º establece un cálculo de aportes personales, fijando como piso el 16% en sueldos de hasta 75 mil pesos brutos, es decir, unos 57 mil pesos de bolsillos. De ahí en más, establece una escala: 18% de $75.001 a $100.000; 20% de $100.001 a $200.000 y 22% de $200.001 en adelante.

Por su lado, el artículo 6º establece un aporte extraordinario y solidario, durante la vigencia de la ley, que será liquidado de los haberes de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones. El objeto, indica la ley, es cubrir el déficit previsional. La escala consiste en un 4% en haberes de $75.001 a $100.000; 6% en aquellos que van de $100.001 a $200.000; 8% en la escala de $200.001 a $300.000 y 10% en ingresos de más de $300.000. Se aclara además que en el caso de percepción de más de un haber previsional otorgado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, ya sea pensión o jubilación, el monto total sobre el que se calculara el porcentaje aplicable "estará dado por la suma de ambos conceptos".

El artículo 7º avanza sobre las entidades financieras, estableciendo que "la base imponible estará constituida por el total de la suma del haber de las cuentas de

resultados, no admitiéndose deducciones de ningún tipo"; mientras que el 8º aumenta en 3 puntos la alícuota del comercio mayorista de medicamentos, llevándola al 4% y poniéndola a tono con las otras dos provincias de la Región Centro: Santa Fe y Córdoba.

En los últimos dos apartados de la ley, la administración fija un aporte extraordinario del 10% del Impuesto Inmobiliario Rural en inmuebles de más de mil hectáreas y suspende por el tiempo que esté vigente la norma cualquier incremento de haberes pactado por fuera de las paritarias, que por el momento se encuentran suspendidas por la emergencia sanitaria.

Los gremios se oponen al proyecto

El secretario General de la seccional entrerriana de la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-, Oscar Muntes, se mostró tajante a la hora de rechazar el proyecto de Bordet. "No somos solo nosotros los que nos oponemos. Hay todo un arco sindical y de organizaciones, que coincidimos en este punto. Tiene que haber modificaciones al proyecto, junto con una reforma tributaria de fondo, donde definitivamente paguen más los que más ganan. No vamos a entrar en un juego de trabajadores contra trabajadores, sabemos que la provincia necesita recuperar recursos, pero el ajuste no puede pasar por los trabajadores" señaló el gremialista en contacto con El Destape.

El dirigente además apuntó: "Informalmente nos avisaron del proyecto, pero oficialmente nunca fuimos invitados a discutirlo. Siempre pasa lo mismo, con todos los gobiernos. Hay mucha bronca, porque además da la sensación de que aprovechan el momento para sancionar leyes como estas, sabiendo que no podemos movilizarnos". Asimismo, Muntes dejó entrever que puede haber alguna acción: "Al menos simbólica, con los principales dirigentes".

En el mismo sentido se manifestó Juan Carlos Navarro, secretario General de La Bancaria en Paraná. En diálogo con El Destape, el gremialista detalló que unos 100 trabajadores activos y algunos pasivos se verán afectados por la norma, en caso de sancionarse: "Estuvimos con el ministro de Economía hace pocos días y no nos mencionó nada. Nos enteramos por los medios". Navarro tampoco descartó algún tipo de medida de protesta: "Lo que se disponga desde la Multisectorial lo vamos a acompañar. No compartimos que la variable sea nuevamente el trabajador".

"Es una ley de ajuste a los trabajadores" sentenció por su lado el secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer-, principal sindicato de maestros de la provincia. En contacto con Cara y Ceca (Radio UNER), el sindicalista apuntó que hay sectores que no están involucrados en la norma y que también podrían hacer un aporte -supermercados, por ejemplo- y resaltó que no fueron llamados en la previa al ingreso del proyecto: "Pensamos que había una instancia de diálogo social, pero nos enteramos de esto por los medios. Ojalá no salga así como fue enviada".

Desde la Seccional Entre Ríos de la Confederación General del Trabajo -CGT- también se pronunciaron en contra de la medida. En un comunicado, la central obrera manifestó "la necesidad de que no sea la masa trabajadora la que siga pagando las desigualdades generadas por las grandes corporaciones económicas y financieras". Y agregaron: "No todos sufrimos de la misma manera estos meses, y los trabajadores, después de años golpeados por las políticas de ajuste del macrismo, no podemos seguir perdiendo capacidad de poder adquisitivo, cuando hay grupos económicos que, aún en estas dificultades, han seguido ganando".

Por su lado la vocal Titular de la Seccional Entre Ríos de la Unión Personal Civil de la Nación -UPCN-, Carina Domínguez, calificó de "unilateral" la decisión de avanzar desde la Casa Gris con la iniciativa: "La historia de la provincia de Entre Ríos ha demostrado que las leyes de emergencia han sido nefastas para los trabajadores y han terminado con los compañeros en la calle, y nosotros no queremos eso".

“Fijar una jubilación de 75 mil pesos como alta es una barbarida” señaló a El Destape, Lía Zubielqui, presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia. Y agregó: “No solamente tenemos que enfrentar la pandemia, sino que además algunos jubilados, hoy, son sostén de familia, porque sus hijos o nietos no pueden salir a trabajar”.

Zubielqui señaló que los 35 centros de jubilados de la provincia se mostraron en contra de la iniciativa: “Esperamos que prime la cordura y no se apruebe esto, porque es una injusticia absoluta”.

Roces en el oficialismo

Si bien algunos dirigientes cercanos al gobernador salieron a respaldar rápidamente la norma, el debate no está para nada saldado dentro del justicialismo. El ministro de Economía, Hugo Ballay, dejó en claro que la norma también rige para funcionarios e involucra al 15% del total de la masa de asalariados provinciales -activos y pasivos-, aclarando que el Inmobiliario Rural afectaría al 3% de los que pagan ese concepto: "En este primer semestre, para el Ministerio de Salud y los hospitales, por fuera de sueldos y adicionales, se habrán transferido al 30 de junio aproximadamente 2.000 millones de pesos. Es el doble de lo que estaba presupuestado sin pandemia. Es decir, de lo que habitualmente son las partidas de subsidios a las personas de menores recursos, de las transferencias a hospitales y demás, en lugar de 1.000 millones como hubiese sido lo previsto en el presupuesto, se le enviará 2.000 millones de pesos”.

El titular de la cartera de Hacienda insistió en que los descuentos previstos abarcan a una porción relativamente baja del total de trabajadores y jubilados y remarcó que, en su espíritu, la ley busca no perjudicar a los sueldos bajos: "El gobernador ha sido muy exigente en cuanto al equipo de trabajo que se ocupó de este proyecto de ley que justamente no afectara a aquellos que menos ganan, no perjudicar a los que hoy la están pasando mal". Alcaró luego que, los fondos recaudados, serán coparticipados a los municipios. De allí, en parte, la adhesión de los intendentes justicialistas, que enviaron un comunicado a la prensa acompañando la iniciativa.

Sin embargo, al interior de la Legislatura, la discusión no está cerrada. El oficialismo busca una aprobación exprés -se intuye que el miércoles ya iría por la media sanción-, pero El Destape supo, por fuentes cercanas al bloque del peronismo, que hay un lote de legisladores que no están dispuestos a acompañar ciertos artículos del proyecto, específicamente los relacionado a aportes de activos y descuentos a pasivos. Eso podría derivar en dos caminos, siempre teniendo en cuenta que la oposición -7 radicales, 6 PRO y un peronista disidente- no acompañen la medida: que la ley no pase la Cámara Baja provincial o que sea aprobada en general, pero con un revés en ciertos apartados, en la votación en particular. Dicho de otro modo, saldría pero no completa, rumbo a Senadores.

"Es importante que los que más ganamos, hagamos un aporte extraordinario" subrayó este mediodía, Ángel Giano, presidente de la Cámara de Diputados. En esa línea también se expresó la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Stratta, luego de una reunión con el gobernador y su gabinete: "Necesitamos en este contexto una ley de Emergencia Solidaria; es decir que los sectores que siguen ganando puedan aportar y los sectores que en la administración pública cobramos más, podamos también hacer el aporte pertinente, porque de otra manera no hay forma de seguir adelante".

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