Tiempos recios

02 de mayo, 2021 | 00.05

En agosto del 2012, el Senado aprobó por 63 votos a favor y solo 3 en contra el pliego de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación. Esa casi unanimidad no impidió que tres años más tarde, apenas asumió como presidente, Mauricio Macri la amenazara, acusándola de una militancia kirchnerista imaginaria pero sobre todo, justificando con ese argumento la persecución por razones políticas y dando por iniciada la temporada de caza. 

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Como fue práctica habitual durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, los medios serios fueron partícipes necesarios de esa persecución. Las operaciones mediáticas contra la procuradora incluyeron amenazas a su hija, cuyo número de celular fue publicado oportunamente en Clarín lo que permitió que miles de fanáticos le dejaran amenazas e insultos. El indispensable juez Julián Ercolini la procesó en una de esas causas vaporosas con denuncias anónimas y pruebas imaginarias que hemos visto proliferar en estos años. Según contó el presidente Alberto Fernández, Ercolini le confesó que estaba “obligado” a procesarla. 

Como confesó el entonces ministro de Justicia Germán Garavano con encomiable honestidad: “Si nosotros no tenemos un procurador que sea respetado por sus pares y que pueda liderar este proceso de transformación siempre vamos a tener un sistema penal rengo.”

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Hoy tenemos a un procurador provisorio que renguea abiertamente contra el gobierno y considera que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente sobre nuevas medidas sanitarias en el pico de contagios de la pandemia es inconstitucional. 

En su dictamen, el procurador interino Casal le reconoce a Alberto Fernández la competencia en materia sanitaria pero pretende que se “demuestre” que el incremento de contagios de jóvenes obedece a las clases presenciales, cuando el mundo vive en una profunda incertidumbre con respecto al virus y su evolución y las únicas armas reconocidas por todos son el freno a la circulación y la vacuna masiva. 

Los ministros que dormitan en la Corte Suprema hasta ahora no han dado señales de vida. Es razonable que así sea: la emergencia de una pandemia no requiere la premura que tuvieron cuando se trató de jueces desplazados a dedo por el ex presidente Macri.

Por su lado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó una cautelar a Telecom Argentina y suspendió los artículos principales del decreto de necesidad y urgencia que declaró el año pasado como servicio público esencial a las telecomunicaciones (https://www.eldestapeweb.com/politica/telecomunicaciones/cautelar-a-favor-de-clarin-suspenden-el-dnu-que-regula-las-telecomunicaciones-20215110560). Según los jueces Luis María Márquez y Jose Luis López Castineira, el DNU afecta la libre competencia y la “rentabilidad razonable” de la empresa. Es una decisión coherente con nuestra #JusticiaFabioZerpa, de máxima creatividad, más interesada por la rentabilidad de las personas jurídicas que por el bienestar de las personas de carne y hueso, sobre todo en plena pandemia cuando están obligadas a quedarse en sus casas y ser aún más dependientes de las telecomunicaciones.

Si las cautelares lograron frenar durante 4 años la Ley de Medios hasta que un oportuno DNU de Mauricio Macri la evaporó, sin que ningún juez lo considerara abusivo, podemos imaginar el destino incierto de esta iniciativa del gobierno.

Tal vez el veloz procurador interino, los atentos camaristas de Telecom e incluso nuestra Corte Bella Durmiente estén esperando que nos demos por vencidos y entreguemos la suma del poder público a lo que sería una especie de gobierno paralelo, votado por nadie y cuyas prerrogativas eternas pueden ir incluso más allá de la vida biológica, como ocurrió con el cortesano Carlos Fayt. 

Si lo pensamos un poco, el gobierno de los jueces presenta muchas ventajas. Su carácter vitalicio no requiere de elecciones, lo que representa un notable ahorro para las arcas del Estado y genera previsibilidad de largo plazo en el manejo de la cosa pública, evitando el eterno péndulo argentino. Por otro lado, la ausencia de elecciones garantiza que el peronismo no vuelva a gobernar nunca más, evitando así la obstinación populista de mejorar la vida de las mayorías lo que siempre redunda en una menor rentabilidad para las minorías. 

Ahorro público, previsibilidad política y seguridad jurídica, ¿qué más podríamos pedir en estos tiempos recios?

Imagen: Jóvenes oficiales de La Cámpora ajustician a un traidor (cortesía Fundación LED para el desarrollo de la Fundación LED

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