Los recursos de Larreta: mala administración y falsas prioridades

11 de diciembre, 2020 | 10.54

Frente a la privatización de los activos de la Ciudad que se encuentran en Costa Salguero, cabe hacer un pormenorizado análisis de los recursos que tiene la CABA y de la falta de prioridades sociales, dentro de las cuales esos terrenos tendrían un valor de uso muy superior al valor de cambio que pretende la administración de Cambiemos en la Ciudad.

Recursos, recurros

La discusión que se ha dado este año en torno al porcentaje sobre la coparticipación federal de impuestos que debería corresponderle a la Ciudad no es sólo una discusión sobre el costo de servicios de seguridad transferidos (o asimismo de su oportunidad y conveniencia). Es un debate más profundo, que tiene que ver con pensar qué tipo de país y ciudad queremos y cómo corregir no solamente inequidades presupuestarias regionales sino imaginar cambios de fondo en la estructura económica y en la distribución poblacional.

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La Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico del país, aunque buena parte de su recaudación grave actividades productivas que se radican fuera de ella y el Estado Nacional gaste la cuarta parte de su presupuesto en la Capital Federal ($ 2,214 billones sobre un total de $ 8,395 billones previstos para el ejercicio 2021, según surge de las planillas de composición geográfica del gasto, en el proyecto enviado al Congreso por Alberto Fernández). Corresponde echar luz sobre este punto, que figura tan fuera de alcance de los análisis sobre los beneficios de CABA por ser la Capital Federal.

El desequilibrio es además notorio con los municipios del AMBA cuyos habitantes si bien consumen recursos porteños como los destinados a escuelas u hospitales (gasto que en los últimos años ha reducido considerablemente su participación en el presupuesto local, pasando la suma de salud y educación de representar un 50,53% del total en 2007 a un 32,95% en 2019) también contribuyen a la recaudación de impuestos mediante el desarrollo de diversas actividades económicas. Para darnos una idea la de las enormes distancias en términos de recursos, los $ 2.059 millones que la Ciudad gastó en publicidad en 2019 equivalen aproximadamente a la cuarta parte del presupuesto de municipios como Avellaneda, La Matanza o Tigre, a la mitad del presupuesto de Lanús, San Fernando o Morón e incluso superan el presupuesto anual de Florencio Varela, Ituzaingó o Ezeiza. Eso sí, ese monto representa menos del 1% de los recursos de la Ciudad administrada por Horacio Rodríguez Larreta.

Esto habla a las claras de la necesidad de generar actividad productiva y oportunidades de empleo en el resto del país. Pero el Gobierno de Mauricio Macri actuó en sentido contrario, no sólo aumentando la coparticipación para la Ciudad mucho más allá de lo necesario para financiar los servicios transferidos, sino también aumentando las transferencias de fondos (por fuera de ese 3,5% fijado por decreto presidencial) al distrito donde inició su carrera política. Esta clara estrategia de concentración no es valiosa para un país que precisa desconcentrarse para crecer, producir (en origen) e incluir a porciones mayores de la población en una calidad de vida digna.

Para profundizar el análisis de la discrecionalidad sobre la asignación de un ingente volumen de recursos transferidos de nación a CABA hay que destacar que existen transferencias corrientes y de capital por fuera de coparticipación. Y como si eso fuera poco, en esta suerte de mamushka de transferencias y recursos discrecionales, cabe agregar la entrega de inmuebles para la venta y la cesión de fuentes de recursos como la Lotería Nacional, que son ejemplos de transferencia de recursos que van a una Ciudad cuya gestión sigue declarando ridículamente que privatiza terrenos para solventar sus necesidades.

En efecto, la Ciudad recibió en 2015 $ 1.086 millones, de los cuales $ 373 millones provenían de la coparticipación de los derechos de exportación sobre la soja que había decidido Cristina Fernández de Kirchner en 2009 y que el macrismo, a pesar de manifestarse públicamente en contra del impuesto, jamás rechazó recibir. Al año siguiente esos recursos casi se duplicaron, alcanzando los $ 2.004 millones ($ 489 millones del Fondo Soja) y en 2019 alcanzaron los $ 10.446 millones, con la particularidad de que ese año ya se había eliminado el Fondo Soja, o sea que las transferencias en realidad se multiplicaron por quince. Todos sabemos que la inflación entre 2015 y 2019 se disparó, pero no tanto. La inflación fue aproximadamente 300% en esos 4 años, entre puntas, mientras que estos recursos monetarios discrecionales brindados a la Ciudad subieron 861%.

No obstante, cabe mencionar que no fue la única manera de transferir recursos. La transferencia de la Lotería implicó que los ingresos por juegos de azar saltaran de $ 450 millones en 2015 a $ 5.198 en 2019 (+1055%) y el producto de la venta de activos (entre ellos una serie de activos transferidos por Macri a Rodríguez Larreta para su remate) se multiplicó por ochenta y tres, pasando de $ 99 millones en 2015 a $ 8.252 millones en 2019.

Prioridades y sustento

La gran pregunta que debemos hacernos a la luz de estos números que, como dijimos más arriba, nada tienen que ver con la transferencia de servicios de seguridad, es si la Ciudad debe ser subsidiada por el Estado Nacional. Si esa forma de gastar recursos escasos tiende a agravar problemas y conflictos que deberíamos tender a solucionar.

Porque cuando miramos la estructura de gasto y recaudación y vemos su evolución a lo largo de los últimos 20 años encontramos una Ciudad cada vez más complicada financieramente, con ratios de deuda en desmejora y con una estructura impositiva cada vez más volcada a gravar el consumo en lugar del patrimonio (el último ejemplo es la idea de cobrar 1,2% de impuesto de sellos sobre el total de los consumos con tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad). Es así que los impuestos al patrimonio, que en el año 2001 representaban el 25,40% de los recursos porteños, en 2019 apenas alcanzaron el 9,47% (el ABL, por ejemplo, no alcanza a cubrir ni siquiera un tercio del costo del alumbrado y barrido de la Ciudad).

Una Ciudad que en 12 años de macrismo tuvo una sola vez superávit financiero; adicionalmente la relación deuda vs. ingresos del ejercicio siguiente pasó del 21,31% en 2007 al 47,01% en 2019, y los intereses de la deuda pasaron de representar el 1,25% del total de gastos en 2007 al 8,58% en 2019. ¿Para qué sirvió todo este esfuerzo si el norte cada vez “queda más lejos” del sur de la Ciudad?

Por eso frente a los anuncios de nuevos impuestos y a la renovada ambición de vender terrenos públicos para desarrollos inmobiliarios privados (como es el caso de los terrenos de Costa Salguero), lo que cabe preguntarse es si los problemas de recaudación tienen realmente que ver con una reducción de la masa de recursos federales (como hemos visto, aumentada muy por encima de necesidades de financiamiento de traspaso de servicios) o con una estructura de gasto en la que los negocios privados vienen drenando ingentes dineros públicos.

La avidez constante de poner terrenos a la venta no parece vinculada a ponernos a todos a la sombra de altos edificios al estilo Manhattan, sino a una desesperada necesidad de fondos que se deriva de una mala administración: con todo el aumento de recursos que la Ciudad recibió entre 2016 y 2019, el déficit financiero alcanzó el equivalente al 10,15% del total de gastos en 2016 (un récord que incluso superó el 7,88% que se produjo con el estallido de la economía en 2001), el 6,96% en 2017 y el 5,15% en 2019. Hablan de déficit en términos del manejo fiscal nacional, pero esconden las inconsistencias enormes que han generado en la administración de la Ciudad. Es cuanto menos una linda falta de honestidad intelectual.

El tema es que la Ciudad tiene problemas que van desde el abandono de las obras de extensión de la red de subte al enfoque en materia de vivienda y espacios verdes, y en todos tiene una fuerte incidencia la estructura de recaudación y de gasto que se ha ido consolidando en los últimos años. ¿Hay que resignarse a aceptar que un distrito que gastó $ 10.000 por habitante en 2019 por su servicio de recolección y reciclado o disposición de residuos reduzca la cantidad de días en que se recoge la basura? Tal vez habría que poner la lupa en el fenomenal negocio privado.

La Ciudad de Buenos Aires tiene una preocupante falta de espacios verdes. Quedó claro en esta pandemia de Coronavirus: cuando autorizaron salir a correr, no había adónde. Además debemos tener en cuenta que lo que se construiría en Costa Salguero probablemente corra la misma suerte que Puerto Madero (edificios semivacíos adquiridos por inversores como reserva de valor). Una mezcla explosiva de mala administración y de una concepción del Estado al servicio de negocios privados de corto plazo (que impactan negativamente en la calidad de vida del conjunto a largo plazo), que se monta sobre una genuina discusión sobre el reparto de los recursos federales pero que la utiliza como ariete para seguir profundizando desigualdades que no sólo enfrentan a la capital de país con las provincias sino que además ahondan la distancia entre los propios habitantes de la Ciudad. La Ciudad necesita más que sus activos sean para el conjunto de los porteños y sus visitantes, como por ejemplo en espacios verdes, integrando el tejido urbano, mejorando accesos para todos y todas con integración de los vecinos del sur porteño. A modo de cierre, cabe destacar que, sin perjuicio de todo lo escrito en este pequeño artículo, que abre el debate en muchos aspectos, no es un problema de fondos, es un problema de prioridades políticas.

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Hernán Herrera

Lic. en Ciencia Política. Especializado en Política Económica. Gestión de políticas de calidad. Ex vicepresidente de IEASA (ex ENARSA). Miembro de Fundus.

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