Empresas recuperadas, asociaciones de consumidores y sindicatos pidieron a la Justicia porteña que frene el aumento de tarifas ordenado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ejecutado en el marco de la política económica del Gobierno nacional.
Se trata de "aumentos desproporcionados e irrazonables" que, por su dimensión económica, se vuelven "de imposible cumplimiento", señalaron las organizaciones de cooperativas que fueron salvadas de la quiebra en los últimos años. "Esto nos deja al borde del cierre", advirtieron en el escrito que fue presentado este mediodía ante Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 y que representa a más de 60 mil trabajadores sin contar a los afiliados de ATE Capital y la Federación Gráfica Bonaerense, que se sumaron a la presentación judicial.
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"Dado que los daños ocasionados se están produciendo en este mismo momento, resulta indispensable el dictado de una medida cautelar inmediata que suspenda los efectos de los actos administrativos atacados hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión planteada, con el fin de evitar que una futura sentencia favorable resulte abstracta en virtud de los daños ya ocasionados, que serán de imposible o muy dificultosa reparación ulterior", advirtieron los representantes de las empresas recuperadas de todo el país, que se despliegan en los distintos sectores de la economía.
El documento, que tiene cuarenta y cinco páginas y que también denuncia al Ente Nacional Regulatorio de la Electricidad (ENRE), lleva las firmas de los representantes de la Asociación Civil Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente (Modecuna), la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Federación de Cooperativas de Trabajo Unidas (Fecootraun), la Federación de Cooperativas de Trabajo (Federart) y la Federación de Cooperativas de Trabajo por la Economía Social (Fetraes). También sumó el respaldo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CDP Capital Federal, la Federación Gráfica Bonaerense y varios diputados nacionales, como Andrés Larroque, Axel Kicillof, Carlos Heller y Nilda Garré; y legisladores porteños, como Carlos Tomada, Paula Penacca, Pablo Ferreyra y José Campagnoli.
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El escrito es parte de una política destinada a visibilizar el impacto económico y social que tiene la quita de subsidios y aumento de tarifas, definidas en un sólo movimiento, que generó facturas de energía eléctrica y gas que se multiplicaron hasta por siete. Esa suba en los costos operativos de cualquier empresa se combinó con el encarecimiento de los insumos importados -que usan las gráficas y las metalúrgicas, entre otras- y la caída del consumo que llegó hasta el 50 por ciento, que registraron las recuperadas.
Esa combinación también la viven las pequeñas y medianas empresas, que en los últimos seis meses observaron una caída de la actividad del 24,5 por ciento, según detalló la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) en base a un relevamiento realizado sobre 210 empresas. "Se prevé que durante el segundo semestre del año esta tendencia se acentúe debido a que varios sectores han manifestado que sus compradores no han realizado nuevos pedidos en virtud de remplazarlos por productos importados", evaluó la central fabril.
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Al fundamentar los cuestionamientos al tarifzo, las empresas recuperadas señalaron que la Resolución N° 6/2016, que el Ministerio de Energía emitió el 25 de enero pasado, donde se definió la quita de subsidios se hizo sin audiencia pública previa, como lo prevé la ley. Esa decisión, que implicó un de entre el 180 y 280 por ciento, que fue trasladado a la tarifa de los usuarios sobre la base de la denominada "demanda de potencia", dejando afuera de la consideración a los grandes usuarios de energía y sin tomar en cuenta para qué era esa energía.
La siguiente medida fue el 27 de enero del 2016 mediante la Resolución 7/2016. Allí se definió la implementación de la tarifa social, la mensualización del servicio que era bimestral y se dejó sin efecto el PUREE (Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica), que era un sistema de incentivos a la reducción del consumo a través de un mecanismo de bonificaciones y cargos adicionales.
También cuestionaron la Resolución N° 1/2016 del ENRE, publicada en el Boletín Oficial el primero de febrero pasado, donde se modificó el cuadro tarifario de Edenor y Edesur y se convalidaron amentos de entre el 500 y el 700 por ciento, según el nivel de consumo de los hogares particulares (desde 300 a 1000 kws). "De este cuadro, lo llamativo es que los hogares que consuman más de 1000 kws. por bimestre se verán 'beneficiados' con un menor aumento porcentual, pues en este caso no se llega al 500 por ciento", advirtieron.
"La suba de la tarifa de 500 por ciento debe medirse en comparación con el 24 por ciento de aumento salarial promedio obtenido este año por los trabajadores, al que además ni siquiera acceden todos los trabajadores, dado que un 35 por ciento de ellos se desempeña de manera informal y precaria", subrayaron las empresas recuperadas y sindicatos en su presentación ante la jueza Macarena Marra Giménez.
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