Miles de personas pobres perderán su tratamiento de diálisis por falta de pago del Gobierno

30 de agosto, 2018 | 09.39

La crisis también se extiende al sistema de salud: más de 1500 personas humildes que reciben los beneficios del programa federal Incluir Salud (ex ProFe) ya no podrán realizarse el tratamiento de diálisis, ya que el Gobierno les debe 250 millones de pesos a unos 200 centros privados de todo el país. Si esto no se resuelve, esos pacientes podrían morir.

Según denunció la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), hace más de un año que la gestión de Cambiemos dejó de pagar lo que corresponde al programa, lo cual afecta de forma directa a la salud y la vida de las personas que se tratan en aquellos centros privados alrededor de tres veces por semana.

“El tratamiento hace que el paciente se mantenga con vida. Dejás de dializarlo y en cuestión de semanas pierde su vida. Es una enfermedad extremadamente grave que pone en juego la vida del paciente”, alertó Darío Zapata, titular de CADRA, en diálogo con Real Politik.

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En este sentido, el especialista indicó que el tratamiento es de "tres veces por semana por sesiones de cuatro horas”, a las cuales estas 1500 personas pueden acceder de manera gratuita gracias a Incluir Salud.

“Hay costos fijos extremadamente altos, con insumos importados. Si tuviéramos un ajuste valor dólar, podríamos. Pero si aumentó el 51% y nos proponen el 20%, con el atraso del año anterior, estamos en una situación de precarización tremenda”, advirtió Zapata.

En este sentido, explicó que “el desfinanciamiento que sufren los centros de diálisis del país se debe, entre otros motivos, al desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones”.

Incluir Salud, que antes se llamaba ProFe, este año pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud, que garantiza el derecho al acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

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