El gobierno de Mauricio Macri decidió salir al recate de la empresa Edenor con una nota de crédito por una cifra que, estiman en el mercado, alcanzaría los 1.300 millones de pesos. El rescate fue implementado a través de una nota de crédito entregada por la estatal Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a la firma que conduce el empresario Marcelo Midlin.
La mayor distribuidora eléctrica del país iba a caer en el causal de disolución si seguía con déficit patrimonial, lo que significaría la pérdida de la concesión, publicó hoy el diario El Cronista. Edenor tiene la concesión en el noroeste del Gran Buenos Aires (GBA) y al norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que comprende una superficie de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de siete millones de habitantes.
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La compañía, propiedad de Mindlin, estaba a punto de caer en causal de disolución si en el balance anual que se conocerá seguramente la semana próxima, presentaba resultados con patrimonio neto negativo.
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Si bien en el ejercicio correspondiente al período comprendido entre enero y septiembre pasados ya había informado sobre esta situación, lo cierto es que si también incurre en patrimonio neto negativo en el balance anual debería disolverse. Para evitar este escenario, el Gobierno acaba de acudir en auxilio de Edenor: la empresa estatal encargada de administrar el mercado mayorista energético le entregó a la distribuidora una
nota de crédito por una suma que en el mercado estiman es cercana a los 1.300 millones de pesos, publicó el matutino.
Si bien no habrá fondos frescos girados a la cuenta de la distribuidora, la nota de crédito le servirá a la empresa como ajuste contable que volcará al balance de los doce meses correspondientes a 2016. De este modo, se disipará la posibilidad de disolución societaria y la eventual pérdida de la concesión que pesa sobre las operaciones de Edenor desde hace tres meses.
Pero al no ser un subsidio sino un crédito, la compañía deberá devolver el dinero en varias cuotas y una vez que lo disponga en Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) y que la Justicia defina, con un fallo de fondo, la situación de las tarifas energéticas.