Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau le reclamaron al presidente de la Bicameral de Inteligencia, Juan Carlos Marino, que con “con carácter urgente” cumpla con lo solicitado hoy por la Corte Suprema de Justicia y "certifique que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no realiza tareas de investigación criminal" por fuera de lo solicitado para asistir a magistrados judiciales.

En una dura acordada, el Tribunal Supremo apuntó contra las escuchas ilegales y exhortó a la Bicameral de Inteligencia para que garantice que la AFI "no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las expresas y específicamente solicitadas como requerimiento de asistencia por los magistrados judiciales".

Además, exigieron que toda comunicación que la Comisión intercambie con la ex SIDE, relacionada con esta acordada de la Corte, sea notificada y consensuada con los diputados que presentaron el escrito.

Hoy la Corte aseguró que "la interceptación de comunicaciones es una medida judicial de investigación excepcional. Será ordenada con criterio restrictivo atendiendo de forma especial a su razonabilidad para el esclarecimiento y resolución del delito".

Además, estipuló que "la orden judicial será fundada y no podrá ser otorgada con base en términos genéricos. No podrá estar destinada a obtener información indeterminada en pos de una necesidad genérica y abstracta de prevenir o descubrir delitos". Una vez finalizado el procedimiento, sostuvo el Tribunal, "los registros de sonido de las comunicaciones y las transcripciones que se hubieren realizado serán puestos a resguardo del acceso público. No podrá accederse a éste a ningún fin, sino por orden judicial y por razones justificadas.

En especial, los cinco jueces supremos hicieron foco en la difusión de las escuchas entre presos kirchneristas y sus abogados: "La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio" y remarcaron que "el respeto o la violación de la privacidad es uno de los síntomas que permiten diferenciar a los sistemas democráticos de los regímenes autoritarios y/o totalitarios".

En base a esas conclusiones, que son más amplias, exigieron que la Bicameral de Inteligencia garantice que la AFI no realiza tareas de investigación criminal ajenas a las solicitadas por magistrados.