En tan solo un año de gestión, muchas de las medidas económicas de Mauricio Macri terminaron en la Justicia. Desde el tarifazo hasta el acuerdo con Qatar, pasando por el blanqueo de capitales, el Poder Judicial imputó al Presidente por considerar la posibilidad de que existan delitos cometidos en estos pocos meses de gobierno.
Una de las decisiones judicializadas no fue tomada por Macri funcionario, sino en su época de empresario. Los Panamá Papers fueron el primer gran escándalo de Cambiemos cuando saltaron a la luz. El diputado Darío Martínez radicó la denuncia en el Juzgado de Sebastián Casanello en abril. Tras las numerosas ampliaciones presentadas al fiscal Federico Delgado donde explica el lavado de U$S 9,3 millones, el jefe de Estado se encuentra imputado. Gracias a una investigación de El Destape, hasta el momento se pueden contabilizar 30 offshores vinculadas a la familia presidencial.
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También en abril se inició la denuncia por dólar futuro, en la que el fiscal Jorge Di Lello imputó al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Un grupo de 10 legisladores nacionales encabezados por Héctor Recalde le adjudicaron al titular del BCRA las pérdidas multimillonarias en esos contratos por haber decidido la brusca devaluación del dólar.
En junio los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Tailhade denunciaron a Juan José Aranguren por el tarifazo y la importación de gas a Chile en la que benefició a su propia compañía. El ministro de Energía viola la Ley de Ética pública por ejercer la función pública seis meses después de dejar la presidencia ejecutiva de Shell y haber mantenido acciones de la compañía hasta el segundo semestre. La norma precisa que deben pasar tres años para que no existan incompatibilidades.
En diciembre Recalde y otros cinco compañeros de bancada de Diputados demandaron a Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay y Federico Sturzenegger por la descontrolada emisión de Letras del Banco Central. Si bien la fiscal María Paloma Ochoa pidió su imputación, el juez Daniel Rafecas entendió que las Lebac constituyen una herramienta de política económica, por lo que no pueden ser juzgados, y desestimó la causa.
Por la ampliación del blanqueo de capitales a familiares por decreto, fueron imputados Mauricio Macri, Marcos Peña y Alfonso Prat Gay. La decisión administrativa que modifica una ley del Congreso queda a medida de la familia presidencial y sus hasta ahora 30 sociedades en paraísos fiscales. La acción la inició la diputada Victoria Donda ante el Juzgado de Ariel Lijo y con el seguimiento de la Fiscalía de Guillermo Marijuan.
El último escándalo que llevó al Gobierno a la Justicia fue el memorando con Qatar, con el que El Destape mostró que se llevará dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a una sociedad offshore. En el medio de las negociaciones, funcionarios desviaron información confidencial al ex tenista Gastón Gaudio y al empresario Diego Nicolás Rosendi, lo que llevó al titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez, y a los legisladores Guillermo Carmona y otros cinco miembros del FPV a incluirlos en la denuncia penal. Rafecas debe girarle la documentación a la fiscal Ochoa, por lo que esta semana decidirá si imputa a Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Susana Malcorra, Horacio Reyser, Emilio Basavilbaso, Luis María Blaquier, Gaudio y Rosendi.
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