El Gobierno nacional autorizó la prórroga de jurisdicción en los juicios que tenga el Estado en su contra dentro del marco de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP). Esto conforma un fuerte condicionamiento para los próximos gobiernos que quedan así rehenes de estos contratos, muchos con cláusulas leoninas.
Según el decreto 1039/2018, se aprueba en los contratos PPP la inclusión de cláusulas "que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales extranjeros con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958), en los casos que el o los beneficiarios de éstos sean residentes en el exterior".
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Argentina firmó esta convención en 1958, pero recién entró en vigor en junio de 1989, en los últimos días del gobierno de Raúl Alfonsin. Entre los países donde Argentina podría recibir una demanda se encuentran los Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Italia, Alemania, los Países Bajos, Francia, Japón, España y China, entre otros.
La prórroga ya comenzará a aplicarse en el Proyecto “Red de Autopistas y Rutas Seguras – Etapa 1”, que incluye la concesión de 3.300 kilómetros de rutas en La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
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