Cristina no volverá a vivir a su departamento porque desconfía de lo que pasó en el allanamiento

26 de agosto, 2018 | 21.00

La decisión del Juez Claudio Bonadío de no permitir al abogado de la ex presidenta ser testigo del allanamiento no es solo una discusión legal, se trata de un tema de seguridad de Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina piensa que el juez no permitió que el doctor Carlos Beraldi presencie el allanamiento para que el personal policial y del juzgado pudiera actuar a sus anchas, sin ningún impedimento. Si bien en la casa había dos testigos, la ex presidenta no se fía de ellos. En su casa de Santa Cruz se pudo descubrir que los testigos elegidos eran militantes de Cambiemos. A los de Recoleta no se los conoce.

La ex presidenta se pregunta qué hicieron 40 hombres durante catorce horas en su propiedad. Para qué necesitaron tanto tiempo.

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Cristina está convencida de que, como mínimo, le plantaron micrófonos y cámaras en su departamento, una violación a su intimidad más, que se sumaría a las escuchas a Oscar Parrilli que la involucraban y las fotos que ayer mismo publicó Clarín sobre su casa en Calafate.

Especialistas en electrónica le han señalado que en la actualidad el Gobierno dispone de aparatos de vigilancia indetectables. Es decir, que es inútil hacer una revisión del departamento, porque no los van a encontrar. Son microscópicos e indetectables, por lo menos para la tecnología que la ex presidenta podría contratar.

Por otra parte, ahora la policía conoce su casa con precisión. Donde duerme, dónde está cada ambiente. Esta situación se suma al espionaje de hombres de la AFI en la puerta del Instituto Patria.

Cristina no suele hablar del tema, pero muchos piensan que el hecho de que el gobierno no logre su desafuero y así siga en carrera para la presidenta puede alentar a “algunos” a atentar contra quien hoy es ganadora en todas las encuestas.

Dado el rápido deterioro de las instituciones, ninguna teoría es descartable.

Este fin de semana, el editorial principal de La Nación pidió que se disminuya su custodia.

Así, la decisión del Senado de permitir los allanamientos sin ninguna salvaguarda, como había reclamado la ex primera mandataria, derivó en que ya no pueda vivir con tranquilidad en su hogar.