La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia penal contra la financiera Arpenta y confirmó que los controles al dólar blue empezarán a desarrollar su pata judicial. Tal como adelantó El Destape, el Gobierno busca generar un caso de referencia para futuros operativos y difundir el endurecimiento de las políticas fiscalizadoras.
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La denuncia presentada por la Procelac se basó en un texto que elaboró la UIF. El organismo encabezado por José Sbatella recomendó mantener secuestrados los casi $50 millones que había en las oficinas de la entidad que fue allanada el 22 de octubre y avanzar con la denuncia, las medidas de prueba y la solicitud de las medidas cautelares necesarias.
Según la conclusión oficial el dinero se encontraba "rodeado de irregularidades en el modo de custodia y conservación", ya que se trataba de cajas de seguridad sin identificación alguna y verbalmente adjudicadas a los socios o una tercera sociedad sin documentación respaldatoria.
"Lo más sospechoso de ello se encuentra precisamente en el evidente apartamiento de las normas básicas sobre prevención del lavado de activos, a pesar de la especialización y conocimiento en materia financiera que debieran tener las personas implicadas", subraya el documento, con lo que las personas investigadas podrían estar tipificadas en el artículo 303 inciso 3 del Código Penal. Las penas pueden ir de 3 a 10 años de prisión y multa de dos a diez veces del monto de la operación investigada.
El caso de Arpenta surgió del operativo que el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la UIF realizaron en las oficinas de la firma en la calle San Martin 344 de la Ciudad de Buenos Aires. En ese domicilio los inspectores encontraron máquinas contadoras de billetes en funcionamiento, movimiento de personas y 48 cajas de seguridad. Sólo 10 fueron abiertas voluntariamente por empleados de la firma, que sostuvieron que eran utilizadas en forma gratuita y sin contrato por los titulares de la firma, Héctor Scasserra y Miguel Iribarne, y una serie de clientes (sólo identificaron a Carlos Enrique S.A), amigos y familiares.
Frente a esto, funcionarios del BCRA solicitaron una orden de allanamiento que fue dispuesta por el juez Rafael Caputo y que permitió detectar dinero tanto nacional como extranjero."Estamos preparando operativos en todo el país con el mismo eje. La idea es quedarnos en los lugares para certificar cómo evolucionan los negocios que quieren hacer pasar como legales", sostuvo en esa línea una fuente oficial.
El plan se armó a partir de la experiencia de anteriores fiscalizaciones en las que los agentes se quedaron en los lugares físicos y, por ejemplo, estructuras de 8 pisos pasaron a tener un ritmo de negocios que no coincidía con el espacio y los empleados disponibles. "No estaban las pruebas pero de repente tampoco había clientes, no entraba nadie. El objetivo ahora es encontrar las pruebas y poder probarlo ante la justicia", agregaron desde el gobierno.
Otra de las ideas que toman fuerza entre los organismos fiscalizadores del gobierno es que los bancos tienen relaciones con cooperativas marginales y cuevas para decantar por ese costado negocios por fuera del sistema legal. Según comentan, esa "gran masa de dinero" que mueve el mercado negro es "muy difícil de detectar", pero la presión constante y presencia podría establecer un límite que desincentive la canalización por ese costado.
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