El gobierno de Cambiemos se fue dejando una inflación minorista del 53,8%, la más alta desde la hiperinflación de 1989/1990. Ese número revela que hasta tanto no se restablezcan los equilibrios macroeconómicos desmadrados por la gestión amarilla y se arribe a un programa financiero que haga compatible el pago de la deuda pública con el crecimiento económico, la Argentina vivirá en una economía regulada.
Una de las aristas de las regulaciones es la existencia de precios administrados que permitan a los agentes económicos tener un horizonte de certezas para sus decisiones de producción e inversión, y a la vez al pueblo consumir sin temores.
La fijación del tipo de cambio mediante un sistema de controles sobre la demanda de divisas y el congelamiento de tarifas establecen dos anclas sobre el nivel general de precios, pero las mismas pueden ser insuficientes si la tracción a la suba se produce en el sector alimentario. El gobierno ha respondido a ese desafío con la implementación del programa Precios Cuidados.
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El sistema de precios cuidados apunta a asegurar una canasta básica de consumo alimenticio que beneficia a los sectores de recursos bajos y medios/bajos, pero también obra como tercer ancla sobre el segmento de alimentos.
Ahora bien, las tres anclas descriptas: cambiaria, tarifaria y canasta básica, cumplen su cometido en la medida en que la brecha con la evolución del nivel general de precios no se amplíe y menos en un plazo corto.
El programa antiinflacionario del gobierno entonces descansa sobre la efectividad de esas tres decisiones para anclar el conjunto de los precios de la economía y es en este punto donde se abre un interrogante sobre los resultados positivos en un horizonte temporal superior a un año. La pregunta a formularse es si en el marco de una economía regulada administrando sólo algunos precios puede alcanzarse un sendero de expansión del nivel de actividad sin rebote inflacionario.
La respuesta está en el comportamiento que adoptarán los formadores de precios en los insumos difundidos oligopolizados y/o las cadenas de comercialización también oligopolizadas. La iniciativa original de un pacto social que obrara como un plan de estabilización de las variables y permitiera que una política de ingresos potente facilitara un shock de consumo interno generalizado todavía no se ha implementado.
Sabemos que para los agentes económicos más poderosos, el cálculo de costos no es un determinante de la fijación del precio, sino la maximización de la rentabilidad, cualquiera sea el numero de unidades producidas y/o vendidas. Por ende, las anclas cambiaria, tarifaria y de canasta básica son útiles para mejorar los ingresos populares más bajos, pero en un contexto de economía regulada sin equilibrios macroeconómicos, pueden estar potenciando la maximización de las ganancias de los más poderosos en detrimento del nivel de ingresos medios.
Es cierto que el gobierno enfrenta el desafío simultáneo de cerrar la brecha externa y fiscal en línea con una expansión económica que revierta el abismo macrista.
Un modo de hacerlo es extendiendo el programa antiinflacionario a un conjunto más amplio de precios, de modo que la maximización del beneficio se alcance por mayores niveles de producción.
Este esquema, además de impulsar la creación de puestos de trabajo, impide que la política de ingresos del sector formal de la economía se estrelle contra la inflación.
Dólar y tarifas administrados mejoran el poder adquisitivo de los ingresos populares pero también pueden ampliar las ganancias empresarias si no se regula adecuadamente la relación precio-costo-producción.
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