El abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, adelantó a El Destape que ampliará las denuncias que presentó en la Justicia por "aprietes políticos" del presidente Mauricio Macri contra el Poder Judicial para lograr la detención de los camioneros.

El aporte clave será que el juez que desestimó el pedido de detención contra Pablo Moyano, Luis Carzoglio, denunció aprietes de parte del Poder Ejecutivo para detener a los dirigentes camioneros. Según manifestó en El Destape Radio, dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se reunieron con él para manifestar el interés de Mauricio Macri en la causa.

Llermanos realizó diferentes presentaciones este año para denunciar el tráfico de influencias en las causas que involucran a los Moyano, incluso contra el Presidente de la Nación porque, explicó Llermanos, “Macri tenía esta misma voluntad (de lograr las detenciones), daba la orden y me serví de imputar al Presidente por el delito de tráfico de influencias”.

Según denunció el abogado, estos aprietes no sólo alcanzaron a la causa Independiente, por la cual Pablo Moyano está acusado de ser líder de una asociación ilícita con la barra brava del club de Avellaneda, sino “todas las causas, pasó por todas las Fiscalías y juzgados”, aseguró.

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Estas presentaciones judiciales, dos correspondientes al mes de marzo de 2018 y otra a octubre de este año, serán ampliadas la próxima semana en base a la confirmación de presiones por parte de Carzoglio. Según dijo el juez a El Destape Radio, "dos funcionarios reconocidos de la AFI se reunieron conmigo en mi oficina y me dijeron que el Presidente estaba interesado en la causa Moyano".

En una de las presentaciones realizadas ante el juez Hugo Vitale, Moyano y Llermanos aseguraron que “funcionarios del Ministerio de Seguridad, entre otros, el Secretario de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, la Agente Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Liliana Giorgi, los abogados Rubén Reznik y Débora Hambo, acordaron –con expresa conformidad del detenido Pablo “Bebote” Alvarez- falsear los hechos” de los que se los acusan.

En el escrito, aseguraron que previo a ese “armado” de la causa, “existieron numerosos llamados telefónicos entre la Fiscalía interviniente, el Ministerio de Seguridad a través de Gerardo Milman (que “habría coaccionado fuertemente a la Fiscal Giorgi”), hombre vinculado políticamente a la Diputada Nacional Elisa Carrió y a la Ministra Bullrich, ambas adversarias acérrimas del firmante, y el abogado Rubén Reznik”, defensor del barra brava “Bebote” Álvarez.

Pero las presiones, denunciaron los Moyano y Llermanos, escalan a niveles más altos y se desarrollan de “manera sostenida y creciente (por) el Poder Ejecutivo Nacional” junto a medios de prensa y el Famoso ejército de trolls.

El organismo encargado de semejantes operaciones, denunciaron, era el Ministerio de Seguridad que “se había convertido en una suerte de “Call Center” de la Justicia de Lomas de Zamora desde donde, con intensa frecuencia se producían llamadas entrantes y salientes de funcionarios del Ministerio Público Fiscal Departamental, en especial del Fiscal General Adjunto, Dr. Sebastián Scalera”, quien fue el que pidió la detención de Moyano el mes pasado.

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Según pudieron saber los Moyano, quien coordinaba los llamados era “Gerardo Milman por expresa petición de Patricia Bullrich, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia –Gustavo Arribas- la Diputada Elisa Carrió y la abogada Florencia Arietto”.

Consultada por El Destape, Arietto desconoció aprietes para fomentar la detención de los Moyano y aseugró que “me pongo a disposición, todo, a mi familia, me dan vuelta como una media, son las reglas de juego, pero Llermanos es un defensor que está haciendo cualquier cosa para no perder los privilegios”.

En tanto, los Moyano denunciaron que “el 4 de julio de 2018, la Diputada Nacional Carrió, patrocinada por Florencia Arietto, formularon una presentación de carácter coactivo contra el Fiscal General (Enrique Ferrari)”, que investigaba el presunto delito de asociación ilícita. Según aseguraron, ese “apriete” político contra el Doctor Ferrari, fracasó” y “a partir de ese instante, los denunciados cambiaron de rumbo e intensificaron las tareas de “convencimiento” con el Doctor Scalera”, promotor del pedido de detención.

Arietto desmintió ante El Destape haber “coaccionado” contra el Fiscal General, sino que, mediante un escrito le pidieron “que reponga a los dos fiscales que echó para investigar a Moyano, a un día de pedir la detención. No era amenaza, ni coacción ni nada, era una nota”. Según denunció, Camioneros habría presionado para remover a esos dos funcionarios judiciales para favorecerse.

Además, la abogada recordó su cruzada contra los Moyano, que data de 2012, cuando denunció que los camioneros financiaron a la barra brava de Independiente con plata del gremio. Según aseguró a este medio, esa causa “la recibieron el fiscal Mario Prieto y el juez Carzoglio, que nunca hicieron nada”. Y se quejó: “Que ahora venga Carzoglio a decirme que lo están apretando... yo hubiera esperado que investigue hace seis años, así que a mí no me van a hablar de persecución política de los Moyano”.

Finalmente, Llermanos hizo una última presentación en octubre en la que hizo expresa mención a las presiones políticas detrás de las denuncias contra los Moyano. En el escrito se aseguró tener “la profunda convicción de que detrás de las referidas investigaciones judiciales existen “manos sucias” que intervienen directoras del proceso con la finalidad de desprestigiar a los dirigentes políticos y sindicalistas que luchan por el bienestar del pueblo” y por eso pidió ampliar la denuncia contra el Presidente por tráfico de influencias.

Ahora, en base a las nuevas declaraciones y denuncias de Carzoglio, la próxima semana se ampliará la denuncia por presiones políticas contra el Poder Judicial para detener a los Moyano, con llegada al mismísimo presidente Mauricio Macri.

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