Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Irán el 25 de agosto de 2026, bajo la operación denominada Operation Economic Outcast (paria económico), marcan un giro en la estrategia de la administración Trump. Tras seis meses de guerra, Washington no ha logrado una victoria militar rápida y enfrenta un desgaste considerable en sus recursos; los arsenales de interceptores de misiles se encuentran en niveles bajos y varias bases en el Golfo han quedado inutilizadas.
El paquete de sanciones incluye a 60 individuos y entidades globales vinculados a negocios con Irán, afectando sectores como el oro, los activos digitales, la aviación y el transporte marítimo. Estados Unidos ha recurrido durante mucho tiempo a la amenaza de las llamadas sanciones secundarias, que implican castigar también a los países que comercian con un Estado previamente sancionado. Por ejemplo, existen castigos sobre la compra de petróleo iraní o de equipamiento militar pesado proveniente de Rusia; los países, empresas o individuos que participen en este tipo de transacciones corren el riesgo de ser sancionados por Washington.
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El impacto del conflicto en el estrecho de Ormuz y el precio del combustible
El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra y abandonar sus reclamos sobre el estrecho de Ormuz. Sin embargo, Irán ha demostrado capacidad de resistencia, ha utilizado drones y misiles para golpear infraestructura energética regional y ha restringido el tráfico en el estrecho, lo que ya provocó un aumento del 40% en el precio del combustible en Estados Unidos. Además, el 90% del crudo iraní se exporta a China, un socio que Washington evita sancionar directamente por temor a desestabilizar el sistema financiero global.
"Una actitud desesperada": el trasfondo de la estrategia de Trump frente al régimen iraní
“Las sanciones nunca se han detenido; Irán vive bajo distintos regímenes de sanciones desde la década de 1980. Incluso el JCPOA apenas logró levantar algunas, pero no todas”, explicó a El Destape el historiador iraní radicado en Estados Unidos, Arash Azizi, autor de varios libros sobre Irán y profesor de la Universidad de Yale. Según Azizi, si la administración Trump estableciera objetivos razonables, que el régimen pudiera aceptar, la presión económica podría servir para llevar a Teherán a la mesa de negociación. Sin embargo, advirtió que “Una rendición total, levantar las manos y darse por vencido, eso no ocurrirá. No ha pasado con otras formas de presión económica y tampoco sucederá ahora”.
El experto sostuvo que la administración estadounidense muestra una clara desesperación por proyectar dureza frente a Irán, tanto por motivos de imagen como de resultados. Explicó que, aunque Trump ha amenazado en varias ocasiones con bombardear la infraestructura energética iraní, esas amenazas no se han concretado. “Esto refleja más una actitud desesperada que una estrategia bien pensada para lograr los resultados que desea obtener de Irán”, agregó.
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A lo largo de los años, Estados Unidos ha extendido sus sanciones a prácticamente todos los sectores clave de la economía iraní, desde el petróleo y la banca hasta los textiles y la manufactura. En 2020, una ronda de medidas alcanzó incluso a dos empresas de azulejos y cerámicas con sede en Teherán. Durante su primer mandato, Donald Trump designó formalmente al banco central de Irán y a la compañía nacional de petróleo como entidades que financiaban el terrorismo, reforzando así el carácter punitivo de la política estadounidense hacia Teherán. Pero Irán ha desarrollado mecanismos cada vez más sofisticados para sortear las sanciones estadounidenses, entre ellos el uso de una llamada “flota en la sombra” de petroleros que transportan crudo hacia compradores extranjeros.
Esta vez las consecuencias de las sanciones para la población iraní pueden ser profundas: la escasez de medicinas, el encarecimiento de combustibles y las restricciones para viajar se suman a un panorama de crisis prolongada que golpea directamente la vida cotidiana.
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“El verdadero objetivo de las sanciones es ejercer tanta presión sobre la sociedad iraní que termine haciendo el trabajo que el ejército estadounidense no pudo: provocar un cambio de gobierno desde adentro. Son medidas crueles y criminales contra los iraníes comunes”, afirmó a El Destape Siavash Saffari, politólogo iraní y profesor de Estudios de Asia Occidental en la Universidad Nacional de Seúl.
Saffari explicó que la lógica detrás de estas sanciones consiste en castigar a la población civil para incentivar protestas contra el gobierno, una estrategia que —según señaló— se ha repetido en los casos de Irán, Venezuela y Cuba. Su impacto sobre la sociedad está ampliamente documentado por organismos como Human Rights Watch, que han advertido sobre sus efectos en derechos básicos. “Las medidas han afectado el acceso a medicamentos, el empleo y el nivel de vida de los iraníes comunes”, agregó.
Al mismo tiempo, en el plano internacional, estas medidas incrementan la volatilidad de los mercados energéticos y ponen en evidencia los límites del poder estadounidense. El suministro de interceptores de misiles se ha reducido de manera significativa, según expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, DC. A finales de julio, el organismo estimó que el Pentágono necesitaría al menos tres años para reponer los inventarios y recuperar los niveles previos a la guerra. Aunque la Casa Blanca niega que exista una escasez real, los analistas sostienen que el problema es tangible —aunque temporal— y que ya ha obligado al Departamento de Defensa a desviar recursos originalmente destinados a enfrentar a adversarios como China.
La respuesta de China y el sistema de pagos CIPS para eludir el bloqueo de EE.UU.
En ese contexto, la reacción de China adquiere un peso particular; el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, calificó las sanciones como “unilaterales e ilegales” y advirtió que el gobierno tomará “todas las medidas necesarias” para proteger sus intereses. Subrayó que la cooperación con Irán se desarrolla dentro del marco del derecho internacional y que una “guerra económica” no resolverá el conflicto, sino que intensificará las tensiones y pondrá en riesgo el orden económico global.
“Estados Unidos ha implementado sanciones secundarias en el marco de sus nuevas medidas dirigidas contra Irán. Tales medidas restrictivas unilaterales están destinadas a generar interrupciones en el comercio energético normal entre China e Irán, y podrían afectar a las refinerías chinas, las empresas comerciales, los canales de pago y los arreglos de transporte marítimo”, señaló a El Destape Dong Wang, profesor titular en la Escuela de Estudios Internacionales y Director Ejecutivo del Instituto para la Cooperación y la Comprensión Global, Universidad de Pekín.
Al mismo tiempo, explicó que se siguen de cerca los acontecimientos y que, en su opinión, las sanciones unilaterales ilegales generan preocupación. Añadió que China probablemente adoptará medidas para proteger sus derechos e intereses legítimos y que la magnitud real de la disrupción en la cooperación energética habitual sigue siendo incierta.
“En el plano práctico, China trabaja para fortalecer la resiliencia de los arreglos financieros transfronterizos” destacó Wang. Esto incluye el avance del Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS) y de los mecanismos bilaterales de liquidación en moneda local, con el fin de ayudar a proteger el comercio internacional legítimo frente a disrupciones financieras arbitrarias.
Por su parte, el politólogo e investigador del Centro de Estudios Argentina-China de la UBA (CEACH), Ignacio Martín Ruiz, señaló a El Destape que los efectos de las sanciones sobre la relación comercial entre Irán y China serán “nulos, o mínimos”. En su análisis, explicó que las medidas de Washington no logran debilitar el vínculo bilateral, sino que, por el contrario, “el accionar estadounidense solo causa su opuesto, la consolidación de una cooperación que se produce fuera de su paraguas de gendarme mundial”, dijo.
Existe también un factor en la política doméstica de EE. UU. que puede explicar esta nueva ronda de sanciones: solo el 31% de los estadounidenses apoya la guerra y apenas un 33% aprueba la gestión de Trump, según encuestas de Reuters/Ipsos. Con las elecciones de medio término en el horizonte, Irán parece dispuesto a resistir hasta que la administración ofrezca concesiones, consciente de la baja popularidad del presidente.
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El historial de sanciones de Washington: de los casos de Rusia y Siria al escenario actual
A lo largo de las últimas décadas, Estados Unidos ha recurrido de manera sistemática a las sanciones económicas como herramienta de presión internacional. Irán es quizá el caso más emblemático, pero no el único; desde los años ochenta, Washington ha impuesto embargos comerciales, restricciones financieras y bloqueos tecnológicos, con el objetivo de limitar su programa nuclear y su influencia regional. Incluso tras el acuerdo nuclear de 2015, muchas sanciones se mantuvieron, y con la retirada de Trump en 2018 se reinstalaron con mayor fuerza.
Rusia constituye otro ejemplo central. Desde la anexión de Crimea en 2014, EE. UU. y sus aliados europeos aplicaron sanciones que afectaron a bancos, empresas energéticas y figuras cercanas al Kremlin. Con la invasión de Ucrania en 2022, las medidas se intensificaron: congelación de activos, exclusión parcial del sistema SWIFT y restricciones a la exportación de tecnología. Aunque estas sanciones han debilitado sectores de la economía rusa, no lograron frenar la ofensiva militar ni provocar un cambio de régimen.
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En el caso de Siria, las sanciones comenzaron a aplicarse con fuerza a partir de 2011, tras el inicio de la guerra civil. Washington prohibió transacciones con el gobierno de Bashar al-Assad, bloqueó exportaciones de petróleo y castigó a empresas vinculadas al aparato militar. El impacto fue severo en la población, con escasez de bienes básicos y deterioro de la infraestructura, pero el régimen se mantuvo en el poder gracias al apoyo de Rusia e Irán.
Los especialistas coinciden en que el acuerdo terminará por concretarse, aunque no de inmediato. El problema es que la espera, con sanciones adicionales, una hostilidad prolongada y un desgaste económico creciente, dejará tras de sí un escenario social y financiero complejo, difícil de revertir.