Durante los últimos dos años, los formoseños se vieron afectados por las políticas energéticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, basadas en la reducción de subsidios y el incremento de los precios mayoristas de la electricidad. La evolución de las tarifas se explica, en gran parte, por la unificación de los precios estacionales, una medida que eliminó las diferencias según el nivel socioeconómico.
Frente a este contexto, el Gobierno de Formosa sostiene un esquema de subsidios sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD), el único componente bajo su jurisdicción. A través de esta herramienta, la Provincia absorbe parte de los costos operativos con el objetivo de amortiguar el impacto en las facturas.
Sin embargo, desde el ámbito local advierten que el alcance de esta política es limitado frente a un esquema nacional que trasladó de manera directa los aumentos a los usuarios, lo que genera un cambio estructural en el sistema energético con mayor peso sobre los sectores más vulnerables.
De acuerdo a los datos relevados, los sectores de ingresos bajos y medios fueron los más perjudicados, con aumentos tarifarios del 2.374% y 1.862%, respectivamente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Mientras que en 2023 los hogares de mayores ingresos abonaban $22.571, los sectores más vulnerables pagaban $2.976,32 y los de ingresos medios $3.752.
En la actualidad, los tres segmentos enfrentan un valor unificado de $73.625, lo que implicó un incremento mucho más pronunciado para los sectores con menor capacidad económica, mientras que los usuarios de mayores ingresos registraron una suba del 226%. Detrás de estos incrementos también se encuentra el traslado de costos mayoristas definidos a nivel nacional.
Constantes aumentos desde la asunción de Milei
En el caso de REFSA, la estructura del sistema eléctrico evidenció aumentos significativos en distintos componentes. El cargo por potencia, un costo fijo mensual, se incrementó un 9.906% y pasó de alrededor de $80.000 a fines de 2023 a más de $8.005.215 en marzo de 2026, lo que representa una multiplicación de más de 99 veces.
Este salto impactó principalmente en los usuarios de ingresos bajos y medios, que absorbieron gran parte de la suba en el precio final que, a su vez, los costos asociados al transporte y mantenimiento del sistema también registraron una fuerte escalada. El subtotal en este rubro pasó de aproximadamente $26,4 millones a más de $1.828 millones, lo que implica un aumento del 6.825% en el mismo período.
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Este escenario contribuye a profundizar la presión inflacionaria y genera un deterioro en la economía doméstica. Entre las consecuencias más visibles se encuentran la pérdida de poder adquisitivo, mayores dificultades para afrontar gastos básicos y una caída en el consumo, con impacto directo en la actividad comercial.
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