En el marco del paro nacional de CTERA, y tras la reciente declaraciones del Javier Milei contra estudiantes, profesores, e investigadores a quienes calificó como "terroristas", desde el Gobierno de La Rioja emitieron un comunicado en el que rechazaron los dichos del mandatario nacional y lo calificaron de un hecho "muy grave".
Desde la Secretaría de Gestión Educativa de La Rioja, a cargo de Zoraida Rodríguez, calificaron con extrema gravedad denominar la protesta social y la docencia como tareas vinculadas al terrorismo. Allí señalaron que dicha actividades no son una amenaza, sino que son las columnas principales que sostienen toda la sociedad democrática. En este mismo sentido, convocaron a organizaciones para defender áreas claves de educación y de ciencia.
En el documento, la secretaría destacó que docentes e investigadores desarrollan diariamente una tarea esencial en las aulas, laboratorios y organismos científicos, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones y a la producción de conocimiento. "La docencia y la investigación no son una amenaza, son un pilar de la democracia", expresó el comunicado, que también defendió el trabajo de los profesionales que se desempeñan en el sistema educativo y en instituciones como el CONICET.
Según el organismo, vincular su actividad con una supuesta infiltración ideológica desconoce el aporte que realizan a la sociedad y estigmatiza a un sector clave para el desarrollo del país.
En defensa de la educación
En tanto, desde la gestión denunciaron que las expresiones presidenciales revisten una especial gravedad institucional por asociar el ejercicio de la docencia y la protesta social con el terrorismo. En ese sentido, recordó que la Argentina ya atravesó períodos históricos en los que ese tipo de discursos tuvo consecuencias irreparables para la vida democrática. "Utilizar esas categorías para describir a quienes piensan distinto o reclaman por derechos conquistados pone en riesgo la convivencia democrática y no contribuye al debate de ideas que el país necesita", señalaron.
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Otro de los ejes centrales del pronunciamiento fue la defensa de los derechos constitucionales vinculados a la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad de prensa. La Secretaría sostuvo que reclamar el cumplimiento de las leyes educativas, cuestionar políticas públicas o sostener posiciones diferentes a las del Gobierno nacional constituye un ejercicio legítimo de derechos democráticos.
"Ninguna de estas actividades constituye terrorismo, y homologarlas por decreto discursivo no las convierte en tal", expresó el comunicado.
Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la autonomía de las instituciones educativas y con la defensa de la tarea de docentes, investigadores y estudiantes en todos los niveles del sistema. Además, convocó a promover un debate público basado en el respeto y en los hechos, dejando de lado discursos que, según planteó, profundizan la división y desvían la atención de los desafíos que enfrenta el sistema educativo argentino.
