La provincia de La Rioja avanza en una estrategia judicial para proteger a beneficiarios de programas sociales, luego de que el gobernador Ricardo Quintela y el ministro Alfredo Menem instruyeran a la Fiscalía de Estado a evaluar una acción de amparo ante la Justicia Federal. La medida apunta a proteger a los beneficiarios del programa “Volver al Trabajo”, que fueron dados de baja de manera inesperada y se quedaron sin su único ingreso.
En el encuentro en la Fiscalía, participaron los abogados Marcos Rodríguez y Ana Astorga Fuentes, los mismos receptaron testimonios de personas que contaban con años de antigüedad en planes nacionales. La situación fue calificada como crítica, ya que la notificación de la baja dejó a miles de familias riojanas “en una situación de indigencia económica desesperante”, según indicaron desde medios locales.
Las autoridades destacaron que esta acción del gobierno de La Rioja sigue la línea de intervenciones anteriores realizadas en defensa de sectores vulnerables. “Tal como en su oportunidad lo hicimos en defensa de las personas con discapacidad, ahora analizamos la posibilidad de la presentación de un amparo a favor de quienes fueron intempestivamente privados de su único ingreso”, señalaron desde el organismo.
Desde los organismos aseguraron que la estrategia jurídica no será aislada, sino que contará con el respaldo de instituciones del derecho local para fortalecer el reclamo ante el fuero federal. Se informó que se trabajará en conjunto con el Presidente del Consejo de Abogados, Dr. Francisco Brizuela, y otros abogados del foro local para dar una respuesta inmediata a los afectados.
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En La Rioja entienden que la medida adoptada por el Gobierno Nacional de Javier Milei resulta arbitraria y pone en riesgo la paz social, al impactar sobre un padrón de más de 10 mil personas que hoy no cuentan con ningún sustento económico.
Acerca del programa Volver al Trabajo
El programa “Volver al Trabajo”, fue impulsado por el gobierno de Javier Milei y estaba destinado a personas desempleadas de entre 18 y 49 años, en su mayoría provenientes del anterior Potenciar Trabajo. Su objetivo era promover la inserción laboral a través de capacitaciones y asistencia económica.
Sin embargo, el Gobierno Nacional reformuló el programa como parte de su cambio en la política social, con el objetivo de reducir los planes asistenciales directos y priorizar herramientas de formación y empleo. Esta decisión provocó la discontinuidad del formato original y dejó sin su pago mensual automático a los beneficiarios, generando un fuerte impacto sobre miles de personas.
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