No registrados y con salario mínimo: seis años de pérdidas

 “Empezar por los últimos para llegar todos”. Esa fue una de las consignas de campaña del Frente de Todos, antes que la pandemia trastocase cualquier tipo de planificación política, económica, y social. En cualquier caso, y más allá del grado de incidencia de la cuestión sanitaria, un elemento se revela como de alta gravedad para el gobierno, como es el hecho de que no se cumplió con esta consigna, sino que por el contrario se profundizó la caída en los ingresos del sector más vulnerables de los trabajadores, compuesto por 8 de los 18 millones de trabajadores activos. Se trata tanto de aquellos que se desempeñan en un trabajo informal, que según el Indec recibían para el tercer trimestre del 2021 (último dato disponible) un promedio 27.301 pesos, quienes reciben los 16.500 pesos del plan Potenciar Trabajo, o aquellos que cobran el salario mínimo vital y móvil (SMVM) de 32.616 pesos. En todos los casos, sus ingresos se encuentran debajo de la canasta básica alimentaria para un hogar de cuatro personas, la cual era para diciembre de 2021 de 32.964 pesos, e incluso menos de la mitad del costo de la canasta básica total, que incluye además de la alimentación gastos de hogar, transporte, vestimenta, educación, o salud entre otros rubros, la cual llegó a los 76.146 pesos para diciembre del año pasado.

Esta es, de hecho, la brecha más importante en el mundo laboral, pues según se deprende del último Informe de Coyuntura del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), si bien de forma ínfima, el salario real del sector privado registrado subió un 1 por ciento en relación al monto dejado por el gobierno de la alianza Cambiemos, el cual lo había hecho descender 22 puntos en relación al dejado por el gobierno de CFK, quien a su vez lo había hecho crecer un 29 por ciento desde el inicio de su gestión en 2007. 

Diferente, en cambio, es el panorama de los seis millones de trabajadores informales, quienes según este informe sufrieron una pérdida de 3,6 puntos porcentuales desde noviembre de 2019, incluso cuando fueron los más golpeados durante el período de la alianza Cambiemos, pues las políticas económicas de este espacio les hicieron perder un 31 por ciento en relación al último mes del gobierno de CFK, el cual fue a su vez el gobierno en el que logaron el mayor poder adquisitivo en términos históricos, con 54.117 pesos.

Una situación aún peor sufrieron aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo, el cual cayó un once por ciento en relación al macrismo, que a su vez los había hecho descender en el mismo porcentaje que el de los trabajadores no registrados, es decir un 31 por ciento. De hecho, el Informe de MATE señala que “para recuperar el poder de compra del SMVM al promedio del gobierno de Cristina Fernández, su valor real se debería incrementar un 52 por ciento”, pues en pesos constantes, en lugar de los 32.616 pesos que se reciben en la actualidad, los trabajadores que reciben este tipo de salario percibían 47.707 pesos, luego de que a inicios de la presidencia de Néstor Kirchner recibieran 16.742 pesos, siempre a pesos constantes (actuales).

Si bien la caída es mucho más potente que la de los trabajadores informales, su impacto en los asalariados y la economía es mucho menor, pues se calcula que menos del diez por ciento de los 12 millones de trabajadores argentinos registrados recibe un salario mínimo (el cual muchas veces es además complementado con pagos no registrados para eludir cargas sociales), aunque ello no significa que no haya relación entre su monto y otras instancias. En primer lugar, se asume que el mismo debería actuar como referencia para los pagos a los trabajadores que se desempeñan a tiempo completo en el sector no registrado de la economía. Si bien no existen datos precisos al respecto, como todo lo que sucede en la economía informal, resulte evidente que algún grado de incidencia posee, pues como se puede observar las alzas y caídas de los ingresos por salarios mínimos e informales corrieron la misma suerte durante los diferentes gobiernos. Pero además, las subas del salario mínimo están ligadas por ley a las jubilados de mínima con treinta años de aporte completo, pues las mismas deben estar por encima del 82 por ciento del salario mínimo, así como a las becas Progresar, que cuentan con 750.000 estudiantes menores de 24 años, y al Plan Potencial Trabajo para 1.100.000 trabajadores.  Sucede que el primero de estos programas, solo puede ser cobrado por estudiantes cuyas familias ganen menos de tres salarios mínimos, (con lo que paradójicamente, la baja en los ingresos amplia el universo de beneficiarios) mientras que el monto del Potenciar Trabajo, que actualmente se encuentra en 16.500 pesos, debe ser igual al 50 por ciento del salario mínimo, lo que demuestra que este 1.100.000 trabajadores también sufrieron pérdidas de su poder adquisitivo desde el inicio de este programa, en junio de 2020.

Con todo, parte del ingreso perdido por los trabajadores informales, de salario mínimo, y de Potenciar Trabajo, fueron compensados por otros programas de asistencias social, como la Tarjeta Alimentar o la Asignación Universal por Hijo, pues a precios constantes, el monto destinado a programas sociales aumentó un 140 por ciento en relación al macrismo, pasando de 0,5 billones a 1,2 billones de pesos.

Elemento que resulta igualmente complejo, pues a misma fuerza de trabajo otorgada al mercado, estos trabajadores debieron en gran medida aceptar ser subsidiados por el Estado, con todo lo que ello implica en términos psicológicos y sociales.