Commodities más altas, retenciones más bajas

La actual suba del precio de los commodities se explicar por sequías mundiales que reducen la oferta, un dólar debilitado por su baja tasa de interés, y una China que retoma su ciclo de crecimiento. Por eso, el sostenimiento de las actuales retenciones, fijadas mayormente por el gobierno de la alianza Cambiemos, plantea un escenario cada vez más alejado de una de las políticas claves del kirchnerismo, como lo fue utilizar este instrumento en un esquema tal que, al tiempo que desacoplaba el precio de los alimentos del mercado internacional, permitía recursos fiscales para ampliar los márgenes de acción del Estado.

Y es que en efecto, las actuales retenciones son en grandes líneas las fijadas por la alianza Cambiemos, en momentos en que un ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, revestía como ministro de Agroindustria. Así, el momento de la asunción de aquel gobierno, se decretó la eliminación total de los derechos de exportación para el trigo, el maíz y el girasol, mientras que la soja descendió progresivamente del 35 al 26 por ciento, más allá de que, obedeciendo los dictados del FMI, en 2018 la alianza Cambiemos se las aumentó a un valor cercano al 30 por ciento, de acuerdo a una fórmula que incluía retenciones más un tributo fijo por valor exportado, mientras que en el caso del trigo, maíz y girasol, una fórmula similar las llevó en aquel entonces a un valor aproximado del 12 por ciento.

A poco de asumir el actual gobierno realizó una suba del 10 por ciento a las retenciones a la soja, llevándolas al 33 por ciento, aunque solo para quienes exportasen más de 1.000 toneladas, es decir cerca de un cuarto del total exportado, en tanto que fijó el porcentaje de aquel entonces, 12 por ciento, para el trigo y maíz, pero incluso lo bajó en un 5 por ciento para el girasol.

Todos ellas cifras más bajas que las de los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, cuando la soja tenía un 35 por ciento de retenciones, el girasol 32, el trigo 28 y el maíz 25. Y en donde los precios de estos comodities eran sensiblemente inferiores, pues la tonelada de soja rondaba los 330 dólares frente a los 520 actuales, la de girasol 380 frente a los 400 actuales, la de trigo 190 en comparación a los 240 actuales, y la de maíz 150 en contraposición a los 210 actuales.

Ciertamente, el nivel de los derechos de exportación debe atender también a las necesidades del campo, en función de evitar el monocultivo y atender la situación específica de las economías regionales, en las que también el costo del flete hacia los puertos puede tornar muy diferente la ecuación de rentabilidad de un producto bajo iguales retenciones. Oportunamente, el kirchnerismo ideó un sistema de compensaciones para pequeños productores, cuyo resultado fue dispar debido a las trabajas burocráticas.

Pese a ello, existe coincidencia en que ningún sector del campo sufrió por aquellos años quebranto alguno, sino que por el contrario la mayor parte del mismo experimentó ganancias extraordinarias, al tiempo que el gobierno lograba reducir los índices de pobreza y desigualdad según el coeficiente de Gini. Un escenario muy diferente al 2020 pandémico que finalizó, donde la pobreza aumentó un 16 por ciento en el primer semestre del año pasado según la última medición del Indec, y en un diciembre donde el precio de la canasta de alimentos se disparó un 4,4 por ciento, traccionada por esta suba de commodities.

Resulta innegable que el aumento de retenciones remite de forma directa a los conflictos de 2008, con todo lo que eso implicaría en medio de una pandemia aún no superada, y frente a un Estado que además de desfinanciado y sin acceso a los mercados de crédito, debe entablar una dura negociación con el FMI. Basta la prueba del último conflicto por el cierre de las exportaciones de maíz, donde el campo reaccionó con el lock out de tres días, incluso cuando el gobierno cedió antes sus reclamos. Sin embargo, de no mediar política frente al aumento en los precios de las materias primas internacionales, aquella inicial promesa proferida por Alberto Fernández de “comenzar por los últimos para llegar a todos” parece difícil de ser cumplida.