Cuando el Gobierno impulsó la reforma laboral dentro de la Ley Bases, el argumento central fue claro: reducir “costos laborales” y flexibilizar el mercado de trabajo permitiría crear empleo formal y promover el blanqueo de trabajadores. A más de un año de su implementación, el balance es contundente: no solo no se generó empleo registrado sino que se profundizó su caída, mientras la informalidad continúa en niveles alarmantes.
El informe “La precarización avanza” del Centro CEPA muestra que las modificaciones introducidas en la ley aprobada en junio de 2024 y reglamentada en septiembre de ese año no lograron frenar la destrucción de puestos de trabajo. En el acumulado del gobierno de Javier Milei hasta agosto de 2025 se perdieron 138.573 empleos registrados privados, con una dinámica marcadamente inestable desde agosto de 2024 . La flexibilización laboral, lejos de revertir la contracción del empleo formal, convivió con una caída sostenida del trabajo asalariado en blanco.
Uno de los pilares discursivos de la reforma fue el llamado “Régimen de Promoción del Empleo Registrado” y el nuevo esquema de blanqueo laboral. Sin embargo, el resultado fue marginal: apenas 16.703 trabajadores fueron regularizados, lo que representa apenas el 0,3% del total del empleo informal. La cifra expone el fracaso del supuesto incentivo a la formalización que el oficialismo presentó como uno de los ejes centrales de la reforma.
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De acuerdo a números oficiales del INDEC, la serie desestacionalizada del SIPA muestra con claridad el deterioro. En noviembre de 2023 había 6.371.099 trabajadores registrados en el sector privado. Para agosto de 2025 la cifra se ubicó en 6.232.526. Es decir, casi 140 mil puestos menos en un mercado laboral que no logró recuperar el nivel previo al inicio de la gestión. La curva no muestra un rebote sostenido tras la sanción de la Ley Bases en junio de 2024: por el contrario, desde agosto de ese año la dinámica fue errática y con tendencia descendente.
La tasa de informalidad pasó del 41,6% en el segundo trimestre de 2024 al 43,2% en el segundo trimestre de 2025, y alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. En términos absolutos, esto implica que, sobre 13,6 millones de ocupados en los 31 aglomerados urbanos, alrededor de 5,89 millones trabajan en la informalidad. En otras palabras, más de cuatro de cada diez trabajadores no realizan aportes jubilatorios ni cuentan con cobertura y estabilidad laboral, lo que confirma que la baja de la desocupación no se tradujo en empleo de calidad sino en una expansión de la precariedad.
Mientras el empleo asalariado pierde peso, el cuentapropismo y las modalidades más frágiles crecen ante la falta de puestos formales. El propio esquema de colaboradores creado por la Ley Bases —que permitía hasta tres trabajadores sin relación de dependencia bajo un autónomo— tuvo apenas 11.707 adheridos.
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La Ley Bases no solo incluyó ese régimen, sino también una batería de modificaciones estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo. Se excluyó la presunción de relación laboral en contrataciones de obra y servicios, se amplió el período de prueba hasta 6 meses —y hasta 8 o 12 según el tamaño de la empresa—, se habilitaron despidos con causa vinculados al ejercicio del derecho a la protesta y se creó un Fondo de Cese que, aunque aprobado, ni siquiera fue implementado plenamente . También se derogaron multas por falta o irregular registración laboral, reclamos judiciales o incumplimientos formales , debilitando herramientas que históricamente incentivaban el cumplimiento de la ley.
Los beneficios para las empresas no quedaron allí. Ahora, la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en Senado y que esta semana se discutirá en Diputados implica una transferencia de recursos aún mayor hacia el empresariado. La reducción de contribuciones patronales que marca el proyecto representa un costo fiscal anual estimado en 2.070 millones de dólares, equivalente al 0,32% del PBI . Además, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un 3% de la masa salarial, desfinancia al sistema previsional (SIPA), afectando jubilaciones, PAMI y asignaciones familiares.
Si con la Ley Bases que redujo aportes empresariales y debilitó instrumentos de protección laboral el empleo formal no creció, ¿por qué sería distinta la historia con la nueva reforma laboral que quiere Casa Rosada? no solo cayó el empleo, sino que el blanqueo no funcionó. La informalidad ronda el 43% de los ocupados y continúa siendo el principal rasgo del mercado laboral argentino.
La nueva reforma laboral que retoma buena parte de la lógica introducida en la Ley Bases profundiza el mismo paradigma: más flexibilidad como condición para más empleo. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que la desregulación no garantizó creación de puestos registrados ni mejora en la calidad del trabajo.
A la luz de los números, el experimento ya fue realizado. Y los resultados están a la vista: menos empleo formal, blanqueo insignificante y un mercado laboral cada vez más precarizado. Esta discusión será puesta sobre la mesa por la oposición en Diputados para discutir un proyecto que en las últimas horas recibió fuertes críticas por la modificación del pago de licencias por enfermedad y que si recibe cambios como prometió la senadora Patricia Bullrich, el proyecto volverá al Senado y se dilatará su sanción definitiva.
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