El costo de los servicios públicos volvió a crecer muy por encima de la inflación y ocupa una porción cada vez mayor de los ingresos de los hogares. Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita en agosto 289.622 pesos mensuales para cubrir sus gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte, de acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET). Aunque la canasta registró una baja mensual del 2,1 por ciento por el menor consumo estacional de electricidad y gas, su costo se incrementó 54 por ciento respecto de agosto de 2025, veinte puntos por encima de la inflación estimada para el mismo período.
El informe señala que la canasta de servicios públicos representa el 15 por ciento de un salario promedio registrado estimado en 1.993.280 pesos. En otras palabras, un trabajador con ese ingreso necesita destinar aproximadamente uno de cada siete pesos de su salario para afrontar estos cuatro servicios, algo que la medición oficial de inflación del INDEC, que no toma en cuenta la nueva metodología de gastos y la mayor participación de los servicios en el presupuesto familiar, no contempla. Un año atrás, con el mismo criterio de medición, un salario alcanzaba para comprar 8,1 canastas, mientras que en agosto de 2026 alcanza para 6,9.
La evolución acumulada desde el cambio de esquema económico también muestra la magnitud del aumento. Según el IIEP, desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 944 por ciento, mientras que el nivel general de precios habría acumulado una suba de 249 por ciento. El incremento tarifario, por lo tanto, multiplicó casi cuatro veces la evolución general de los precios durante ese período.
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Transporte, el principal gasto
Dentro de la canasta, el transporte ocupa el primer lugar. El gasto promedio mensual de una familia del AMBA asciende a 123.726 pesos y representa el 43 por ciento del total de los servicios públicos considerados por el informe. Además de ser el componente de mayor peso, fue el que registró el aumento interanual más elevado: 69 por ciento frente a agosto de 2025, el doble de la inflación estimada para ese período. El IIEP señala que el transporte aportó por sí solo 27 de los 54 puntos porcentuales que aumentó la canasta durante el último año. El agua contribuyó con seis puntos, el gas natural con diez y la energía eléctrica con once. La composición muestra que el transporte no solo es el principal gasto de la canasta, sino también el componente que más explica su incremento interanual.
En agosto, el gasto familiar en transporte aumentó otro 2,2 por ciento respecto de julio. El incremento respondió, entre otros factores, a la suba del 2,9 por ciento aplicada a las líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las líneas interjurisdiccionales no tuvieron aumentos durante el mes. El boleto mínimo dentro de la Ciudad quedó en 853 pesos, mientras que el servicio exclusivo del Gran Buenos Aires alcanzó los 1.111 pesos y el boleto mínimo de los servicios entre la Ciudad y el conurbano se ubicó en 743 pesos. El subte, por su parte, llegó a 1.684 pesos y el tren del AMBA tiene una tarifa mínima de 420 pesos.
La diferencia entre el precio que paga el usuario y el costo técnico del sistema también aparece en el relevamiento. El IIEP estimó en $2.082 el costo técnico por pasajero del transporte automotor del AMBA a julio de 2026, que asciende a $2.300 si se incorpora el IVA. El costo reconocido por el Estado, en tanto, es de 1.626 pesos. La baja mensual de la canasta no significa una reducción generalizada de las tarifas. La caída del 2,1 por ciento registrada en agosto estuvo asociada principalmente a la menor cantidad de energía consumida después del pico invernal, que compensó los aumentos aplicados en los cuadros tarifarios.
En electricidad, el cargo fijo aumentó 1,8 por ciento y el componente variable 2 por ciento para los usuarios sin subsidio. Sin embargo, la menor demanda estacional provocó una reducción del 10,1 por ciento en el gasto promedio de los hogares respecto de julio. La factura eléctrica promedio para un usuario residencial N1 se ubicó en $61.308 mensuales. El gas tuvo una dinámica similar. El cargo fijo aumentó 1,9 por ciento y el componente variable 5,7 por ciento para usuarios sin subsidio, pero el menor consumo luego del pico invernal generó una baja del 5 por ciento en la factura respecto de julio. El gasto mensual promedio de un usuario N1 fue de $61.613.
A pesar de estas bajas mensuales, ambos servicios aumentaron de manera significativa durante el último año. La energía eléctrica acumuló una suba interanual del 50 por ciento, mientras que el gas natural aumentó 43 por ciento. El agua, que tuvo en agosto una suba mensual del 3 por ciento, registró un incremento interanual del 38 por ciento. El agua constituye el menor componente de la canasta, con un gasto promedio mensual de 42.975 pesos, pero también presenta una evolución que supera la inflación estimada. En agosto, el componente variable de la tarifa aumentó 3 por ciento después de haber bajado 7,7 por ciento el mes anterior.
El comportamiento de los servicios públicos adquiere otra dimensión cuando se compara con el nivel general de precios. Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la canasta aumentó 54 por ciento, mientras que el IPC estimado por el IIEP a partir del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central se ubicó en 34 por ciento. El transporte lideró la diferencia con una suba del 69 por ciento, seguido por la electricidad con 50 por ciento, el gas con 43 por ciento y el agua con 38 por ciento. Todos los componentes aumentaron por encima de la inflación estimada para el período.
El informe también advierte que, si se elimina el efecto de la estacionalidad del consumo, la distancia entre las tarifas y la inflación resulta todavía relevante. "La medición interanual sin estacionalidad; es decir, sin tener en cuenta las variaciones en las cantidades consumidas, muestra que el gasto en transporte aumentó por encima del índice general de precios (IPC) con un incremento significativo que duplica la evolución del IPC", señala el documento. La explicación está relacionada con el cambio en los esquemas tarifarios y de subsidios. En electricidad y gas, el informe identifica el impacto del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), mientras que en transporte menciona la regla de actualización del boleto porteño, que combina la inflación con un adicional del 2 por ciento, además de los incrementos aplicados en los servicios interjurisdiccionales.
El aumento de las tarifas no implica que los hogares estén pagando la totalidad del costo de los servicios. Según el IIEP, en agosto los usuarios del AMBA cubren en promedio el 55 por ciento de los costos de la canasta mediante las tarifas, mientras que el Estado aporta el 45 por ciento restante. La cobertura es diferente según el servicio y el tipo de usuario. Para el sistema eléctrico residencial, el usuario aporta en promedio el 63 por ciento del costo respecto de los precios de referencia y el Estado cubre el 37 por ciento; si se toma como referencia el costo estimado del Mercado Eléctrico Mayorista para el segmento residencial, la relación se invierte y el Estado cubre el 54 por ciento. En gas natural, el usuario residencial promedio afronta el 60 por ciento del costo de abastecimiento y el Estado aporta el 40 por ciento.
El esquema de subsidios, por lo tanto, continúa funcionando como un mecanismo que amortigua parte del costo, aunque la reducción de las transferencias y la modificación de los criterios de acceso trasladaron una mayor proporción de los costos hacia los usuarios. En agosto, las bonificaciones totales sobre el bloque base subsidiado alcanzan el 75 por ciento para el gas y el 66,6 por ciento para la electricidad.
Tarifas versus ingresos
El problema para los hogares no se limita al porcentaje de aumento de cada tarifa, sino a cuánto de sus ingresos deben destinar cada mes para sostener servicios que tienen un carácter esencial. El informe del IIEP calcula que la canasta de 289.622 pesos representa el 15 por ciento del salario promedio registrado estimado en agosto. El transporte, por sí solo, concentra el 43 por ciento de esa canasta, lo que equivale a unos 123.726 pesos mensuales. En el caso específico de los servicios energéticos, electricidad y gas representan conjuntamente el 5,1 por ciento del salario RIPTE estimado para un usuario sin subsidio y el 3,7 por ciento para un hogar subsidiado. El propio informe advierte que dentro de los hogares que reciben subsidios existe una amplia diversidad de ingresos, por lo que el peso efectivo de las facturas varía entre familias.
La comparación interanual también permite observar el deterioro de la capacidad de compra del salario frente a los servicios. En agosto de 2025 un salario promedio alcanzaba para cubrir 8,1 canastas, mientras que un año después permite afrontar 6,9. La diferencia muestra que, incluso con una inflación general que desaceleró respecto de los niveles de años anteriores, los servicios regulados avanzaron a una velocidad mayor.
El dato resulta relevante porque las tarifas no son un gasto que pueda postergarse indefinidamente sin consecuencias: transporte, electricidad, gas y agua forman parte de los consumos básicos de un hogar. Cuando estos componentes aumentan por encima del nivel general de precios, ganan participación dentro del presupuesto familiar y reducen el margen disponible para otros gastos. La foto de agosto contiene así dos movimientos que pueden parecer contradictorios pero que responden a fenómenos diferentes. La canasta de servicios públicos cayó 2,1 por ciento en el mes por la reducción estacional del consumo energético, mientras que en términos interanuales aumentó 54 por ciento, veinte puntos por encima de la inflación estimada. Desde diciembre de 2023, la suba acumulada alcanza 944 por ciento, frente a un incremento de 249 por ciento del nivel general de precios.
El resultado es una estructura de gastos en la que el transporte concentra la mayor parte del desembolso y también el mayor aumento interanual, mientras electricidad, gas y agua completan una canasta que ya absorbe el 15 por ciento del salario promedio registrado. La discusión sobre tarifas y subsidios, de esta manera, no queda limitada al costo fiscal para el Estado: también determina qué proporción del ingreso de los hogares queda comprometida todos los meses para acceder a servicios básicos.