Las revelaciones de El Destape sobre el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos, vía el singular procedimiento de robar identidades para lavar el dinero de los aportantes, hasta ahora desconocidos, podría tener consecuencias inesperadas. La investigación iniciada por este medio pegó de lleno en la línea de flotación de la principal figura de recambio del oficialismo, la “angelical” María Eugenia Vidal, la gobernadora/candidata prolijamente construida y protegida por afinidad ideológica y, también, por una pauta publicitaria multimillonaria.

La potencia de la evidencia sobre el blanqueo de dinero y el robo de identidades provocó primero silencio. Más tarde el oficialismo intentó patear la pelota afuera hablando de “una denuncia kirchnerista”. Con el paso de las semanas, sin embargo, el poderoso cerco mediático comenzó a resquebrajarse provocando una “crisis de legitimidad” que volatilizó una de las principales banderas con las que el macrismo llegó al poder, la presunta transparencia en oposición a la corrupción del pasado.

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La peligrosa estrategia iniciada por el gobierno fue salir del laberinto por arriba, pero sin advertir que la puerta desembocaba en un nuevo laberinto potencialmente más enredado. El camino fue lo que comenzó a perfilarse como una denuncia general al financiamiento de la política tal cual se conocía hasta ahora, uno de cuyos propósitos evidentes es diluir culpas para que la opinión pública concluya que “son todos lo mismo”.

La estrategia tiene un componente de verdad. El financiamiento de la política por parte de las grandes empresas tiene puntos en común con el aborto clandestino y el consumo de drogas. Son datos de la realidad que no dejan de existir por su ilegalidad formal, pero se mantienen “en el closet” por múltiples razones que no se tratan aquí. Nadie que haga política y sepa sus costos lo desconoce, mucho menos las familias Macri y Calcaterra. Constituye además “un reaseguro sistémico”: las empresas nunca financian “loquitos” que si llegan al poder gobernarán en su contra. Como indica la lógica prefieren financiar a los potenciales impulsores de políticas que creen favorables. El intercambio es mayormente tácito. Es una situación muy similar a la publicidad privada en los medios de comunicación, las grandes empresas nunca financian medios críticos, salvo la excepción puntual de querer aplacarlos.

Los intercambios de las campañas políticas suelen funcionar entonces como “pactos de caballeros” y, la mayoría de las veces, no tienen registros contables cotejables por las agencias públicas de recaudación. Luego, la clase política está constituida por hombres y mujeres de toda clase. Están los que destinan la totalidad de los recursos donados a los fines pactados y los que se reservan una cuota variable para sobrellevar con mayor tranquilidad los sinsabores de la existencia, por decirlo de alguna manera. Sintetizando, la política de las principales fuerzas se financia en alta proporción con dinero provisto por grandes empresas y sólo una parte de este dinero pertenece al circuito formal. Esta es además una de las explicaciones de las plutocracias. Al respecto vale la pena repasar los trabajos de autores como Noam Chomsky. Algunos países, por ejemplo Estados Unidos, tienen blanqueado este financiamiento y hasta el lobby, otros, como por ejemplo Argentina, no. Los fenómenos de corrupción guardan una alta correlación con estas metodologías de financiamiento. Este es el panorama general del financiamiento “normal”: financiamiento en negro con dinero de origen blanco, lícito, lo que a veces puede no ser el caso.

Pero lo que sucede hoy en Argentina no es la voluntad de castigar un sistema antiguo y a sus beneficiarios, sino que tiene algunos componentes más. El primero es que la debacle de la economía macrista,que comenzó a ser evidente con la entrega formal de la conducción económica al FMI, entró en una etapa de aceleración de efectos sociales impredecibles. En diciembre de 2015 podía proyectarse que para justificar la distribución regresiva del ingreso el gobierno tendría un margen de al menos dos años con el argumento de la pesada herencia y que, luego, a partir de 2018, llegaría el momento de mostrar los logros propios. Pero el proyecto económico fracasó en términos de sostenibilidad y lo que este año comenzó a ser evidente son sus consecuencias reales: aumento de la desocupación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, alta inflación por continuidad del shock de precios relativos, profundización del déficit interno por recesión y del externo por el aumento irresponsable del endeudamiento, entre otros efectos. El gobierno, entonces, se vio compelido a retomar la demonización de la oposición por la vía del discurso anticorrupción. El problema es que, a diferencia de 2016, las denuncias sobre las corrupciones propias le restaron legitimidad social para culpar al prójimo.

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La movida de inteligencia-judicial-mediática, a través de la desopilante trama del chofer escritor y sus cuadernos, fue el comienzo de una estrategia más desesperada con varias aristas. La primera fue que se cargó otra bandera discursiva de Cambiemos, su presunto “republicanismo”. La operación mostró en sede judicial un claro deprecio por principios como la presunción de inocencia, el debido proceso y la división de poderes. Hasta aparecieron relatos desembozados en la prensa escrita sobre cómo funcionarios judiciales se reunieron con representes del Ejecutivo y cómo se consensuó la virtual extorsión (algunos ya hablan de “stornellización”) de detenidos, dicho sea de paso, empresarios flojitos para el aguante en los bordes del universo carcelario. La idea fue “quebrarlos” para que declarasen como “arrepentidos”, la figura jurídica de la delación premiada. El procedimiento entrañaba un doble beneficio: presentar a posibles coimeros cercanos al gobierno como “víctimas” de extorsión y generar en el camino elementos probatorios que no existían al principio vía las delaciones. Otra vez, como en tantos casos anteriores, lo que comenzó como un intento de demonizar a la única oposición real y de peso al modelo económico en curso y su principal referente, desembocó en otra ruta de dinero M, el de los “pobres empresarios” de la obra pública obligados a pagar sobornos. Si la criminalización de la política en los últimos años del gobierno anterior buscaba transformar la disputa entre modelos económicos en una lucha entre el bien y el mal absolutos, con la reducción del adversario político a simple delincuente, el sinsentido del presente es que la figura del bueno desapareció, lo que dificulta la recreación de la contradicción.

Sin embargo, el problema principal no fue la pérdida de credibilidad del oficialismo como supuesto batallador de las causas puras --dejado en evidencia por la investigación de El Destape-- sino que tras el intento de neutralizar las denuncias iniciando una suerte de Lava Jato criollo, se asoma una fuerza de destrucción económica tan potente como la que provocó el Lava Jato original, que no sólo provocó un golpe institucional, sino también a tres años seguidos de fuerte recesión económica, la destrucción de las principales multinacionales brasileñas y de empresas públicas muy poderosas, como Petrobrás. La supuesta cruzada moralizadora, que tiene en la cárcel sin pruebas al principal referente de la oposición, Lula da Silva, fue un verdadero desastre económico del que aun no se vislumbra el final.

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Sorprende, como mínimo, la miopía de quienes localmente iniciaron una experiencia similar. Si con la llegada del FMI los inversores del exterior se anoticiaron que Argentina es un país con serios problemas en sus cuentas externas, lo que reforzó las dificultades para seguir endeudándose en divisas, la sospecha del pago de coimas por parte de muchas de las principales multinacionales locales terminará de afectar la imagen del país en el exterior, esa que tanto parecía preocupar a los promotores del “regreso al mundo”. Las cotizaciones bursátiles locales y en Nueva York ya comenzaron a reflejar este cambio de perspectiva. Pero no es sólo una cuestión de imagen. Si la operación judicial da resultados también podría provocar juicios multimillonarios, como los que debieron afrontar las firmas brasileñas, así como pedidos de explicación de la SEC, la comisión estadounidense que regula las operaciones bursátiles, en caso que el supuesto pago de sobornos no figure en los balances.

Finalmente, con el desfile en los tribunales de Comodoro Py de muchos de los principales empresarios de la obra pública, hasta de miembros del todopoderoso grupo Techint, Mauricio Macri parece estar consumando de una manera bastante particular la famosa “traición a su clase”, como la que se le atribuye al presidente estadounidense Teodoro Roosvelt, tan esperada por los cambiemitas más exaltados. Si el frente político pretendía correr el foco de la grave realidad económica, lo que logró en cambio fue agravar severamente la situación con una mayor pérdida de credibilidad externa y, si el proceso avanza, con una segura profundización de la recesión como secuela de una caída aun mayor de la obra pública. La caja de Pandora, que también es la de los futuros rencores al interior de la clase dominante, ya fue abierta.-