Violencia de género en el fútbol: protocolos que no funcionan sin decisión política

Los clubes tienen normas para actuar en caso de violencia de género. No obstante, en diversos casos, son normas que no alcanzan ante la decisión de los dirigentes que, en definitiva, priorizan "lo deportivo" sobre los protocolos que ellos mismos impulsaron. 

14 de junio, 2022 | 00.05

Mucho se habló en las últimas semanas y se debatió alrededor de las reglas que los clubes de fútbol deberían implementar en sus instituciones para combatir la violencia de género o, mínimamente, actuar ante casos que involucren a miembros de su plantilla de trabajadores, sobre todo a partir de las denuncias que pesan sobre el jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa. En definitiva, para eso existen los protocolos de acción, que tienen la mayoría de las instituciones. El problema es que muchos de los textos son por lo general ambiguos y, para peor, los que suelen tener la última palabra sobre su implementación y quiénes deciden en última instancia qué decir y cómo reaccionar ante alguna situación en particular son los dirigentes de esos clubes, esos que tienen en la cabeza las competencias internacionales que están disputando su equipo y el rédito económico que pueden obtener de cada partido en el que participen sus estrellas.  En este punto, también aparecen futbolistas que tienen causas pero que, igualmente, son pretendidos por los clubes. 

Guillermina Gordoa, directora nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes, explicó a El Destape que hay dos cuestiones clave en relación a los protocolos para cualquier ámbito deportivo: por un lado, que "marquen un procedimiento claro a seguir que incluya las medidas que la institución puede tomar ante las situaciones de violencia". En ese sentido, esas medidas deberán ser "detalladas, en sus diferentes formas y a su vez deben ser correctamente informadas y/o incluidas en los ´contratos´'". No obstante, aclaró que "la mera existencia de los protocolos no garantizan que estas se constituyan efectivamente en herramientas de acción". Por eso consideró imprescindible no solo la creación de áreas de género que tengan un rol central en el asesoramiento sino también que sus integrantes "conformen las comisiones directivas con peso de decisión". 

Para Maia Moreira, quien es parte de la Comisión Directiva del Club Atlético Lanús y Presidenta del Departamento de Género y Diversidad, no quedan dudas de que hay que combatir el relato "de que no funcionan las áreas de género en los clubes" porque lo que falta, en su opinión, es "una decisión política de los que conducen los clubes de accionar frente a situaciones como las de Villa". No hay que buscar entonces la respuesta sobre la inacción de los grandes clubes argentinos frente a casos de violencia de género en la letra de sus protocolos.

Por caso, tal como contó días atrás Antonella Bernetti en El Destape, el protocolo de Boca Juniors dice tener como directrices la prevención, el asesoramiento, la asistencia, el respeto, la privacidad y la confidencialidad. Estipula específicamente "que se investigará y sancionará a dichas violencias; que involucrará a todos los sujetos por igual; que no importará el contexto donde ocurran para ser sancionadas y que tampoco hará diferenciación entre violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica, entre otras". En la práctica y con el caso específico de la denunciante de Villa, eso no se cumplió. De hecho, el presidente del club, Juan Román Riquelme, salió a decir que "lo que pasa fuera de la cancha es otro tema". 

Durante la última fecha del fútbol argentino, en la Liga Profesional, hubo tres futbolistas que jugaron para sus respectivos clubes y que, actualmente, tienen causas por Violencia de Género que fueron elevadas a Juicio Oral.  En todos los casos, los jugadores fueron parte de sus respectivos equipos y hasta fueron figuras, en algunos casos, de sus equipos. 

Si bien el caso más reconocido es el de Sebastián Villa, el delantero de Boca, que ya tiene fecha de juicio oral por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja, en abril de 2020, también existen otros casos que irrumpieron en la actualidad.  El colombiano, además, ahora sumó una denuncia en la que, otra ex pareja, lo acusa de violación. Más allá de ser el más conocido, también existe el caso de Diego García, actual jugador de Patronato a préstamo de Estudiantes, que también tiene un juicio pendiente por “abuso sexual con acceso carnal”. En ese punto, la situación marcada habría ocurrido el 24 de febrero de 2021 en una localidad platense cuando, justamente, el volante jugaba en el conjunto “Pincha”. 

También aparece en el mismo sentido el nombre de Johan Carbonero, quien está envuelto en una situación de por si particular. El actual jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata irá a juicio oral por acoso y tentativa de abuso sexual por un hecho que, presuntamente, ocurrió en 2020. Más allá de los protocolos implementados y de que la decisión del juez, en este caso puntual, se conoció a mediados de mayo. La noticia es que Racing Club de Avellaneda, que tiene departamento de género y un protocolo, pretende contratar al delantero aunque está en esta situación judicial.  Las críticas que se acumularon tuvieron que ver con la falta de perspectiva de género detrás de esas acciones. Moreira opinó sobre esta situación: “Ir a buscar a un jugador que tiene una denuncia me parece que es una irresponsabilidad más grande que tener un jugador con una denuncia y no hacer nada. Los jugadores son capitales económicos y se dice que se pierde plata si se hace una cosa u otra. Pero ir a buscarlo es más grave porque no sos ajeno a esta realidad.  Imagino que no le consultan tampoco al área de género por eso, en definitiva los que toman las decisiones son los varones, y no cualquier varón. Son varones que además tienen una solvencia económica y una condición de clase que les permite pensar de esa manera”. 

Al respecto, Racing Feminista reflexionó sobre esta posible llegada del jugador a la institución y marcó la necesidad de que esto no ocurra.  "Va en contra del estatuto social de la Institución.  El artículo 2 inciso 4 (dónde se establecen las finalidades y propósitos) dice “Incentivar a que la institución y sus representantes, dentro y fuera del ámbito deportivo, sean reconocidos por su coherencia ética, su decencia, su honradez y su honestidad”. En este punto, también hizo hincapié en la necesidad de bajar un mensaje claro: "¿De qué sirve realizar una acción por el Ni Una Menos al comienzo del partido con la capitana del fútbol femenino si días después se incorpora a un jugador procesado?. No contemplarlo sería ignorar los compromisos asumidos, sobre todo de los últimos años, desde que existe un protocolo y un departamento de género".

La situación no ocurre solo en un club. Es habitual.  "Por más que esto suceda en Lanús, en Boca o en cualquier otro club, las acciones quedan siempre supeditadas a quienes conducen los clubes. Es complejo este tema porque quienes estamos en este lugar sabemos que hay un abismo entre el poder real y formal que tenemos. El poder real en la toma de decisiones lo tienen cinco personas en los clubes de fútbol masculino. Entonces, el protocolo es perfectible como todo nuestro trabajo dentro del área de género pero no ´le falta´ para que funcione, lo que falta es la decisión política para que se implemente en toda su dimensión", subrayó Moreira. En esa misma línea, reclamó a la Asociación del Fútbol Argentino que intervenga, que implemente una guía de acción unificada con normas en común que eviten que la palabra final la tengan quienes conducen los clubes. 

En concreto, existe una guía para construir un protocolo de prevención e intervención ante situaciones de violencia de género en instituciones deportivas elaborada por la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que establece, entre otras cosas, que todo protocolo debe definir un procedimiento de actuación. "Este procedimiento involucra las acciones concretas que la institución seguirá para el tratamiento de casos de discriminación, acoso y violencia".

También refiere a los mecanismos institucionales preparados para la denuncia de dichas situaciones. "Este apartado debe incluir los canales habilitados por la institución para la recepción de consultas y/o denuncias; las diferentes modalidades de recepción de consultas y/o denuncias; los pasos de actuación estipulados para quienes se ocupen, en la institución, de hacer el seguimiento de casos", indica, al tiempo que recomienda que el procedimiento debe contener también " las acciones concretas institucionalizadas cuando el caso no sea judicializable, con las herramientas que dispensa el marco legal antes mencionado".

Esto incluye que las instituciones deberán "involucrar el asesoramiento legal y la protección a las víctimas de violencia; también el sostén de la denuncia hasta el final de las instancias establecidas por los tiempos legales; y respetar el derecho a confidencialidad en todos los casos que se presenten".  Según datos de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, desde el 2015, en la Primera División del Fútbol Argentino siguieron participando de los torneos 28 jugadores con denuncias vinculadas a violencia de género y abuso sexual, en algunos casos con más de una.. 

Cómo se implementa la Ley Micaela en los clubes

Gordoa aseguró al respecto que la Secretaría "viene trabajando desde el minuto cero" en la formación en género y diversidad para clubes". En 2021, se lanzó en conjunto con Iniciativa Spotlight (alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas por el fin de las violencias de género), una campaña contra las violencias en clubes deportivos de todo el país con el objetivo de visibilizar las diversas formas de expresión de las violencias en el ámbito deportivo: los comentarios despectivos sobre los cuerpos, burlas, invitaciones e insinuaciones de carácter sexual y expresiones sexistas que menosprecian a las mujeres, profundizan las desigualdades y constituyen distintos actos de violencia de género.

"Clubes por la Igualdad es una iniciativa que estamos implementando este año en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad con el objetivo de continuar profundizando la formación en Ley Micaela para las comisiones directivas de los clubes", sumó la funcionaria, quien destacó que este punto "es tan importante la formación, la existencia de protocolos, como los procesos de transformación institucional que realmente incluyan la perspectiva de género y diversidad en la gestión deportiva en su totalidad y en las estructuras mismas". 

Ahora, ¿esos contenidos que refuerzan la perspectiva de género llegan a los espacios de decisión y, lo que es más importante, generan cambios significativos en estas esferas? Para Moreira, el gran problema es que "nadie lo corrobora, nadie lo controla", entonces se pueden dar inequidades no solo respecto a la profundidad de los contenidos que se brindan sino también entre los clubes que ubican o no a las capacitaciones dentro de su escala de prioridades. "Es un laburazo enorme el que se hizo, pero no sucede que todos tengan capacitaciones.  Acá por ejemplo nos formamos en lo personal para la materia, para brindar el mejor contenido; pero también, por otro lado, nos encontramos con obstáculos porque dar capacitaciones a jugadores es complejo. Estamos hablando de personas que viven en otra realidad, que tienen ciertos derechos adquiridos por ser ídolos dentro de las instituciones, por eso es muy difícil darlas", destacó. 

De todas formas, puntualizó que lo que le interesa particularmente a ella es buscar la manera de que los jugadores, quienes están obligados a hacer las capacitaciones, puedan llegar a una instancia de reflexión, "brindarles herramientas para que piensen por qué no se cuestionan que un compañero con una denuncia por violencia sexual concreta juega al lado de ellos". "Busco que les quede algún interrogante, no se trata de estar de un lado o de otro. Hay un montón de jugadores permeables, pero también hay otros que no lo son", sumó. 

LA FERIA DE EL DESTAPE ►