Mientras desde el oficialismo se pretende que el año próximo aumentarán los fondos destinados al sistema científico, investigadores que analizaron el Presupuesto enviado por el gobierno al Congreso sobre el filo del martes y que vienen siguiendo los números mes a mes muestran que ese crecimiento es un espejismo contable. Y lo mismo ocurre en el área de Ambiente, según un análisis realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El proyecto, que empezará a debatirse en Diputados el 7 de octubre, establece un aumento del 10,5% para la “Función Ciencia y Tecnología”. Sin embargo, destaca el análisis realizado por el grupo Economía, Política, Ciencia (EPC), basta con acercar la lupa a los números para descubrir que ese porcentaje incorpora líneas presupuestarias que no tienen relación directa con ciencia y mantiene 412 mil millones de pesos sin asignar.
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“De los 176.242 millones del ex-Mincyt, sólo 57.561 millones corresponden a los programas “1: Actividades Centrales” y “50: Formulación y Ejecución de Política en Ciencia y Técnica”, que tienen que ver con CyT y eran los históricos del ex-MinCyT –detalla el físico Jorge Aliaga, miembro del Directorio del Conicet elegido en representación de las universidades–. Los programas "25: Innovación Administrativa" y "26: Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" hasta el año 2026 presuestariamente correspondían a las finalidades y funciones "ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL, Dirección Superior Ejecutiva" y "SERVICIOS ECONÓMICOS, Comunicaciones", respectivamente. Desde 2026 se incluyen como si fueran Finalidad Servicios Sociales, Función Ciencia y Técnica, pero en realidad no lo son”.
Con esas cifras, la inversión en Ciencia quedaría en torno al 0,178% del PBI, muy lejos del 0,590% que exige la Ley de Financiamiento de la Ciencia para el año que viene y aproximadamente la mitad del 0,30% que se invertía en 2023, de acuerdo con el análisis de EPC, que monitorea continuamente los signos vitales del ecosistema científico. Para comprender las dimensiones de este ajuste letal, baste con mencionar que el INTA perdería un 18,4% en 2027, que sumado a los años anteriores implica una reducción acumulada del 47,2% desde el arranque de la gestión de Milei. El INTI, por su parte, tendría una caída de 17,3% para el año próximo, lo que lo acerca a los 60 puntos perdidos entre 2023 y 2027. El Conicet perderá un 9,3% en 2027 en relación con 2026 y un total de casi 40 puntos desde el inicio de la gestión de Milei. Y la Comisión Nacional de Energía Atómica perderá un 17,9% en 2027 vs. 2026, con lo que, en cuatro años, se encamina a una reducción de su presupuesto a la mitad. Sin cumplir con la ley de financiamiento educativo a pesar de las repetidas intimaciones judiciales, las universidades, por su parte, apenas consolidarán pérdidas y no recuperarán lo perdido desde 2023.
Uno de los organismos que literalmente está al borde de la extinción, es la Agencia I+D+i, que distribuía los fondos con los que cada grupo de investigación podía comprar reactivos, mantener equipamiento, pagar viajes de campo u organizar encuentros. “El presupuesto para financiamiento de proyectos científicos bajó de 70 millones de dólares anuales a 1 millón –apunta Rodrigo Quiroga, bioinformático, especialista en análisis de datos e investigador del Conicet–. Sostienen una estructura que no sirve para nada si no hay financiamiento. Milei está destruyendo el sistema científico. No es ajuste, es destrucción planificada”.
Quiroga subraya que un aumento en pesos no dice nada si no se lo compara con la inflación proyectada, y menos todavía si esa inflación termina siendo más alta que la que el propio Gobierno calculó. En este sentido, el Presupuesto 2027 proyecta una inflación del 18% para el año que viene. Si ese número resulta optimista, como viene ocurriendo, los organismos científicos, que ya vienen de una caída en sus ingresos reales desde diciembre de 2023, volverían a perder poder de compra sin que nadie haya "recortado" nada en el papel.
Y detalla Aliaga: “En 2023 en la Agencia I+D+i se devengaron de transferencias, que corresponde a financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo de personal científico y empresas, 19.781,89 millones (sin ajustar por inflación). En el presupuesto 2027 para financiar proyectos hay 13.899 millones de transferencias. Si lo devengado en 2023 se hubiera ajustado por inflación el presupuesto 2027 debería haber aumentado un 564% y serían 130.000 millones. Se licuó más del 80%. El presupuesto de la Agencia hoy casi se destina a pagar el funcionamiento de la institución y lo que quedan de las becas otorgadas a proyectos anteriores a 2023. Para proyectos casi no hay financiamiento”.
Como apunta otro usuario de X: “Un absurdo evidente. Congelan a CERO los fondos de la Agencia a la vez que siguen pagando la masa salarial del Conicet. Sin compra de reactivos, mantenimiento de equipos de alta complejidad, insumos de laboratorio, ¿qué trabajo puede hacer un investigador?”
Los anexos hablan de ciencia con un tono casi entusiasta, con menciones constantes a la innovación, la transferencia tecnológica y el aporte del conocimiento al desarrollo productivo mientras casi no hay referencias a ampliar la carrera de investigador, a sostener becas doctorales o a fortalecer la ciencia básica, que es la que puede derivar en aplicaciones concretas.
Jorge Geffner, coordinador de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt), traza un escenario dramático de lo que estos números significan en la vida real: “Estamos sufriendo pérdida de una generación de científicos, jóvenes y no tan jóvenes –cuenta–. Hay una parálisis masiva de proyectos de investigación, se cortó prácticamente el 90-95% del financiamiento a proyectos que habían sido ya evaluados y aprobados. Hubo una depreciación salarial en el Conicet de más del 45%. Hoy los salarios son salarios dramáticamente bajos, no alcanzan para nada. Hoy por hoy, el ingreso a la carrera del investigador está virtualmente cerrada. Y el nuevo presupuesto propuesto por el gobierno para el año 2027 profundiza los ajustes. Evidentemente, hay un proyecto de destrucción del sistema científico-tecnológico. Es la única manera de entender esto, porque no puede haber miopía al respecto. Los países con los que intenta compararse este gobierno, como Estados Unidos, Japón, etc., tienen 20 veces más presupuesto dedicado a ciencia y tecnología. Nunca vi en toda mi trayectoria un proceso de destrucción sistemático como el actual. Las pérdidas ya son enormes: hace dos semanas cerró la inscripción al Congreso de la Sociedad Argentina de Inmunología que se hace en forma conjunta con el de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. La cantidad de comunicaciones científicas se redujo más del 45% comparada con 2025. Yo estoy en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (Inbirs). Nosotros entre 2021 y 2023 teníamos entre 13 y 15 doctorandos, jóvenes profesionales haciendo sus tesis doctorales. Hoy tenemos 6, se redujo más del 50%. Eso ocurre en todos los institutos y departamentos de investigación. Y si le sumamos el ajuste en las universidades nacionales, es un combo mortal para la ciencia y tecnología argentinas”.
Ambiente, con el mismo guión
Lo destinado a Ambiente arroja un balance similar. De acuerdo con el análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), este presupuesto profundiza un ajuste que ya lleva cuatro ejercicios seguidos.
La Subsecretaría de Ambiente, degradada de rango respecto de lo que supo ser un ministerio, tendrá en 2027 una caída del 10,84% frente a este año y un presupuesto un 84,3% menor al de 2023. El programa de Articulación y Educación Ambiental directamente dejó de figurar entre las partidas. Las funciones de Ecología y Desarrollo Sostenible y de Agua Potable y Alcantarillado juntas no llegan a representar el 0,25% del gasto total de la Administración Nacional, bastante menos que lo que se destina a Inteligencia o a Seguridad Interior, mientras que solo el pago de la deuda pública absorbe más del 9% del presupuesto.
El caso de los bosques nativos ilustra bien la distancia entre la ley y la ejecución. La Ley 26.331 establece que el fondo de conservación debería recibir el 0,3% del presupuesto nacional; el proyecto 2027 le asigna apenas el 0,014%, casi veinticinco veces menos de lo que manda la norma. La consecuencia concreta es que este año se plantea financiar 23 planes de manejo sostenible, cuando en 2022 y 2023 la meta rondaba los mil. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego, por su parte, muestra una mejora del 60,1% nominal en comparación con 2026, pero está lejos de compensar la caída del 55,8% acumulada desde 2023. Además, para el año próximo se prevé la elaboración de 1.950 informes para alerta temprana y evaluación del peligro de incendios, 781 menos que en 2023, justo cuando los incendios se vuelven más frecuentes.
Otros dos capítulos del informe de FARN llaman la atención por motivos distintos. El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ya prácticamente sin causa judicial que lo empuje, recibirá un 91,5% menos en términos reales que en 2023, con más del 40% de la población todavía sin cobertura cloacal. Y la prevención sísmica, que perdió su condición de programa autónomo al fusionarse el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), sufrirá un recorte real del 86,1% respecto de 2026, algo inaudito.
Los legisladores, ahora, tienen la palabra.