Desde noviembre de 2024, Río Negro tiene habilitada la explotación de la megaminera Calcatreu, un proyecto de oro y plata a cielo abierto ubicado en la Región Sur, en los departamentos de 25 de Mayo y Ñorquinco. El emprendimiento, desarrollado por Patagonia Gold, comenzó su etapa productiva en 2026 y es presentado por la gestión de Alberto Weretilneck como la punta de lanza de una nueva etapa minera: la provincia ya habla de más de 60 proyectos en distintas etapas de desarrollo. Dentro de estos departamentos, las comunidades originarias denuncian que la megaminería trae contaminación con metales pesados y denuncian problemas endocrinológicos en todos, pero sobre todo en las mujeres y su sistema sexual y reproductivo. En este marco, exigen registros epidemiológicos que permitan conocer las consecuencias de la contaminación y acceso al sistema sanitario.
Calcatreu afecta actualmente a comunidades de la zona como Peñi Mapu, Nepun Cura, Putren Tuli Mahuida y Río Chico que denunciaron que los permisos para avanzar con la exploración y explotación fueron otorgados sin que se realizara esa consulta. Muchos de esos proyectos se realizan en tierras mapuches o tierras muy cercanas que, desde hace años, reclaman el reconocimiento de sus tierras comunitarias y cuestionan el avance de actividades extractivas sin una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “La megaminería va a traer contaminación con metales pesados y eso va a traer problemas endocrinológicos en todos, pero sobre todo en las mujeres y su sistema sexual y reproductivo. Pero el Estado no lo estudia ni mide, no les conviene”, explicó Verónica Azpiroz Cleñan, politóloga mapuche, especialista en salud intercultural y doctora en Salud Colectiva que dialogó con El Destape.
En este marco, Azpiroz Cleñan, perteneciente a la comunidad Epu Lafken de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, señaló que los metales pesados como plomo, cadmio, mercurio, arsénico, afectan el sistema endocrinológico de la mujer, generan una disrupción en las hormonas que altera la función normal del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico que regula la producción de estrógenos, progesterona, FSH (Hormona Folículo Estimulante) y LH (Hormona Luteinizante), el proceso ovulatorio y la preparación del útero para engendrar. La exposición a estos contaminantes está asociada a distintos efectos sobre la salud reproductiva, entre ellos alteraciones hormonales, dificultades para concebir y pérdidas del embarazo.
Sin datos no hay evidencia
“¿Sabemos cuál es la huella hídrica para el territorio mapuche ocupado por la provincia de Río Negro?”. Azpiroz Cleñan trabaja precisamente sobre ese “vacío”: qué ocurre cuando un problema sanitario no se registra. Sin datos sobre abortos espontáneos, alteraciones hormonales, infertilidad, exposición a contaminantes o pertenencia étnica, planteó, resulta imposible construir evidencia epidemiológica sobre el impacto de la actividad extractiva en las comunidades mapuche. Si el Estado no registra cómo está la salud de las comunidades antes de que avance la actividad extractiva, tampoco tendrá con qué comparar lo que ocurra dentro de unos años. “Lo que hago es anticiparme a un litigio judicial que seguramente en cinco o seis años va a suceder, y cuando lo hagan, las comunidades no van a tener evidencia con la que reclamar justicia y sus derechos”, sostuvo Azpiroz.
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Por eso, su propuesta es construir ahora una línea de base epidemiológica: registrar el estado de salud de las mujeres en edad fértil, sus antecedentes reproductivos, controles, análisis clínicos y otros indicadores que permitan establecer un punto de partida y actualizarlos con el paso del tiempo: "La invisibilización estadística en salud del pueblo mapuche, específicamente en estadísticas vitales como en epidemiología, es una política estatal (nacional y provincial) asentada sobre el racismo institucional”.
Reclamo de tierras
El conflicto por la minería se monta, además, sobre una disputa mucho más antigua: las comunidades mapuche de Río Negro todavía reclaman la titularización de sus territorios comunitarios. Esa falta de reconocimiento jurídico aparece una y otra vez en los testimonios recogidos para esta investigación. Las comunidades sostienen que el Estado conoce su existencia pero que, al mismo tiempo, utiliza la falta de delimitación y
titulación para cuestionar sus derechos sobre la tierra y avanzar con estos proyectos extractivistas.
La preocupación se exacerba con las discusiones que se dan en el Congreso de la Nación relacionadas a la Ley de Tierras (Ley 26.737) que protege el dominio nacional sobre la propiedad rural limitando la compra de campos por parte de capitales extranjeros a un máximo de 15% del total nacional, provincial y municipal. El oficialismo retiró en agosto de 2026 el capítulo sobre la reforma de dicha ley del proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" en el Senado de la Nación, sin embargo, las comunidades indígenas se mantienen alerta: “Es un desastre, porque es la convalidación de los desalojos de las comunidades. Es la garantía que necesitan las empresas para saquear los territorios mapuches e indígenas. Ahora buscan tener garantía institucional”.
A la luz de las reformas de la Ley de Glaciares (27.804) que en abril el Gobierno Nacional logró para que sean los Ejecutivos provinciales los que definan qué áreas naturales cumplen una función hídrica y merecen protección, permitiendo abrir espacios a la inversión minera, las comunidades alertan: “Vienen por nuestras tierras, y vienen sin buenas intenciones”.
El derecho a la tierra
En el caso de Calcatreu, no existe una posición única dentro del pueblo mapuche. Algunas comunidades cercanas al proyecto, como Peñi Mapu, establecieron instancias de diálogo con Patagonia Gold y expresaron expectativas vinculadas al empleo y al desarrollo local. Otras, como Putren Tuli Mahuida, junto con sectores del Parlamento Mapuche y organizaciones socioambientales, rechazan la explotación y cuestionan que se haya
cumplido con una consulta previa, libre e informada. La propia discusión pública alrededor del proyecto expuso esa fractura: mientras algunos
referentes esperan que la minería genere puestos de trabajo, otros advierten que las empresas ofrecen una promesa de prosperidad que no necesariamente se traduce en trabajo para la población local.
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Agripina conoce de cerca esa tensión. En la Línea Sur de la provincia, explicó, las empresas llegan a negociar con algunos referentes y ofrecen puestos de trabajo, pero eso no significa que exista una decisión comunitaria sobre el proyecto: “Hay casos donde las empresas lograron permisos negociando con algunos líderes. Prometían puestos de trabajo y prosperidad para Jacobacci. Pero necesitan personal calificado para trabajar en esas mineras, y los que terminan entrando a trabajar son muy pocos. Hoy se dan cuenta de que fue un engaño para ingresar al territorio”.
Sobre este punto, desde su propia página web, Patagonia Gold indica que ha firmado “Convenios de Cooperación de distinta índole, para lograr una colaboración productiva entre Patagonia Gold y la comunidad”. Allí expone que el proyecto cuenta con una Línea de Base Ambiental, estudios hidrológicos e hidrogeológicos y medidas de mitigación, monitoreo y cierre, y afirma que, a partir de esos estudios, considera que el proyecto es compatible con el ambiente.
En una nota periodística de un medio barilochense, Ricardo Williams, responsable de Relaciones Comunitarias de Patagonia Gold, aseguró: “La comunidad mapuche Peñi Mapu está cerca de Calcatreu y hemos trabajado mucho con ellos. Si los que están cerca dicen que no, lamentablemente no se puede avanzar, pero en Jacobacci creemos que hay consenso”.
Es verdad, según Agripina, que “Jacobacci está dividida” en su posición a favor o en contra de la minería, pero desde el Parlamento Mapuche cuestionan la versión de que exista un consenso comunitario sobre el proyecto. Ya en el 2023, Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo desmintió al decir públicamente que “el pueblo mapuche jamás fue minero” porque es “inconcebible desde su marco espiritual romper un cerro para sacar el oro”. “No es cierto que haya consenso social, hay un gran enojo de muchas comunidades”.
El referente indicó que el Gobierno estableció un “protocolo” de consulta solo para uno o dos referentes por comunidad, “desconociendo” que las definiciones son comunitarias. Otro cuestionamiento es que la Provincia “exige” a las comunidades el acompañamiento al proyecto y no hay propuestas alternativas de otorgamiento de “tierras aptas y suficientes para que se desarrollen”. En abril del corriente año, el proyecto de Patagonia Gold completó el tercer muestreo participativo de aguas aseguran que la salud sexual y reproductiva de las mujeres no son una variable que tengan en cuenta.
Acceso al sistema de salud
En este contexto, para muchas mujeres mapuche que viven en las comunidades rurales de Río Negro, acceder a un control de salud implica recorrer decenas o incluso cientos de kilómetros. Yuliana Arce, docente e integrante de la comunidad mapuche Pilquiniyeu del Limay, conoce de cerca esas dificultades: en su territorio hay una sala de primeros auxilios, pero para acceder a una atención de mayor complejidad deben trasladarse hasta Comallo, a unos 100 kilómetros, y en caso de necesitar determinados servicios ginecológicos, la derivación puede ser hasta Bariloche, a unos 200 kilómetros.“Las mujeres mapuche, de por sí, estamos re alejadas de los centros de salud”, explicó. La distancia no es solamente geográfica: también existen dificultades para acceder a controles que no son considerados urgentes: “Allá la ambulancia te trae si vos venís por una urgencia, pero no se considera de importancia un estudio ginecológico”.
El resultado es que ni siquiera existe información básica para conocer cuántas mujeres de las comunidades realizan controles ginecológicos periódicos, y las que acceden al sistema de salud tampoco quedan registradas. Azpiroz Cleñan señaló que en la provincia las fichas clínicas no tienen incorporada la variable étnica: “Ni en la atención obstétrica ni en la generalista se registra de qué pueblo indígena o lengua habla la consultante. Se las trata a todas por igual. Entonces hay dos barreras en el acceso a la salud no medidas: la lengua y el origen étnico”.
Muchas mujeres ni siquiera han tenido contacto con un ginecólogo ya que la atención médica no suele contemplar las particularidades culturales de las pacientes. Es por esto que la politóloga propone incidir en el Ministerio de Salud rionegrino para que elabore un protocolo de atención para mujeres mapuche y no mapuche en edad fértil (la salud reproductiva será afectada) en contextos megamineros. Azpiroz Cleñan explicó que también existe una distancia cultural con el modelo médico hegemónico: mientras en la medicina mapuche el diagnóstico parte de una conversación y de la búsqueda conjunta de las causas del padecimiento, en el sistema biomédico el diagnóstico suele quedar exclusivamente a
cargo del profesional.
También en diálogo con este medio, Agripina Nahuelcheo, psicóloga y cientista social, y referente del pueblo mapuche, oriunda de Ingeniero Jacobacci, una localidad muy cercana a la actividad de Calcatreu, advirtió que el problema no es solamente qué sucederá si aumentan los problemas de salud asociados a la contaminación, sino qué capacidad tendrá el sistema para detectarlos, registrarlos y atenderlos.
Al respecto, la provincia anunció que comenzó a fortalecer desde 2025 un Programa de Salud Intercultural en Bariloche, que busca articular saberes de la medicina mapuche y la medicina convencional y mejorar la accesibilidad al sistema de salud para erradicar progresivamente esta problemática. En agosto de este año, el Hospital Zonal Bariloche reunió a equipos de cinco centros de salud con la machi Betiana y representantes de la comunidad mapuche. Entre las acciones acordadas se encuentran la capacitación de los equipos sanitarios, la elaboración de materiales con perspectiva intercultural y traducción al
mapuzungun y la participación de la machi en la formación de agentes sanitarios.
Promesas de prosperidad
María Valentina Curufil, lonco de la comunidad Peñi Mapu, ha argumentado en medios locales que 15 integrantes de la comunidad trabajan actualmente en Calcatreu y que la expectativa de generar empleo para los jóvenes fue una de las razones por las que la comunidad apoyó el proyecto. Esta versión fue confirmada por la empresa, que afirma que mantiene desde 2021 un convenio de cooperación con esa comunidad. Ese consenso, sin embargo, es discutido por otras comunidades y organizaciones mapuche, que sostienen que las decisiones sobre el territorio no pueden reducirse a acuerdos individuales ni a la participación de algunos referentes.
La promesa de trabajo también aparece en el relato de Yuliana Arce, quien desarrolla el rol de huarquén -mensajera de su comunidad-. En su caso, la relación con los grandes proyectos extractivos tiene además una dimensión familiar: su comunidad, Pilquiniyeu del Limay, fue relocalizada en la década de 1990 por la construcción de una represa hidroeléctrica. Sus integrantes vivían a orillas del río Limay y fueron trasladados cuando el territorio quedó destinado a convertirse en un lago artificial. “Les mintieron mucho, siempre prometen lo mismo pero nunca sucede”, recordó Arce: a sus ancestros les dijeron que el nuevo paisaje sería parecido a Bariloche, que tendrían bosque y lago, pero el cambio implicó la pérdida de animales, huertas, leña y parte de la vida comunitaria. Muchas familias, además, terminaron abandonando el territorio y mudándose a las ciudades.
Para Arce, esa historia funciona como una advertencia sobre lo que puede volver a ocurrir. En 2021, siete comunidades presentaron un amparo colectivo para exigir una consulta previa, libre e informada sobre las actividades extractivas en sus territorios. Obtuvieron inicialmente un fallo favorable, pero luego la decisión fue revertida y el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia para delimitar quién tiene autoridad para decidir sobre un territorio. Al respecto, Agripina opinó: “Sin títulos comunitarios no tenemos defensa legal para indicar que este lugar nos pertenece. Hay pruebas de que nuestros ancestros ya ocupaban estos territorios desde antes de que se conformara el Estado Nacional”.
Para las comunidades mapuche, apuntó Azpiroz Cleñan, la salud tampoco puede pensarse separada de esa dimensión territorial: el padecimiento físico, mental, emocional y ancestral está ligado al quiebre de un modo de vida y a la relación histórica con el territorio. “Construir evidencia en salud en clave mapuche, será herramienta de salud colectiva para la reorganización territorial. Algo sabemos: rümel yaful piwke zomogekeyiñ, fuimos mujeres poderosas del arco iris y estamos volviendo”, cerró la politóloga.