Una importante fábrica de baterías despidió a 35 trabajadores en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y, tras varios reclamos, un fallo judicial ratificó la medida de la empresa y los empleados quedarán en la calle.
La Justicia laboral revocó la medida que ordenaba reincorporar a los despedidos de Fademi, ubicada en Larroque, y dejó firmes las cesantías en el marco del conflicto que la empresa mantiene desde mediados de 2024 con el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana.
La decisión fue adoptada por el juez Julio Armando Grisolía, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 55, quien el 17 de julio dejó sin efecto una resolución dictada en enero de este año que había favorecido el reclamo sindical.
Los trabajadores fueron despedidos por reclamar por sus salarios
El conflicto comenzó en junio de 2024, cuando el gremio inició una serie de reclamos vinculados con mejoras salariales y condiciones de seguridad e higiene dentro de la planta. Desde la empresa sostuvieron que el incremento salarial exigido era económicamente inviable y aseguraron que los trabajadores ya habían recibido una recomposición superior a la inflación acumulada durante el período.
Según datos difundidos por Fademi, entre abril de 2023 y abril de 2024 los salarios aumentaron un 400%, frente a una inflación del 290%. Además, indicaron que el sueldo inicial neto alcanzaba los $1,5 millones y que el promedio de bolsillo rondaba los $2 millones mensuales. La compañía también denunció que las medidas gremiales afectaron seriamente la producción.
De acuerdo con su apoderado, Emiliano Gietz, las primeras acciones consistieron en asambleas con interrupciones parciales de la actividad y luego derivaron en una reducción de la producción al 10% de la capacidad habitual, lo que implicó la pérdida de unas 30.000 baterías que dejaron de fabricarse.
El conflicto se agravó cuando, a comienzos de junio de 2024, un bloqueo impidió el ingreso de un camión al establecimiento y los trabajadores abandonaron la línea de producción, dejando unas 2.000 baterías sin terminar, aunque la empresa aseguró que finalmente logró recuperarlas.
Tras esos episodios se sucedieron marchas, protestas y un acampe frente a la planta. La compañía también denunció pintadas en viviendas de sus propietarios, el lanzamiento de bombas de estruendo y manifestaciones frente a domicilios particulares.
El sindicato, en tanto, acusó a la empresa de incumplir normas de seguridad laboral y de aplicar descuentos salariales injustificados. En medio de la disputa, la empresa despidió inicialmente a tres trabajadores, medida que desencadenó una huelga para exigir su reincorporación. Posteriormente, se concretaron otras 25 cesantías hasta completar el grupo alcanzado por el reclamo judicial.
La tensión alcanzó un nuevo punto crítico en enero de este año, cuando la propietaria de la empresa denunció haber recibido un paquete con dos balas y un mensaje intimidatorio dirigido a la familia empresaria. La investigación derivó en la imputación de dos trabajadores, quienes permanecieron dos meses con prisión preventiva y actualmente esperan el juicio oral previsto para octubre, acusados por el delito de coacciones agravadas.
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