Javier Milei y un gobierno incompatible con la vida

Los incendios que arrasan hace semanas a la Patagonia argentina, la desarticulación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, la regresiva reforma laboral y el desmantelamiento sistemático de las políticas para las personas con discapacidad no pertenecen al mismo expediente administrativo ni ocupan el mismo lugar en la agenda pública. Sin embargo, analizados en conjunto, trazan un hilo conductor que evidencia algo más profundo y peligroso que la suma de crisis o ataques sectoriales: el gobierno libertario de Javier Milei despliega una forma de administración política que entra en conflicto directo con las condiciones básicas que hacen posible una vida digna.

Durante los primeros meses de gestión, todavía circulaba una narrativa indulgente: la idea de que había que “darle tiempo” a un gobierno nuevo, que “el sacrificio valía la pena”, o que los efectos más duros del ajuste eran herencia inevitable de gestiones anteriores. Hoy, a más de dos años de la llegada de Milei a la Casa Rosada, esa explicación ya no resiste el menor análisis. Los resultados no son producto de errores, rezagos o descoordinaciones. Tampoco de incapacidades técnicas. Son la consecuencia directa de un proyecto político que avanza con coherencia y eficacia.

Lo que se consolida es una racionalidad de gobierno que concibe al Estado de bienestar como una interferencia y a la vida como una variable residual, que debe adaptarse o quedar excluida de la lógica del mercado. Allí donde la vida necesita tiempo, previsión, cuidado, inversión sostenida y continuidad institucional, el Estado bajo esta racionalidad de gobierno se retira. En simultáneo, se refuerza un único rol estatal: vigilar, controlar, disciplinar cuerpos y subjetividades para que se adapten y acepten la explotación.

Esta combinación no es nueva en la historia del capitalismo, pero pasado el primer cuarto del siglo XXI adquiere un rasgo extremo, cruel, sobredimensionado por las nuevas lógicas comunicacionales. Ya no se trata de administrar la vida de manera diferencial, como lo hicieron incluso los modelos más duros de los años noventa, sino de retirarse de todo aquello que la sostiene, dejando a amplios sectores sociales librados a su suerte y a su muerte. Como señala Nancy Fraser este sistema económico canibaliza a las personas, la naturaleza y la democracia, o sea las propias condiciones que hacen posible la acumulación, pero como esa sed es insaciable, termina matando la vida misma.

En el caso de los incendios en la Patagonia, la estrategia discursiva del gobierno fue inmediata: desplazar la responsabilidad política y construir un enemigo interno. Según declaraciones oficiales, los incendios serían responsabilidad de comunidades mapuches. La operación fue encabezada por la ministra Patricia Bullrich, quien en la red social X afirmó que “los grupos que se autoproclaman mapuches” serían responsables y los calificó como terroristas. Para completar el montaje comunicacional, el propio Milei difundió una imagen generada con inteligencia artificial, una escena falsa que buscó suplir la ausencia real del Estado.

La realidad, sin embargo, fue desmentida por la propia investigación judicial. El fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, negó la intervención de organizaciones mapuches y señaló que se investiga la presencia de combustible en el suelo en el marco de disputas por tierras. Mientras tanto, lo que queda cuidadosamente fuera del debate son las responsabilidades políticas concretas. Porque el fuego no avanza solo por razones climáticas o fenómenos naturales. Avanza cuando se desmantelan los sistemas de prevención, se subejecutan presupuestos, se vacían áreas ambientales, se paraliza la ciencia aplicada al monitoreo, se habilita la especulación inmobiliaria, se fomenta la privatización de recursos naturales y el Estado se retira de la planificación territorial. El desastre es producido mientras el Estado desaparece del relato justo cuando es el actor central del daño.

La desarticulación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas vuelve esta lógica libertaria todavía más explícita. No se trata de un área ineficiente ni de un gasto superfluo, sino de una política pública que garantizaba diagnósticos tempranos, derivaciones y cirugías a los más de 7.000 bebés con malformaciones cardíacas que nacen cada año en Argentina. Sin intervención oportuna, esas infancias quedan en riesgo vital. El colapso, silencioso y brutal, significa la interrupción de un circuito que sostenía vidas concretas. La idea de que la salud puede ser librada a la lógica del mercado se vuelve obscena, canalla, miserable, cuando el sujeto de esa “libertad” es un niño o un bebé enfermo.

La meritocracia, el esfuerzo individual, la autosuficiencia, pilares discursivos del gobierno, chocan frente a la realidad material de una cardiopatía congénita, una discapacidad o una enfermedad mental. No hay emprendimiento posible que reemplace a la salud pública para dar respuesta a una malformación cardíaca, ni hay competencia justa cuando lo que está en juego es la vida de un recién nacido. Cuando el Estado abandona estas políticas, no está simplemente ajustando para celebrar el equilibrio fiscal. Está decidiendo, por omisión, quién tiene el derecho a vivir y quién no.

Este patrón se repite en múltiples dimensiones desde que Milei llegó al gobierno nacional. Mientras salud, educación, ciencia, tecnología y políticas de cuidado sufren recortes profundos o directamente quedan sin ejecución, el presupuesto estatal se reorganiza para fortalecer áreas de control, seguridad, vigilancia e inteligencia. Y no es solo una cuestión técnica o de montos, sino de sentido político: el Estado se ausenta allí donde la vida requiere inversión sostenida y se expande allí donde se busca disciplinar a una sociedad empobrecida. La muerte, el miedo, la inseguridad son herramientas del gobierno para ordenar conductas y justificar políticas de ajuste, represión o abandono.

Lo que une a los incendios, al vaciamiento de las políticas sanitarias y a esta reconfiguración estatal es una misma racionalidad política. El gobierno de Milei no propone administrar la vida, sino retirarse de todo lo que la hace posible, y tercerizar a los verdugos: narcos, policías de civil, mercados ilegales, enfermedades, endeudamientos, precarización, abandono sanitario, pobreza, indigencia. Se configura así una biopolítica invertida, que se acerca peligrosamente a lo que Achille Mbembe definió como necropolítica, es decir un poder soberano que no solo administra la vida, sino que decide qué vidas merecen ser sostenidas y cuáles pueden ser descartadas o expuesto sistemáticamente a condiciones de muerte. Si la biopolítica para Foucault administra la vida, la necropolítica administra la muerte, la exposición al riesgo, y la precariedad extrema.

La vida, sin embargo, no es autosuficiente. Es vulnerabilidad, dependencia, interdependencia, comunidad, cuidado. El proyecto libertario omite la evidencia elemental de la humanidad misma. En su mundo ideal solo merece existir aquello que puede competir, rendir y acumular, aun cuando sea a costa de todo lo que lo hace posible. Todo lo demás, la infancia, la enfermedad, la discapacidad, la vejez, el medioambiente, aparecen como problema, un costo a reducir. Byung-Chul Han describió esta forma contemporánea de violencia como una crueldad sin gritos ni golpes visibles: una violencia por omisión, por abandono, por indiferencia estructural. No hace falta reprimir si se puede dejar caer o dejar morir.

Existe además un profundo daño a largo plazo ya que estas políticas instalan la idea de que perder una casa en un incendio, que un niño muera por falta de atención médica o que una persona con discapacidad quede sin apoyo estatal es parte del “riesgo” de vivir en libertad. Así se erosiona la noción misma de comunidad política, de vida democrática y de un “nosotros” que deba ser cuidado, y se instala el paradigma de individuos aislados enfrentados a su propia supervivencia.

Decir que el gobierno de Milei es incompatible con la vida no es una exageración retórica, es una hipótesis que se confirma todos los días en los territorios, en los barrios, en los hospitales abandonados, los bosques que se queman, las políticas de cuidado que se desmantelan, las infancias suspendidas, los jubilados reprimidos cada miércoles en el Congreso. Un gobierno que se retira de la prevención, del cuidado y de la protección no está fallando a sus propios principios, está siendo coherente y fiel con ellos, incluso si ponen en peligro la vida misma.