Un aluvión de imágenes desordenadas llegó a mi teléfono estos días. Tengo una amiga artista que está montando su obra en un edificio de Madrid, uno de esos que en España se llama “pijos” y que aquí podríamos decir ¿chetos? ¿de lujo? ¿para ricos? Todas valen, un edificio de departamentos que se está convirtiendo en eso ahora, merced a la obra de Desiree Du Val entre alguna otra reforma. El inmueble todavía tiene dos inquilines a quienes falta desalojar porque pagan muy poco, porque no son el target de la renovada propiedad. Desi manda fotos sin parar del acampe de inquilinos, liderado por el Sindicatos de Inquilinas, en el Sol, detrás de la famosa puerta, ícono de Madrid. No se sorprende de la sincronía de estar habitando un lugar destinado a especulación inmobiliaria, contradicciones del mundo del arte que ella aprovecha para sus propios activismos.
Desde las primeras manifestaciones que surgieron a partir del desalojo de Maricarmen Abascal, una pensionada de 87 que vivía en un pequeño departamento desde hacía 71 años, la plaza del Sol se ha convertido en una ciudad contingente dentro de otra, la que pretende expulsar a quienes no pueden pagar alquileres que hasta duplican el salario medio. “Hay pasillos, pequeñas comunidades por todos lados, se han extendido lonas gigantes para cuidar las carpas de la lluvia, la mayoría tienen menos de 30, me la paso hablando con la gente, los pibes pagan medio sueldo por una habitación en una casa compartida”, Desiree lo cuenta por teléfono, envía audios con las consignas cantadas: “A la monarquía, a desahuciar” o “qué es lo que pasa, que no tenemos casa”.
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El acampe contagia su desborde, esa palabra deseada cuando se trata de que la calle, el pueblo movilizado ponga en acto su capacidad de veto de las decisiones del poder, aun cuando sean “representantes” quienes las tomen. Pasó tantas veces en nuestro país, el 6 de agosto fue la última. Decenas de miles de personas desafiaron una sudestada que descargó agua y viento sobre la Plaza de los dos Congresos para frenar la ley de extranjerización de la tierra y lo lograron. Aunque tienen media sanción otros capítulos de la ley, como el que pretende consagrar los desalojos como una necesidad sumarísima, tan urgente que puede saltearse el debido proceso para dejar en la calle a cualquiera en tres días. Ojo, si en el grupo familiar hay una persona con discapacidad te dan hasta diez.
De todos modos, esa media sanción todavía no es ley y vaya a saber si se trata porque ahora la Corte Suprema destrabó el artículo del decreto 70/23 que autoriza la venta a extranjeros de tierras soberanas sin ningún límite estratégico ni por superficie. Los deseos no dichos de los technomagnates han sido cumplidos. Y por si les quedaban dudas, Luis Caputo les ofreció una ciudadanía de lujo que Forbes ya dice que es una nota de distinción, de alcurnia, que se compra con una donación única a tu entrada al país donde no llegará la guerra nuclear, según dice Peter Thiel, y el calentamiento global será más leve, al menos en la zona austral.
Aunque eso dependerá del tamaño de los data centers que ya se relamen con la posibilidad de instalar en este paraíso sin regulaciones como prometió Sturzzenegger: “Mi única misión es que no se aplique ninguna regulación sobre la IA” ¿Será que estamos dibujados quienes habitamos y amamos este suelo argentino? ¿Que nos quieren convertir en inquilines incómodos de sus capitales que pueden comprar cualquier cosa? A Maricarmen, en Madrid, la desalojaron porque el contrato de por vida que tenía se cayó cuando se vendió el edificio entero. Y no importa cuántos años tenga ni su derecho por haber construido su vida y sus vínculos en ese pequeño piso, a esos 40 metros cuadrados se les podría sacar 1700 euros por mes. Si alguien lo puede pagar, pues la vida de Maricarmen, que cobra 1300 euros de pensión, se convierte en descartable, la sacan a la fuerza y en camilla, la ponen en una pensión. Que se arregle.
Esa imagen no se toleró y produjo el desborde. Dos millones de personas salieron a la calle hoy sábado 3 de octubre en Madrid mientras en el Congreso se discute el decreto que Pedro Sánchez, el presidente de España, firmó para frenar los desahucios -es la palabra que se usa para desalojos, aunque tiene el significado literal de haber quedado sin opciones para nada-. La disputa por la vivienda excede a España, incluso a Europa, obviamente, aunque no es un dato menor que en Berlín, capital de Alemania, donde la ultra derecha viene creciendo, haya ganado la última elección como intendenta Elif Eralp, la candidata de Die Linke –“la izquierda”- con un programa muy centrado en el derecho a la vivienda. Eralp recogió una movilización inmensa y capilar de vecinos y vecinas de Berlín que en 2021, plena pandemia, juntaron las firmas suficientes para reclamar un plebiscito que regulara los alquileres pero sobre todo que se venda a mansalva viviendas que construyó el Estado el siglo pasado a fondos de inversión que después triplican los montos de los alquileres o los destinan a alquiler turístico.
Mientras escribo, el desborde en las calles de Madrid sigue multiplicando el número de personas que van detrás de una bandera de arrastre que dice “a la huelga general”. Desiree sigue insistiendo con sus mensajes de audio: “mala gestión, expropiación”, es otro de los cantos y me muestra en una foto un cartel con una consigna que se acuñó en Buenos Aires: Ni casas sin gente ni gente sin casas. Se podría sumar otra siguiendo el mismo ritmo, para las movilizaciones que se vienen contra el fallo de la Corte Suprema que parece gobernar sin ningún mandato popular: ni pueblo expropiado ni data centers asentados. Pero capaz no rima o no es tan elocuente como la primera: es la especulación inmobiliaria la que vacía las casas consagrando el privilegio del capital por sobre los derechos de las personas, sus familias, sus círculos de cuidado. Buenos Aires está llena de casas vacías, aquí los desalojos express ya son un hecho corriente, sin intervención judicial, con la coartada de declarar en peligro inmuebles que no están en ruina y sacando a la gente a la calle como si sus vidas, sus destinos no valieran. “Una ciudad sin okupas” es el slogan del Gobierno de la Ciudad que se ve en los espacios de publicidad municipal. “Tener techo es un derecho”, corean millones de personas en Madrid. ¿Frente a viviendas vacías cuál es la lógica de que haya gente durmiendo en la calle, familias enteras a la intemperie? ¿Por qué salen a remate los lugares desalojados, no era que los devolvían a sus dueños? La Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda hizo ese relevamiento este año, cuando el presupuesto destinado a vivienda fue el menor de los últimos 15 años, cuando como nunca se violó el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad que obliga a invertir en desarrollo de viviendas para todos y todas, no sólo a la clase media, como también publicita el gobierno de la Ciudad.
Casa y tierra son formas diferentes de nombrar el arraigo, la reproducción de la vida, los cuidados necesarios para que cada quien pueda desarrollar su plan de vida, ejercer sus derechos humanos. Casa y tierra no pueden ser meras mercancías y eso no quiere decir que no pueda haber casas y tierras más caras o más valiosas que otras, quiere decir que es necesario asegurar un piso mínimo de dignidad para todos y todas las habitantes de este país y de cada país.
La manifestación en España es descomunal, en los días que pasaron de acampe, me cuentan, leo en los artículos de Nuria Alabao o de Amador Fernández Savater, ha producido una politización profunda de las condiciones de vida a las que a veces nos acostumbramos porque parece imposible transformarlas. Que el alquiler se lleve el 60 por ciento de tus ingresos o que directamente no puedas pagarlo y eso habilite que te empujen de la sociedad como escoria -¿como okupa?-, que sea el capital el que tiene derecho de ciudadanía sin preguntas mientras a diario se estigmatiza a migrantes de países vecinos. Que las tierras que llamamos Argentina puedan venderse a cualquiera que no sabe lo que es ser argentino, argentina, y que eso te llene de amor, de orgullo y ahora también de tristeza. Pero ya se ve que no hay por qué resignarse, el desborde de lo que ya conocemos como manifestación para que pase a ser un límite concreto a la arbitrariedad del poder depende de que podamos encontrarnos con otros y con otras y alimentar entre miradas y reconocimiento la voluntad, la imaginación y la rabia porque no hay derecho a atropellarnos, a despojarnos. Porque las Malvinas son argentinas y el resto de nuestro territorio y sus bienes, también. Hay derecho, en todo caso, a la tierra, al trabajo, a la vivienda y eso nos lo están debiendo. Ese piso mínimo de derechos no puede ser imposible de conseguir, otros imposibles ya se han vencido y sabemos que lo imposible sólo tarda un poco más.
