En medio del aumento de la tensión social por la crisis habitacional, el Gobierno de España decretó la suspensión de desalojos hasta el 2030, la prórroga de contratos que finalizan en 2028 y el congelamiento del valor de los alquileres por dos años. La decisión se da mientras se registran acampes masivos en el centro neurálgico de Madrid y luego del caso de una anciana de 70 años desalojada de su casa.
"Este Gobierno ha escuchado a la gente y ha actuado. Tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proyecto de vida y un derecho al alcance de todos", dijo el presidente español, Pedro Sánchez, en un video que publicó en su cuenta de X.
Según explicó, la iniciativa pretende prohibir los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, la prórroga extraordianria de dos años para contratos de alquiler vigentes, y el congelamiento del valor hasta 2028 de los alquileres que estén por encima del índice de precios español.
También se busca prohibir la compra especulativa de viviendas por parte de fondos buitre y establecer que los denominados pisos turísticos comiencen a pagar IVA en España. Las medidas deben ser aprobadas en el Parlamento, donde el oficialismo no tiene mayoría.
"Tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar, la base para construir un proeycto de vida y al alcance de todos", agregó Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El contexto de las medidas
Estos decretos, que deberán ser aprobados por un Congreso donde el oficialismo no cuenta con mayoría, se conocen una semana después del desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba los últimos 70 viviendo de alquiler en Madrid.
También se dan mientras ocurre un masivo acampe en la Puerta del Sol, el centro de la capital española, donde se reunieron miles de personas para protestar por la crisis habitacional, quienes ya anunciaron que no frenarán su reclamo.
En contrapunto, la preisdenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP), criticó estas medidas al calificarlas como medidas intervencionistas que van en contra de los propietarios y que no favorecerán la oferta de alquileres.
"Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido ya quedarme", dijo Ayuso sobre los decretos del Gobierno español.