Fabricaciones Militares incorporó a su catálogo el FSL, una nueva versión semiautomática basada en el clásico FAL de origen militar. Esta incorporación se destina exclusivamente a usuarios que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos vigentes, según informó la empresa estatal argentina.
El lanzamiento del FSL amplía la oferta comercial de Fabricaciones Militares, que continúa así con su tradición en la producción nacional de material de defensa y seguridad. Este nuevo producto conserva la plataforma histórica del FAL, adaptada para su uso civil bajo estrictas normativas.
Para adquirir el FSL, el interesado debe realizar el pago total del arma al momento de la compra. Tras emitirse la factura, comienza el trámite para obtener la autorización y documentación necesaria para la tenencia del arma. El comprador debe presentarse personalmente ante el RENAR, el organismo competente designado por Fabricaciones Militares, con toda la documentación requerida y cumplir con las condiciones establecidas para la autorización.
Una vez que RENAR aprueba la operación y verifica la documentación, se coordina el retiro del FSL conforme al procedimiento establecido. En caso de que la autorización sea denegada, Fabricaciones Militares informó que devolverá el dinero abonado, respetando las condiciones estipuladas para la operación.
Este paso representa un avance en la continuidad de la producción nacional de armamento para defensa y seguridad, manteniendo la tradición y adaptándose a las demandas del mercado civil legal. La incorporación del FSL refleja el compromiso de la empresa con el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y con la oferta de productos que respondan a las necesidades de los usuarios habilitados.
Milei busca privatizar y extranjerizar Fabricaciones Militares
Javier Milei acelera la privatización de hecho de Fabricaciones Militares, la empresa que provee armas y municiones a las Fuerzas Armadas y la Policía. No es una privatización común, por ser de área de Defensa y Seguridad, algo que el Estado no puede delegar, y también porque no lograron incluirla en las empresas públicas entregadas vía la Ley Bases.
Pero la creatividad legal mileísta le encontró la vuelta: el truco es una Unión Transitoria entre la empresa estatal y un privado que simulará una cooperación, pero, en los papeles, establece que será la empresa privada la que controle, de mínima, el 51% y tendrá decisión prácticamente sobre todo el funcionamiento, desde la producción hasta la transferencia de tecnología, en una entrega direccionada y prácticamente sin controles.
Es la privatización de hecho del complejo industrial-militar del Estado argentino, otro capítulo de la entrega de soberanía y de capacidades desarrolladas durante décadas que serán apropiadas por una empresa privada, todo indica que extranjera, que orientará la producción de armas y municiones como un negocio en lugar de como un tema de interés nacional.