Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, más de 30.000 trabajadoras de casas particulares dejaron de tener un empleo registrado. Producto de la crisis económica muchas familias recortaron gastos y tuvieron que despedir al personal doméstico. Además, creció la informalidad en el sector.
Los números muestran hasta qué punto el deterioro del poder adquisitivo de los hogares impactó sobre una actividad que depende directamente de la capacidad de las familias para contratar personal.
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron 30.133 puestos formales en el sector, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborados a partir de registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
La cantidad de trabajadoras registradas cayó de 629.660 a 599.527. El retroceso representa más de 33 empleos formales menos por día durante ese período.
El trabajo doméstico y la informalidad
En ese sentido, el trabajo doméstico continúa siendo una de las actividades con mayor nivel de informalidad de la economía argentina. De acuerdo con un relevamiento de EcoFeminita realizado sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el 77,5 por ciento de las trabajadoras no realiza aportes jubilatorios.
Detrás de esa cifra aparecen otras consecuencias. La mayoría trabaja sin obra social, vacaciones pagas, aguinaldo o cobertura frente a una enfermedad. Para miles de mujeres, perder la registración o pasar a trabajar menos horas significa quedar todavía más expuestas en un mercado laboral que ya partía de condiciones precarias.
El ajuste tampoco se limita a los despidos. La reducción de jornadas se convirtió en otra de las formas en que los hogares intentan acomodar sus cuentas. Mientras poco más de la mitad de las trabajadoras tiene una ocupación de entre 35 y 45 horas semanales, casi un tercio se encuentra subocupada.
Además, el ingreso promedio del sector alcanza los $338.700 mensuales, aunque la mitad de las trabajadoras cobra menos de $300.000. A su vez, casi cuatro de cada diez son el principal sostén económico de sus hogares.
"Muchas de nosotras somos trabajadoras de trabajadores que tienen planchado su salario. Es desesperante la situación, porque todo aumenta y no un 1% como es el aumento de nuestro salario", cuestionó Ana Altamirano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SINPECAF), al medio Info gremiales.
La dirigente apuntó además contra la falta de políticas para revertir la informalidad: "El gobierno de Milei no ha logrado mayor registración, como se logró con el gobierno anterior mediante una política pública".