El Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata inició el juicio contra Emilio Parodi, exjefe de Personal de Molinos Río de la Plata. Está acusado de privación ilegal de la libertad y de participar en los secuestros y desapariciones de tres trabajadores de la planta Avellaneda el 7 de julio de 1976, por medio del manejo de agentes de vigilancia internos de la planta y la confección de listas negras.
Al menos 27 personas vinculadas a la empresa fueron víctimas de delitos de lesa humanidad; 21 se encuentran desaparecidas, cuatro fueron asesinadas, una sobrevivió al operativo y una niña fue víctima de apropiación. Analía Fernández, hija de Francisco, sostuvo en diálogo con El Destape que el balance de la primera jornada es "positivo", pero los familiares lamentaron mucho que las audiencias tengan que ser virtuales, ya que la sala se encuentra en refacción. "Estar en la sala de un juzgado tiene un valor y una connotación muy significativa en estos casos" y remarcó que esperaron este momento 13 años.
"Pasaron muchas cosas y fallecieron varios testigos. El camino fue arduo y largo. Esto es sólo el comienzo", expresó. Además, reconoció que estaba "muy emocionada" por escuchar la lectura de los testimonios de los compañeros de su papá, quienes fueron los últimos que lo vieron con vida. "Sus relatos fueron fundamentales para imputar a Parodi. Ojalá los jueces sepan escuchar nuestro pedido de justicia.
Un tribunal, cuatro querellas y la búsqueda de justicia tras 13 años de espera
El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 2 de La Plata, integrado por Nelson Jarazo, Pablo Wilk y Yesica Sircovich, e intervienen el fiscal general Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, de la Unidad Fiscal especializada en crímenes de lesa humanidad de La Plata. Es el cuarto juicio de lesa humanidad que sienta en el banquillo a miembros o personal jerárquico de empresas por su responsabilidad en secuestros y desapariciones de trabajadores; los tres previos son La Veloz del Norte, Ingenio Las Marías y Ford.
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Las querellas cuentan con representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales, de familiares de víctimas, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera.
Parodi también tenía a su cargo tareas gerenciales o de dirección, centradas en el área de recursos humanos. Las víctimas son los trabajadores aceiteros Francisco Fernández (27), Santos Ojeda (24) y Roberto José Rivolta Bonino (35), que fueron secuestrados y desaparecidos cuando se encontraban en su lugar de trabajo en la planta de Avellaneda o se disponían a ingresar a la empresa, ubicada en Dean Funes 90. Permanecen desaparecidos desde entonces.
Listas negras y vigilancia interna: la articulación entre la gerencia y las fuerzas represivas
La acusación contra Parodi también apunta a evidenciar la responsabilidad empresarial en delitos cometidos durante el terrorismo de Estado contra trabajadores. Según la Fiscalía, los secuestros fueron el resultado de una "articulación entre las fuerzas represivas y sectores de la estructura empresarial de Molinos Río de La Plata" que estaban al tanto de la actividad gremial de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino, además de que podían identificarlos y controlaban sus movimientos dentro de la fábrica.
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Delitos de lesa humanidad en Molinos Río de La Plata
Parodi fue detenido e indagado en julio de 2023. Además, estuvo presente -vía Zoom- en la lectura de la acusación, los hechos, las pruebas y la calificación del delito. Hace tres años había negado su participación en los hechos y negó cualquier vínculo con las fuerzas armadas o de seguridad. También había tratado de limitar el alcance del cargo que ocupaba en la empresa en 1976. Pero la Fiscalía logró reunir testimonios, documentación interna, un organigrama empresarial y antecedentes aportados por el propio acusado, que lo ubicaron a cargo del área de Recursos Humanos.
Se desempeñó como jefe de Personal de la planta Avellaneda de Molinos de 1974 a 1979; luego ascendió a jefe de Relaciones Laborales y a gerente de Relaciones Industriales, hasta 1991. No fue el único con un cargo gerencial en la empresa en ser nombrado por los testigos. Pero muchos de ellos ya murieron o el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, a cargo de la instrucción, aún no posee los elementos suficientes para acusarlos.
Las historias de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino: cómo operó el grupo de tareas
Según la primera lectura de la audiencia que se realizó de manera virtual, "se encuentra probado el secuestro de un grupo de trabajadores de Molino Río de La Plata. En un operativo ilegal llevado adelante por las fuerzas de seguridad, ingresaron a la fábrica armados y portando listas que tenían nombres de trabajadores. Las personas secuestradas fueron obligadas a subir a un camión del ejército sin que -hasta el presente- se conozca el destino de los mismos".
Fernández había ingresado a la fábrica el 1 de noviembre de 1973 y se desempeñaba en la sección mecánica. Recibos de sueldo de la época y testigos constatan la relación laboral del trabajador con Molinos Río de La Plata, además de que la firma —que pertenecía al grupo Bunge & Born por entonces— no indicó las razones por las que se desvinculó al trabajador. Según su esposa Ana María Pérez, él cumplía con el turno mañana e ingresaba a las 6, pero a las 17 horas del 7 de julio de 1976 un vecino se acercó a la casa para decirle que Fernández había sido detenido y que ella podía ir al otro día a hablar con el jefe de personal de la planta. Lo único que logró saber es que su esposo había ingresado por la puerta 4 de Campo de Mayo y que de allí "no salía nada".
Ojeda era trabajador y delegado de Molino. Su turno era de madrugada y salí de la planta alrededor de las 5 de la mañana. De acuerdo a la denuncia que realizó su tía Gregoria Figueredo de Segovia ante la Conadep, los captores se presentaron ante Parodi como integrantes de Coordinación Federal y le solicitaron al trabajador que se identificara para luego "apuntarlo con un arma y obligarlo a subir a un vehículo". También consta que un compañero de apellido León presenció el operativo y vio cómo el mismo vehículo lo ingresaba a la fábrica para llevarse a otro trabajador.
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Su familia fue a buscarlo a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, donde le dijeron que se encontrara allí y les pidieron que llevaran ropa, pero al regresar le negaron su presencia y nunca más supieron de él. "Las circunstancias de que la víctima haya sido secuestrada en su lugar de trabajo entran en contradicción con la constancia presentada por la firma en sus declaraciones anuales. Al respecto, la empresa registró a Santos Ojeda como trabajador hasta 1975. Sin embargo, por testimonios reseñados, el 7 de julio de 1976 —día del secuestro— se encontraba en su lugar de trabajo", se leyó en la audiencia de este jueves.
Por último, Rivolta Bonino fue interceptado cuando se disponía a ingresar a la fábrica. Testigos los recuerdan como trabajador de la empresa. Hugo Lasalle, otro exempleado, recordó que los responsables del operativo llegaron con dos camiones que fueron estacionados en los accesos e ingresaron con listas que, según creía, habían sido suministradas por Parodi. Los represores habían retirado las tarjetas de los trabajadores incluidos en ellas y los capturaron cuando se acercaron a reclamarlas.