Estafas con Tarjetas Alimentar: las claves de la investigación

Luego que se conociera que el Banco Provincia intimó al intendente Martín Yeza a que reintegre más de $2 millones, el jefe comunal dijo estar “a disposición de la justicia”. 

30 de julio, 2021 | 12.25

Esta semana se dio a conocer que el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, envió una carta documento al municipio de Pinamar en donde intima al intendente macrista, Martín Yeza, a que “reintegre inmediatamente” al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación más de $2 millones por una causa de “defraudación contra la Administración Pública” de tarjetas Alimentar.

Por tal motivo y, a través de cuenta oficial de Twitter, el intendente expresó el jueves a la tarde que “desde un primer minuto nos pusimos a disposición de la justicia. El proceso continúa su curso” y que “el presidente del banco provincia nos intima a un pago mediando un proceso penal judicial”.

Sin embargo, desde la entidad bancaria salieron a aclarar que la situación no es como la describe el intendente municipal. En diálogo con Radio Provincia, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, afirmó que “el municipio de Pinamar firmó un convenio con el banco en donde se hace cargo que, en el caso del faltante de las tarjetas que están bajo su custodia, tiene que devolverlos. Eso lo firmó la administración municipal”. 

En ese sentido, el funcionario provincial dijo que “nosotros simplemente estamos administrando el proceso administrativo que se genera cuando hay un faltante de fondos. Esto el intendente también lo reconoce”. Además señaló que “el municipio firmó un convenio que indica que ellos se hacen cargo de la tutela de las tarjetas, es responsabilidad de la administración municipal y tiene que devolver los fondos”. 

Cuattromo recalcó que la municipalidad de Pinamar “fue la que más veces fue asistido mensualmente, en 12 oportunidades y además es el único distrito que pidió descubierto este año”.

La denuncia penal

El 20 de julio, el titular de la entidad bancaria envió una carta documento al intendente que decía: “Se intima al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio citado de la suma que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $2.050.990 sin perjuicio de la cifra que pudiera resultar de la investigación en curso, con los costos e intereses a determinarse, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”. 

El 4 de diciembre de 2020 el Banco Provincia realizó la denuncia penal - IPP 03-00-004129/20 caratulada 'averiguación de ilícito' -, la cual fue unificada con la denuncia efectuada por el Municipio bajo la IPP 03-03-3029-20. Ambas se radicaron en el Juzgado Federal, Secretaría Penal de Dolores, a cargo de Martín Bava, con la carátula: “FMP 2021/2021 NN s/Defraudación contra la Administración Pública”.

Al respecto, el funcionario dijo a Radio Provincia que “acá hay dos temas; uno es la investigación penal que está en la justicia y será la justicia la que deberá determinar la responsabilidad. Luego hay una responsabilidad institucional por la administración de los fondos y la tutela de las tarjetas en el proceso de entrega hasta que le llega a las titulares o titulares del derecho. En ese marco el convenio que firmó el Banco con el ministerio de Desarrollo y el banco con cada municipio establece responsabilidad en lo que hace a la tutela y a la protección de esas tarjetas”. 

El funcionario recordó que “en el marco de la pandemia, y de las asistencias de los gobiernos nacional y provincial, el Banco Provincia se hizo cargo de la emisión de las tarjetas alimentar, y para eso firmó convenios con los 135 distritos para que la entrega la puedan hacer las administraciones municipales. Dentro del convenio se establecía que en caso de faltante de tarjetas, era el municipio el responsable de reintegrar los fondos porque el Banco después tiene que reintegrárselo al ministerio de Desarrollo de la Comunidad”.

Vale recordar que la Tarjeta Alimentar es una política del ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los sectores más necesitados en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica y cada tarjeta tiene un monto de $6.000 para las familias con un hijo o hija, y de $9.000 para quienes tienen dos o más hijos o hijas.

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