El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves que las personas privadas de la libertad deberán ser alojadas según el sexo registrado al momento de haber cometido el delito. De esta manera, quedó prohibida la posibilidad de traslado en caso de cambios de género posteriores.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 61/2025 del Poder Ejecutivo, bajo la firma del presidente Javier Milei. Dicha resolución determina que la administración penitenciaria deberá asignar el lugar de detención según el sexo registrado al momento del delito, de acuerdo con la Ley de Identidad de Género N° 26.743.
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“El lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad será asignado por la administración penitenciaria dentro de su misma jurisdicción, en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”, determina el artículo 1 del decreto.
Luego detalla que “la autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posterioridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743, cuando hiciera valer la mencionada rectificación para la aprobación de su solicitud”.
En este sentido, la medida establece que “los establecimientos penitenciarios deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas que se encuentren tramitando o que ya hubieren finalizado un procedimiento de rectificación registral del sexo, en los términos de la Ley N° 26.743” y que “en ningún caso podrán adoptarse medidas que puedan representar un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral, o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
En ese marco, desde Nación se remarcó que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo, cuando la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer”.
Asimismo, las personas privadas de su libertad tampoco podrán ser ubicadas en otra área si “la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determina que su alojamiento en un establecimiento penitenciario signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
De esta manera, la normativa prohíbe alojar en establecimientos penitenciarios femeninos a personas que hayan cambiado su identidad de género cuando:
- Hayan cometido delitos violentos contra mujeres, incluidos los tipificados en los Títulos I, III o V del Código Penal.
- La evaluación técnica determine que su presencia representa un riesgo para la seguridad o integridad de los demás internos.
- El decreto también establece que si una persona detenida inicia su trámite de cambio de sexo registral después del hecho por el que fue detenida, no podrá solicitar ser trasladada a una cárcel acorde con su nueva identidad.
Las autoridades penitenciarias deberán adoptar medidas para proteger a personas trans dentro del sistema carcelario. Sin embargo, el decreto aclara que estas medidas no pueden poner en riesgo la seguridad del resto de la población carcelaria.
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Milei había anticipado la medida sobre las personas trans privadas de su libertad
Durante un acto de entrega de sables y despachos a las Fuerzas Armadas en la Casa Rosada, el año pasado, Javier Milei había dicho que "los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género” e iban a “impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir".
“Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo”, afirmó.
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