Mientras el gobierno de Claudio Vidal y la Policía de Santa Cruz respondieron al conflicto salarial con denuncias penales y medidas de fuerza contra más de 60 efectivos que continuaron con los reclamos, un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley que busca establecer una protección especial frente a posibles represalias administrativas derivadas de aquellas manifestaciones.
La propuesta apunta a establecer un régimen excepcional y transitorio durante 18 meses para el personal de la Policía de Santa Cruz, Servicio Penitenciario Provincial, Bomberos y otros organismos provinciales de seguridad pública que haya participado, adherido o acompañado los reclamos laborales y salariales desarrollados durante este año.
La iniciativa fue presentada por José Bodlovic, presidente del bloque Unión por la Patria; Eloy Echazu, Agostina Mora y Carlos Santi, del mismo espacio, y Daniel Peralta, del bloque Santa Cruz Somos Todos.
En su primer artículo se propone declarar la nulidad absoluta de aquellas decisiones administrativas que tengan como causa directa o indirecta la participación del trabajador en el conflicto.
Entre las medidas alcanzadas aparecen apercibimientos, suspensiones, cesantías, exoneraciones, disponibilidad, traslados, cambios compulsivos de destino, modificaciones de funciones u horarios, recargos de servicio, descuentos salariales, calificaciones desfavorables y perjuicios sobre ascensos o promociones.
De acuerdo a lo detallado por Ahora Calafate, esto no solamente impediría futuras sanciones motivadas por las protestas, sino que permitiría revisar decisiones que ya hubieran sido adoptadas. Si se detectara alguna medida alcanzada por la futura ley, el proyecto establece la restitución de la situación administrativa, funcional, económica y profesional anterior del trabajador.
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Esto incluye eliminar antecedentes desfavorables incorporados a los legajos, recomponer calificaciones y situaciones relacionadas con ascensos y reintegrar haberes que hubieran sido descontados como consecuencia de la participación en el conflicto.
Aunque la iniciativa pretende proteger al personal frente a consecuencias administrativas originadas por su participación en las protestas, sus propios fundamentos aclaran que la protección no interfiere con investigaciones penales ni alcanza a posibles delitos u otras conductas ajenas al reclamo salarial.
El antecedente del acuerdo que puso fin al conflicto
En los fundamentos, los diputados recuerdan el extenso conflicto salarial atravesado por las fuerzas de seguridad, que incluyó quites de colaboración, acampes, movilizaciones y protestas frente a dependencias públicas, además de las negociaciones desarrolladas en el Consejo del Salario.
Uno de los principales argumentos utilizados para impulsar la ley es el acuerdo alcanzado el 17 de julio, cuando se incorporó expresamente una garantía para evitar represalias contra quienes habían participado del reclamo.
Según recuerdan los autores, dicho entendimiento contemplaba que no se iniciaran ni continuaran actuaciones administrativas cuyo fundamento exclusivo fuera la participación en las medidas, incluyendo sanciones, traslados compulsivos, descuentos salariales o perjuicios en los ascensos, siempre que las conductas no configuraran delitos.